Un estudio defiende que la Junta gestione el Guadalquivir
Una “solución innovadora” al conflicto de competencias sobre el río Guadalquivir: la gestión unitaria de la cuenca por la Junta de Andalucía. Con un modelo “similar” al que se aplica en Autoridades Portuarias. Es lo que propone un estudio jurídico realizado por dos investigadores de la Universidad de Cádiz con la idea de solventar los “intentos fallidos” de asumir la administración de aguas que transcurren en un 98% por suelo andaluz.
Una de las principales conclusiones del informe Competencias autonómicas y gestión de la cuenca del Guadalquivir defiende, por tanto, que la comunidad autónoma designe al presidente y la mayoría de miembros de la Junta de Gobierno del organismo de referencia. El trabajo, realizado por dos expertos en Derecho Constitucional, el catedrático Miguel Revenga Sánchez y el profesor José Joaquín Fernández Alles, ha sido publicado en el número 72 de la colección Actualidad del Centro de Estudios Andaluces.
Esta medida supondría una “solución equilibrada y funcional” de la gestión de las aguas del Guadalquivir con “pleno respeto a la jurisprudencia constitucional”, señalan estos especialistas. Así, el informe señala que la legislación “no deja lugar a dudas sobre la importancia de la participación de la Junta de Andalucía en un asunto que le atañe y sobre el que posee relevantes títulos e intereses competenciales”.
Reforma de la Ley de Aguas
Los miembros de la universidad gaditana proponen de este modo una reforma de la Ley de Aguas que implicaría la designación del presidente del organismo de la cuenca por la Junta y la de tres vicepresidentes por parte de las otras regiones afectadas: Castilla La Mancha, Extremadura y Murcia. Esta fórmula se asemeja, según el documento, a la que se usa para las Autoridades Portuarias.
Ahí, refieren, se configura la participación autonómica en la estructura y organización de los puertos mediante una descentralización territorial y funcional. Una intervención que se concreta en atribuir a las comunidades la potestad de designar la presidencia y composición de estos consejos de administración.
Tanto Revenga Sánchez como Fernández Alles consideran que la figura de las autoridades portuarias de interés general bajo presidencia autonómica “sigue siendo una fórmula eficaz”. Y un “precedente legislativo contrastado por la experiencia”, subrayan, con encaje avalado “por la jurisprudencia constitucional”.
Tres fórmulas “fallidas” hasta el momento
Por esto, el citado informe defiende esta idea como alternativa “preferible” frente a las tres vías reivindicativas ensayadas hasta el momento: el traspaso de competencias, la proposición de ley orgánica de transferencia o delegación y el convenio de encomienda de gestión. Los expertos consideran estas fórmulas “fallidas” aunque “de indudable valor en lo que tienen de experiencia pionera de relaciones intergubernamentales en materia de gestión de aguas”.
Caso del real decreto (17 de octubre de 2008) que articulaba el traspaso de funciones y servicios del Estado a la administración regional y que perdió validez tras la anulación del artículo 51 del Estatuto de Autonomía. Su aplicación, no obstante, supone para los autores del informe “una rica experiencia de tres años de gran interés como antecedente de la gestión autonómica de la cuenca del Guadalquivir: calidad de servicio, financiación, recursos humanos, participación de usuarios y asociaciones, control del traspaso y 'provincialización' de la cuenca”.
El estudio refiere también la encomienda para gestionar el río de la Dirección General del Agua como un periodo transitorio que articuló la cooperación entre administraciones y respondía a necesidades de compromiso mutuo y urgencia de solución. Cuando ésta fórmula perdió vigencia (21 de octubre de 2011), las competencias regresaron a nivel estatal.
La última receta ensayada fue la proposición de ley orgánica que elevó el Parlamento andaluz al Congreso de los Diputados para delegar el aspecto competencial a la región. Sometida al informe del Consejo Consultivo, éste declaró que la iniciativa se ajustaba al ordenamiento constitucional y que ambas administraciones arbitrarían fórmulas de coordinación, suministro de información y asesoramiento técnico para cumplir las funciones delegadas. La propuesta fue rechazada en el Parlamento nacional (11 de junio de 2013).
En la actualidad, el presidente del organismo que gestiona la cuenca es nombrado por el Consejo de Ministros a propuesta del ministerio de Medio Ambiente. Un mínimo de cinco vocales de la Junta de Gobierno son designados en representación de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas incorporadas al ente están representadas por al menos un vocal cada una.
