Asociaciones y sindicatos se levantan contra la Junta por la exigua subvención para atender menores llegados en patera
Casi todos los firmantes del III convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores, publicado el pasado mes de noviembre, han recurrido la convocatoria para este año en Andalucía de las subvenciones destinadas a programas para la acogida de menores extranjeros no acompañados, que incluye 1.200 plazas para atención residencial como anunció la Junta.como anunció la Junta El motivo es que consideran “insuficiente e inviable” para la consecución de los fines perseguidos tanto la cuantía total máxima de la subvención (16,3 millones de euros) como la fijación del precio plaza/día.
Andalucía, que afronta nuevas llegadas de pateras durante el verano con un sistema de centros saturado, según han venido denunciando organismos y organizaciones protectoras de la infancia, hacía pública recientemente la ordenación de los nuevos dispositivos de atención a los denominados MENA. Pues bien, las asociaciones representantes de las empresas del sector y organizaciones sindicales como CCOO, en representación del colectivo laboral afectado, han interpuesto recursos de reposición contra la Orden de 1 de abril de 2019 que, en régimen de concurrencia no competitiva, abría las puertas a las entidades que quisieran hacerse cargo de la atención a estos menores.
La convocatoria incluye la prestación de programas de recepción, atención y acogida de manera ininterrumpida las 24 horas del día, todos los días de la semana a los menores (denominados RECEP, con importe plaza/día de 52 euros), programas de acogida y atención dirigidos al estudio y diagnóstico de la situación del menor en nuestra comunidad y a la evaluación del proyecto migratorio, y programas dirigidos a la inserción social y laboral de los menores atendidos (denominados E/D e ISL, con importe plaza/día de 60 euros), como el del centro se prevé abrir en Sevilla y que tiene el rechazo de algunos vecinos del barrio, apoyados por Vox.
Fuentes de la Consejería de Igualdad indican que la convocatoria sigue adelante pese a los recursos interpuestos y que existe un informe del gabinete jurídico que respalda la convocatoria hecha pública ya que “se cumple con la normativa”, señalando que las cantidades anunciadas están “dentro de lo estipulado según convenio”. “Consideramos que no cabe suspensión provisional del proceso”, añaden las fuentes.
“Imposible” cumplir la ley
El recurso de CCOO, registrado este pasado 2 de mayo y al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, rechaza la convocatoria porque “es imposible cumplir con la legislación laboral vigente aplicable a la hora de contratar personal” en los tres programas ofertados, al “no poder hacer frente” las empresas a los costes salariales sin incumplir el citado convenio estatal y sin vulnerar determinados derechos contemplados en el convenio mencionado al comienzo de esta información. Las cuantías referidas “no son suficientes para la prestación del servicio público ni para cubrir los costes laborales conforme a derecho”, resalta el sindicato, que entiende que “las cuantías presupuestadas como subvención deben ser idóneas para los fines que se persiguen”.
CCOO, para apoyar sus argumentos, aporta en su recurso tres tablas de desglose de costes de personal, que suponen un 90% del coste total del servicio que, unido al precio plaza/día subvencionado de 60 y 52 euros según los módulos económicos establecidos para cada tipología de actividad subvencionada, se dispondría “solamente” por las entidades beneficiarias de 6 euros y 5,20 euros por plaza/día para hacer frente al resto de costes para la prestación del servicio (alojamiento, manutención, vestuario, alquiler del inmueble, mobiliario, comida, luz, agua, transporte, seguros obligatorios, limpieza, etc.).
El sindicato ha hecho los cálculos según lo marcado por la Orden y el conocimiento del sector. “Es un cálculo de mínimos, más bien a la baja. Por ejemplo, en los centros de 100 plazas solo incluimos una persona para limpieza, una para lavandería (a todas luces insuficiente) o un psicólogo/a, algo totalmente fuera de toda lógica. Y así podría seguir”, apunta Diego Rodríguez Villegas, de la Federación de Enseñanza, que apunta que en otras comunidades autónomas los precios están muy por encima: “Canarias, 99 euros plaza/día; Cataluña, 112-119 plaza/día; Madrid, 90 euros plaza/día”. Según ha podido comprobar este periódico, un contrato de servicio para plazas de acogimiento residencial durante el anterior gobierno, el coste de plaza/día oscilaba entre 60 y 122 euros, bastante superior al actual de 52 euros o 60 euros.
Varios recurrentes
El representante sindical explica que habrá habido entidades individuales que han participado en la convocatoria al haber escogido la Junta la modalidad de subvención en concurrencia no competitiva aunque hasta que no estén adjudicados los recursos no trascenderá. A su juicio, esta cuestión se salta la Ley de Contratos del Sector Público y la Directiva Europea 2014/24, “que indica expresamente la obligación en los concursos públicos por parte de las administraciones públicas de la publicidad, transparencia y libre concurrencia”.
Entre la normativa que apunta Villegas también está la Orden de 9 de noviembre de 2005, que “se vulnera, al estar vigente, con el contenido y desarrollo de la convocatoria de las 1.200 plazas en acogimiento residencial, y el Decreto 355-2003 de Acogimiento Residencial de Menores, ”que también se vulnera“. La Federación Española de Asociaciones del tercer Sector (FEPJJ), la Asociación Estatal de Organizaciones de Acciones e Intervención Social (OEIS), la Asociación Patronal Andaluza de Entidades de Iniciativa Social y Acción Social (APAES), la Asociación Española de Entidades de Iniciativa Social y Servicios Sociales (AEEISSS) y la Asociación de Atención a Familia y Menores (AFYME) también han presentado un recurso de reposición a la Orden.
Los recurrentes han solicitado la suspensión de la ejecución de las cuantías aprobadas como subvención, por su “evidencia de antijuridicidad”, y “que sean revisadas al alza, a fin de no quebrar el equilibrio necesario a la hora de afrontar los costes y sin que, en ningún caso, sean mermados los derechos de la parte social afectada por el III convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores”.
CCOO sostiene que “se quiebra el equilibrio entre lo subvencionado, por un lado, y por otro su correlación con le gasto real que supone la prestación del servicio público en el que resulta sólo un margen de 6 euros y 5,20 euros por plaza/día, respectivamente”. “Sin variación de las cuantías previstas en la Orden al alza, los derechos laborales del colectivo representado quedan vulnerados por el gasto real de todas las partidas que han de ser sufragadas también de forma obligatoria por las empresas beneficiarias”, concluye el escrito.
