La Sierra Norte de Sevilla, que acumuló 55 de los 85 millones en ayudas a empresas que se concedieron en Andalucía entre 2001 y 2010 según la instrucción del caso de los ERE, ya tiene pieza propia. En un auto, la jueza Núñez Bolaños acota las ayudas concedidas al “entramado empresarial” vinculado a José Enrique Rosendo Ríos, fallecido en enero, y José María Sayago, conocido en la causa como el 'tándem Rosendo-Sayago' (ambos exconcejales socialistas del Ayuntamiento de El Pedroso), por ayudas públicas de 34 millones de euros.
Ambos, según expone la jueza, “constituirían un numeroso grupo de empresas, estrechamente interrelacionadas entre sí, en el que muchas de ellas carecían de actividad y trabajadores, siendo su objeto real la percepción de ayudas de la Junta de Andalucía y el trasvase de sus fondos a otras sociedades”. Así, mediante hasta 18 “sociedades interpuestas”, el grupo percibiría “en connivencia con responsables de la Junta de Andalucía fraccionadamente y de modo coordinado múltiples subvenciones, evitando en muchos casos con las cuantías de las ayudas sobrepasar los límites competenciales de la Consejería de Empleo y en su caso del Consejo Rector de IFA/IDEA”.
En esta pieza serán enjuiciados “todos aquellos que de forma activa y consciente participaron en la gestión, concesión de ayudas desde todos los ámbitos administrativos o privados, o se beneficiaron ilícitamente de las mismas”. La jueza advierte de posibles delitos de prevaricación y malversación en 15 imputados, entre ellos los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández. Además se trata de los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas, y a Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla.
La jueza dirige esta pieza separada contra el propio José María Sayago; el exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo (PSOE); la exsecretaria de Guerrero María Ángeles Gala; la exasesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa, o el ex director general de Finanzas del antiguo IFA Pablo Millán, entre otros.
Tanto Rosendo como Sayago, según el auto, “controlarían” estas las sociedades investigadas de tres formas: por su pertenencia a los órganos sociales, por pertenecerles bien directamente o a través de las sociedades vinculadas la mayor parte de las participaciones sociales, “siendo los verdaderos dueños de las mismas”, o por estar autorizados en sus cuentas, “especialmente en las que recibieron las ayudas”.
Las sociedades estaban divididas en tres grupos. El primero, constituido por la entidad municipal del Ayuntamiento de El Pedroso Sodelp (Sociedad de Desarrollo Local El Pedroso), de la que José Enrique Rosendo sería vicepresidente y Sayago consejero delegado, y por las entidades Construcciones y Urbanismo Sierra Norte y La Jarosa Desarrollo Turístico Sierra Norte.
En el segundo grupo, según especifica la instructora, la entidad matriz sería Arcadia Emprendedora (actualmente Negocio y Economía 24H), una entidad “sin trabajadores y sin aparente actividad, más que desde ella controlar al resto de sociedades”, a la que se sumarían otras sociedades como Tierra Virgen de Alimentación, Restaurantes Andaluces de Calidad, Capital Andaluz Siglo XXI e Ibérica de Exportaciones y Transacciones. Finalmente, el tercer grupo estaría constituido por la sociedad cooperativa SAT Virgen del Espino, cuyo presidente, Eduardo Lora Ruiz, “tendría vinculaciones a través de sus órganos sociales con ciertas sociedades antes mencionadas de Rosendo y Sayago, como Matadero, Al Ballut, Maestrazgo, Sael, Sociedad de Servicios y Envasado”.