CASO ERE
Hasta la tarde de este lunes 2 de enero, faltaban tres condenados en el caso de los ERES por entrar en la cárcel y lo han hecho finalmente en torno a las 18:00 horas en el centro penitenciario Sevilla I, como ha podido confirmar este periódico. De esta forma, se culmina el ingreso en prisión de los seis exaltos cargos de la Junta de Andalucía implicados en el delito de malversación con cargos públicos en el caso de los ERE, que tenían previsto hacerlo este día, antes de que expirara el plazo voluntario que les concedió la Audiencia de Sevilla.
La primera en cumplir condena fue la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, a quien le ha seguido ya en el arranque de 2023 el de Empleo, Antonio Fernández. Horas después, en la mañana de este 2 de enero, lo ha hecho el exconsejero socialista de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, en el penal de Huelva.
Finalmente, a mitad de la tarde han entrado en prisión los tres que quedaban por entrar: el exconsejero Francisco Vallejo, responsable de Innovación y condenado a siete años y un día, así como a 18 años de inhabilitación por prevaricación y malversación, además de dos exaltos cargos, Jesús María Rodríguez, que fue viceconsejero de Innovación y cumple ya una condena de seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación por los mismos delitos que el anterior, y por último, Miguel Ángel Serrano, ex director general de IDEA (la empresa pública que concedía el dinero público), condenado a seis años y seis meses de prisión y a17 de inhabilitación por la misma razón.
En cambio, de los ocho exaltos cargos andaluces condenados por los ERE, dos no pisarán por el momento la cárcel por motivos de salud. Es el caso del ex viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, y del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán.
Este último, en concreto, está a la espera de que le dispensen de cumplir su pena de privación de libertad por un cáncer que padece y por el que se está tratando. La defensa de Griñán alegó que al mismo le ha sido diagnosticada recientemente una enfermedad grave sobrevenida (un cáncer de próstata), por lo que solicitaba de nuevo la suspensión del plazo de ingreso en prisión.
Ante ello, y una vez vista la documentación médica aportada por la representación de Griñán, la Sección Primera de la Audiencia ordenaba que un forense del Instituto de Medicina Legal examinase la documentación e hiciese un reconocimiento a Griñán en caso de ser necesario, para que emitiese un informe “valorando si el ingreso en centro penitenciario pudiera tener incidencia en el desarrollo de la enfermedad o en el tratamiento prescrito”.
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