Vuelta al cole: segura, con derechos y apostando por el futuro

Las consecuencias de la pandemia tiene, junto al impacto laboral, económico y social, un vector educativo fundamental en nuestra sociedad, que preocupa profundamente a la comunidad educativa y que exige todo el esfuerzo y máximo sentido de la responsabilidad de los Gobiernos central y autonómico.

Estamos ante un inicio de curso absolutamente excepcional. La suspensión de las clases presenciales el pasado mes de marzo, cuando se decretó el confinamiento, puso a prueba al personal docente, al alumnado, a sus familias y al conjunto del sistema educativo. A pesar de todas las dificultades, el esfuerzo de toda la comunidad educativa dio un resultado positivo. Pero no puede obviarse que se han detectado importantes brechas de desigualdad y que la enseñanza a distancia ha hecho que se resienta la igualdad del acceso a la educación de niños y niñas, sobre todo en aquellos entornos socioeconómicos más vulnerables.

El acceso a dispositivos informáticos, la posibilidad de costear y garantizar una conexión a Internet o el suministro de electricidad en el hogar, y las escasas opciones de acogerse a la modalidad de teletrabajo de progenitores y cuidadores por tener empleos precarios o sufrir el drama del paro, ha ido por barrios: se ha mostrado en plenitud que la pandemia y sus consecuencias impactan más negativamente en las familias de las personas trabajadoras. Familias que, en demasiados casos, siguen padeciendo las consecuencias de la crisis, de las políticas de recortes y de las reformas laborales con las que se gestionó la etapa anterior.

Garantizar la presencialidad segura en la vuelta a las aulas es fundamental para erradicar los condicionantes que aún persisten en nuestra sociedad y para promover la equidad y la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, impidiendo el ensanchamiento de brechas de desigualdad.

Se exige de una potente inversión y sentido de la responsabilidad, en especial del Gobierno autonómico, que es quien tiene las competencias transferidas.

La vuelta presencial a las aulas debe hacerse garantizando la seguridad, para no tener que pagar un coste de oportunidad peligroso: o la salud de estudiantes y personal (y con ello sus familias), o la desigualdad y atraso estructural de una generación de niños y niñas. Eso solo puede alcanzarse reduciendo las ratios con la contratación del personal docente y de servicios educativos necesario; reformando y habilitando nuevos espacios para ubicar nuevos grupos y reforzando la limpieza y desinfección de los centros, sin olvidar la importancia vital que tienen servicios como el comedor, el transporte escolar, las actividades extraescolares o el programa de aula matinal para hacer real y viable la conciliación entre la vida laboral y familiar.

Todo ello exige de una potente inversión y sentido de la responsabilidad, en especial del Gobierno autonómico, que es quien tiene las competencias transferidas.

El Gobierno andaluz, guiado por un irresponsable criterio economicista incomprensible en un contexto preocupante de repunte de contagios, ha ignorado las demandas y propuestas de los representantes de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza y del conjunto de la comunidad educativa, así como las recomendaciones del Ministerio de Educación. Andalucía reinicia la actividad lectiva obviando los 384 millones de euros transferidos desde el Estado para hacer frente a los desafíos de la pandemia, sin el incremento de plantilla suficiente, sobrepasando las ratios legalmente establecidas y, en definitiva, poniendo en riesgo la salud pública. La gestión de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía puede llevar a que los centros educativos se conviertan en focos de rebrote y extensión del virus que obligue a su cierre y a un nuevo confinamiento, con todos los perjuicios que ello conllevaría, además de contribuir al temido colapso sanitario. Si esto ocurre, el Gobierno andaluz será el único responsable.

Por ello, CCOO convoca huelga para el próximo día 18 de septiembre, para exigir al Gobierno autonómico la vuelta a las clases presenciales con las máximas garantías posibles para hacer frente a la COVID-19, protegiendo la salud del conjunto de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza: personal docente, de administración y servicios educativos y servicios externalizados como monitores de aula matinal, comedores escolares y actividades extraescolares, para quienes la precariedad sigue siendo un injusto denominador común.

CCOO seguiremos en la reivindicación de la enseñanza como pilar fundamental de nuestra sociedad y la base para construir futuro, y así lo seguiremos defendiendo. En este sentido, no puede obviarse que los años de recortes derivados de la gestión política de la crisis económica de 2008 hicieron que la inversión educativa cayera. Aquellos recortes supusieron una reducción 9000 millones de euros de la inversión pública educativa. Estos recortes han mermado la equidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades. Ahora, en un contexto absolutamente inédito es preciso recuperar lo recortado en los últimos años e incrementar la inversión educativa con una parte de las transferencias procedentes de los fondos europeos, asegurando la correcta gestión de los mismos y dando cuenta en las mesas de negociación y a la sociedad en general de que esas partidas se destinan íntegramente a la educación. Reducir las ratios de alumnado por clase será beneficioso para enfrentar la pandemia pero también lo será para que el sistema educativo avance en calidad y compensando desigualdades, porque mejorar nuestro modelo educativo es mejorar nuestro futuro como país y clave para el progreso y desarrollo de nuestra Andalucía.