CASO ERE
Si el pasado miércoles 29 de diciembre entraba en prisión la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, este domingo 1 de enero lo hacía el exconsejero socialista de Empleo, Antonio Fernández, convirtiéndose así en el segundo condenado por el macrofraude de los ERE en ingresar en la cárcel, antes de que finalizara el plazo para ello, que concluía a las 23:59.
De este modo, el exconsejero andaluz arranca 2023 cumpliendo una pena de siete años, once meses y un día, impuesta por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla por un delito de malversación derivado del mecanismo o “procedimiento específico” de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas, con cargo a los fondos autonómicos.
Una condena ligeramente superior a la que cumple ya en el centro penitenciario de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) la que fuera consejera de Economía y Hacienda del Gobierno andaluz entre 2009 y 2013, condenada a seis años y dos días de prisión. Por su parte, el jerezano que fue viceconsejero de Empleo del gobierno andaluz entre abril de 2000 y abril de 2004, y consejero de Empleo entre abril de 2004 y marzo de 2010, ha escogido la prisión gaditana de Puerto 3, según ha avanzado Diario de Sevilla.
La situación de ambos exconsejeros era similar a la que pesa sobre los otros cinco ex altos cargos del Gobierno socialista, condenados a pensar similares después de que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla desestimara recientemente los recurso de súplica de muchos de ellos. Tales peticiones de suspensión de las condenas a cárcel esgrimían principalmente las solicitudes de indulto parcial elevadas por los condenados al Ministerio de Justicia y los incidentes de nulidad planteados ante el Tribunal Supremo.
En ese marco, si bien en el auto objeto de estos recursos de súplica contra la denegación de las peticiones de suspensión de las penas de cárcel de los condenados, la Sección Primera de la Audiencia admitía “la carencia de antecedentes penales de los condenados”, por otra parte señalaba “la gravedad y extensión de las penas”, concluyendo así que no era posible “la suspensión de la ejecución de la pena”.
“No concurre circunstancia alguna que aconseje la suspensión de la pena por petición de indulto”, resumían los magistrados. No obstante, en el caso del ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el tribunal desestimaba su recurso pero sí accedía a suspender su ingreso en prisión hasta que se tramitara la suspensión de la ejecución de la pena solicitada por su defensa, relativo al caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, al estar pendiente de informe por el médico forense. Así, finalmente, el tribunal requería a todos los condenados a cárcel, salvo Barberá, para que en un plazo de diez días que finalizaría este lunes 2 de enero “ingresen voluntariamente” en prisión.
En su caso, el ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán, continúa a la espera de la resolución del tribunal sevillano sobre un informe forense por padecer cáncer. La defensa de Griñán alegó que al mismo le ha sido diagnosticada recientemente una enfermedad grave sobrevenida, solicitando de nuevo la suspensión del plazo de ingreso en prisión respecto a este encartado, con arreglo a tal motivo.
Ante ello, y una vez vista la documentación médica aportada por la representación de Griñán, la Sección Primera de la Audiencia ordenaba que un forense del Instituto de Medicina Legal examinase la documentación e hiciese un reconocimiento a Griñán en caso de ser necesario, para que emitiese un informe “valorando si el ingreso en centro penitenciario pudiera tener incidencia en el desarrollo de la enfermedad o en el tratamiento prescrito”.
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