Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo de la Junta de Andalucía entre 1999 y 2008, encargado de firmar la mayor parte de las ayudas que se enjucian en el caso de los ERE y que pasó hasta en dos ocasiones por prisión provisional (marzo-octubre de 2012 y marzo-junio de 2013, ha sido el primero de los 22 exaltos cargos andaluces en sentarse frente al tribunal que le juzga. Y lo ha hecho señalando únicamente que no se ratifica en lo declarado en sede policial y judicial durante los primeros tiempos de la instrucción, a finales de 2011 y comienzos de 2012.
Guerrero, que se enfrenta a ocho años de prisión, ha advertido al inicio de su interrogatorio que se acogía a su derecho a no declarar a las acusaciones y que solo iba a responder a las preguntas de su abogado, Fernando de Pablo. Una tras otra, en una nueva soporífera sesión de lectura sin grandes novedades, ha dicho que no se ratificaba en lo manifestado ante la Guardia Civi o ante la jueza Mercedes Alaya, aludiendo ante el tribunal a que en aquellos tiempos declaró bajo una “presión tremenda tanto mediática como por parte de la Policía” y que, además, lo recogido en aquellos atestados y autos no se correspondía “exactamente con lo que yo dije textualmente”.
¿Y qué dijo en aquellas declaraciones, principalmente en la del 7 de marzo de 2012 ante la jueza Mercedes Alaya cuando arrancaba la campaña electoral para las elecciones andaluzas y que dio con sus huesos en la cárcel por primera vez? Pues que en alguna ocasión se sintió presionado, que informaba puntualmente de las ayudas que aprobaba al Consejo de Dirección de la Consejería de Empleo donde también se sentaban el consejero, el viceconsejero y los delegados provinciales, quienes no habrían puesto reparos a sus actuaciones, dando por hecho que sus superiores jeráquicos conocían el sistema de ayudas.
También señaló entones que suponía que el sistema de ayudas que se enjuicia obececía a “directrices” del gobierno autonómico y no a “una ocurrencia” del entonces consejero de Empleo, su superior jerárquico, o que “nunca” había actuado “de espaldas” a la Junta de Andalucía por lo que, según supuso, todos sabían de cómo se gestionaban y aprobaban las ayudas.
El “responsable político” del caso
La jueza Alaya le apuntó desde que arrancó el caso hace ya siete años y le imputó hasta seis delitos (continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, dos de falsedad en documento oficial y otro de falsedad en documento mercantil). Sobre Guerrero se situó la “responsabilidad política directa” del caso de los ERE según las conclusiones de la comisión de investigación del Parlamento andaluz de agosto de 2012, como planteó desde un principio el Grupo Socialista. PP e IU, socio entonces del PSOE en la Junta de Andalucía, no estuvieron de acuerdo con que la responsabilidad política se situara exclusivamente en este exdirector general.
En su última declaración ante el juzgado instructor, el 21 de octubre de 2015, por la que aún no se le ha preguntado, Guerero defendió que el sistema de los ERE era “legal” y que la Junta actuó “igual que el Estado”. “La Junta ha actuado exactamente igual que el Estado”, comentó entonces su abogado, insistiendo en que “la legalidad es la misma que ha funcionado a nivel estatal”, como también ha dicho ya en este juicio el letrado del exconsejero José Antonio Viera. “Ahora nos dejan hablar, antes sólo se nos permitía responder a preguntas muy concretas”, comentaba el letrado de Guerrero entonces en referencia a la anterior instructora, Mercedes Alaya.
Un abogado de la defensa, ante la lectura de las declaraciones de Guerrero solicitada por los fiscales anticorrupción para que constaran como prueba en el juicio, ha elevado su protesta, si bien el presidente del tribuna ha accedido. Todos y cada uno de los letrados han formulado su respetuosa protesta por la admisión de pruebas por parte de la Audiencia solicitadas por las acusaciones y por la desestimación de las propuestas por ellos.
En la continuación del interrogatorio, prevista para el martes, se verá qué responde Guerrero a su abogado y a qué obedece su cambio de estrategia. En marzo de 2012, ante Alaya, ratificó lo dicho en sede policial en enero y febrero del mismo año, pero ahora se ha retractado de todo aquello. El abogado del exconsejero Antonio Fernández ha conunicado al tribunal que su cliente, el siguiente en declarar, no podrá hacerlo por el momento por “disfonía incapacitante”.