“El PSOE va a quedar mal para nada”. Lo decía una fuente judicial el pasado viernes nada más trascender que Susana Díaz podría querer blindarse durante la campaña electoral del caso de los ERE, que tantos quebraderos de cabeza ha dado a los socialistas en un tiempo no tan lejano, aunque ahora haya decaído un poco mediáticamente. Aquella suposición, que cobraba una fuerza paralela a la posibilidad de que se convocasen elecciones anticipadas, se hizo realidad cuando los 47 votos socialistas en el pleno extraordinario del Parlamento aprobaban que Aguayo, Ávila y Vallejo se unieran a Recio para seguir siendo aforados y mantenerse alejados de las decisiones de la jueza Alaya, no así del TSJA.
Ahora, los cuatro son miembros de la diputación permanente, el órgano al que corresponde velar por los poderes de la Cámara cuando el Parlamento no esté reunido por vacaciones o por haber expirado el mandato parlamentario y hasta que se constituya el nuevo Parlamento. Es el caso. Durante aproximadamente tres meses serán aforados. Alaya no les puede llamar a declarar, como pasó con Magdalena Álvarez, también exconsejera pero sin aforamiento, con el consecuente paseíllo judicial, las previsibles fianzas o los posibles embargos, como también les ha ocurrido a varios exaltos cargos de la Junta que han tenido que pasar el trance de sentarse en el despacho de la jueza.
Pero, en realidad, Alaya no les puede llamar ni imputar ahora en ningún caso. El viernes envió al TSJA la exposición razonada con los motivos para inculparles. Lo hizo porque, hasta este lunes, eran diputados y aforados. Lo siguen siendo, pero merced a su citada inclusión en la diputación permanente parlamentaria. La jueza que tanto temen los socialistas no les puede tocar. De hecho, el asunto ya está, desde este mismo lunes, en la sede del TSJA y Alaya no puede hacer nada respecto a ellos hasta que el alto tribunal andaluz mueva ficha. Y no lo va a hacer porque esperará, prudentemente, a que se constituya el nuevo Parlamento. Tampoco le daría tiempo a resolver tan rápido. Lo que pase después de las elecciones es otra historia.
Es otra historia porque será entonces cuando los exconsejeros, con los comicios celebrados, sí que puedan temer por su integridad judicial. El TSJA, al abandonar los aforados su condición, y siempre y cuando no entren a formar parte de las listas del PSOE-A al Parlamento, devolverá al juzgado el caso en lo relativo a Aguayo, Avila, Recio y Vallejo. Pero los socialistas habrán dejado atrás los comicios, con un resultado aún por conocer, evidentemente, pero sin el riesgo de los golpes de efecto de la jueza que perturben su imagen y desagradables reflejos en prensa de la actividad judicial sobre los ERE. Con el cortafuegos que ha ido creando desde que tomó las riendas Susana Díaz, no es de prever que nadie que huela o pueda oler al caso de los ERE forme parte de las listas socialistas. Aunque la propia presidenta, cuestionada públicamente por este asunto, ha pedido “respeto” porque “no hay ninguna persona imputada” en el Parlamento.
Pero yendo más allá, fuentes del propio TSJA han asegurado que el movimiento estudiado por los socialistas para blindar a los cuatro exconsejeros no hubiera sido necesario. Los hechos que se investigan en el caso de los ERE se refieren a presuntos “delitos conexos”, cometidos simultáneamente por dos o más personas (la repetida “connivencia de unos y otros” que Alaya mantiene como tesis principal en el marco de un “complejo sistema” que todos conocían y que, de alguna manera, formaban parte) .
En este sentido, las mismas fuentes apuntan que Manuel Recio hubiera “arrastrado” a los otros exconsejeros (comparten exposición razonada) y el órgano que se encargaría de investigarles seguiría siendo el TSJA y no la jueza Alaya. Pero eso ya no será posible ya que, de cualquier forma, ya han obtenido condición de aforados en pleno extraordinario de este lunes con los 47 votos mencionados recibidos para cada uno y con los que han sido designados miembros de la diputación permanente.
En todo caso, sería después de las elecciones (de ahí las suspicacias de PP e IU) cuando los exconsejeros, cuya presencia como cabezas visibles de las consejerías (de Empleo, Hacienda o Innovación) les hace presuntos partícipes del fraude, según la tesis que mantiene Alaya, se las tendrán que ver presumiblemente en el juzgado, bien con la jueza bien con su sustituto. Lo más lógico es que a Alaya se le conceda una comisión de servicio para que pueda concluir la investigación. Los exconsejeros podrían estar, ya entonces, solos ante el peligro si la jueza da continuidad a su discurso de la investigación y sigue la línea de la instrucción que ha establecido sobre otros exaltos cargos. Les podría imputar, imponer fianzas de cientos de miles de euros, embargar bienes... Pero todo eso está aún por ver y ocurrirá, en cualquier caso, después de las elecciones.