El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha indicado que la causa penal por la que ha sido citado a declarar en calidad de investigado en relación a su gestión al frente del Ayuntamiento de Jaén “fue archivada por la Fiscalía Provincial en abril de 2014” y ha defendido que ese archivo se hizo porque “consideró que este alcalde actuó en todo momento con el principio de legalidad en la mano”.
“Mi patrimonio es mi honestidad, mi patrimonio es mi integridad personal y esta no la va a destruir nadie”, ha trasladado en declaraciones a los periodistas en Adra (Almería) donde ha confirmado que no ha recibido “notificación oficial” de la citación por parte de la autoridad judicial, pero que “por supuesto” está a “su plena disposición en cuanto la reciba” para dar “todas las explicaciones”.
Fernández de Moya ha asegurado, de acuerdo a la lectura que está “haciendo de los medios de comunicación desde que ha saltado la noticia esta mañana”, que el procedimiento penal parte de una querella “promovida por el PSOE” y que esta es “idéntica a la formulada en 2014 y archivada por el Ministerio Público que consideró que este alcalde actuó en todo momento con el principio de legalidad en la mano”.
“Sería bueno que se recordarán los antecedentes en esta causa y que ponían en valor un elemento extraordinariamente importante, que es que si se coge el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 113, con un informe del secretario municipal del Ayuntamiento, establecía claramente la pena validez de la actuación de este alcalde”, ha remarcado.
Al hilo de esto, se ha remitido reiteradamente a este archivo, ha confiando en que tendrá la “oportunidad” de defenderse en sede judicial y ha pedido que “no se queden solo de manera parcial con la información”.
“Todavía no sé de qué se está hablando, de qué se me acusa, de qué puede ser o no imputado presuntamente”, ha dicho ante algunas peticiones de dimisión. “Lo que sí es evidente --ha añadido para concluir-- es que imagino que como cualquier ciudadanos español tengo derecho a defenderme”.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén le ha citado a declarar como investigado el 5 de junio en la causa abierta por la querella interpuesta por el grupo municipal socialista a finales de 2017 y en la que se apuntaba a pagos “inflados” a la empresa Matisreg, a la que supuestamente se le había adjudicado a dedo el servicio de las fuentes ornamentales en la ciudad cuando era alcalde de Jaén en 2012.