José Enrique Fernández de Moya, el actual secretario de Estado de Hacienda que trabaja mano a mano con el ministro Cristóbal Montoro, ha sido citado a declarar como investigado (lo que antes era imputado), según informa la Cadena SER. Se investigan posibles delitos de prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos continuado y cohecho y tráfico de influencias durante su etapa como alcalde de Jaén.
No es la primera vez que Fernández de Moya sale en los papeles. En su etapa como alcalde incumplió reiteradamente las normas de estabilidad y la regla de gasto, y luego como secretario de Estado de Hacienda fue el encargado de la intervención del Ayuntamiento de Madrid. Cuando era alcalde además admitió que cobró sobresueldos del PP entre 1999 y 2007.
El Secretario de Hacienda ha sido citado a declarar el día 5 de junio junto a otras tres personas bajo decisión del Juzgado de Instrucción Número 2 de Jaén. La investigación se inicia a través de una denuncia acompañada de un informe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Según el juez, este informe “evidencia indicios de comisión de diversos delitos que podrían ser atribuidos a distintas personas, entre ellas al ex alcalde, José Enrique Fernández de Moya”.
Fuentes de Hacienda han asegurado a eldiario.es que Fernández de Moya se referirá públicamente a esta información, aunque no aclaran por el momento ni cuándo ni dónde. También han afirmado que de momento no ha recibido notificación.
Según el informe de diligencias previas al que ha accedido la SER, Fernández de Moya “ordenó personalmente en contra de los informes y reparos de ilegalidad del interventor del consistorio jiennense distintos pagos a la empresa MATINSREG encargada del mantenimiento de las fuentes ornamentales de la capital”.
Además, en el informe se recoge también que “se presentaron facturas falsas, incorporando conceptos y servicios facturados no ejecutados realmente, generando un sobrecoste de considerable gravedad para el ayuntamiento”. Aparentemente, según las diligencias previas, se facturaban de forma falsa gran cantidad de horas de trabajo no realizadas, de imposible ejecución con el personal de la empresa ilícitamente designada, incrementando y suponiendo un coste para el Ayuntamiento superior a los 3.600.000 euros “si se compara con una anualidad de la empresa IMESAPI, firma que antes de la llegada de MATINSREG se hacía cargo de este servicio.