Montero negocia la financiación de las comunidades desde el otro lado de la mesa: la ministra recibe reclamaciones del IVA que hizo como consejera

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha convocado este viernes el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne a los consejeros del ramo de todas las comunidades autónoma, para presentar la nueva senda de reducción del déficit comprometida con Bruselas hasta 2023 y, de paso, esbozar los primeros Presupuestos Generales del Gobierno de Pedro Sánchez.

Es difícil encontrar alrededor de la mesa de los responsables de las finanzas del Estado alguien que se haya sentado más veces a discutir en ese foro que Montero. Entre septiembre de 2013 y mayo de 2018, ella ocupó “una docena de veces” una silla para representar a Andalucía, la región más poblada y protestona, para reclamar insistentemente al ministro Cristóbal Montoro una reforma del modelo de financiación autonómica que nunca llegó. Ahora su prioridad es la contención del déficit y los Presupuestos Generales que den estabilidad al Ejecutivo, pero enfrente cada consejero viene a hablar de lo suyo. La Generalitat de Catalunya quiere descafeinar este foro multilateral, porque sus inquietudes financieras (e independentistas) ya las ha abordado un día antes y de forma bilateral con el presidente Sánchez. La Junta de Andalucía le lleva una factura de 4.000 millones de euros, firmada por la propia Montero, que reclamó esa misma cifra al Gobierno siendo consejera de Hacienda.

Además Andalucía, y otros tantos territorios gobernados por el PP y por el PSOE, zarandean a la ministra para que también les abone una deuda que dejó pendiente su antecesor: la devolución de los 2.500 millones de euros del IVA de 2017 que no recibieron en 2019, cuando correspondía. Se trata de un dinero que también reclamó Montero siendo consejera -537 millones para Andalucía- y que los presidentes autonómicos están dispuestos a pelear en los tribunales, si hace falta. Las comunidades que aprobaron sus cuentas en 2019 -y Andalucía fue una de ellas- presupuestaron esos fondos, creyendo que antes o después lo recibirían. El consejero de Hacienda de la Junta, Juan Bravo, defiende que con esos 537 millones más Andalucía habría cumplido el objetivo de déficit en 2019, de ahí la importancia capital que el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno le está dando a este asunto.

El revuelo autonómico con el desvío del IVA ha tenido cierto efecto. La ministra, médico de profesión, ha planteado en las últimas horas “medidas paliativas” para devolver una parte o la totalidad de esos 2.500 millones de euros. “Se hará por convicción, no por presiones”, dicen desde el Ministerio. Se trata de un dinero destinado a cumplir los objetivos de estabilidad, de modo que Montero presentará una propuesta que “dé margen y ayude a las comunidades a sobrellevar el tránsito” hasta alcanzar dichos objetivos“.

Equilibrios imposibles

Los equilibrios en el Consejo de Política Fiscal son imposibles, incluso antes de que se agudizase el conflicto independentista catalán, porque el problema de base sigue sin estar resuelto: la reforma pendiente del modelo de financiación autonómica, caducada desde 2014. Un dilema complejo con preguntas que tienen, al menos, 17 respuestas distintas, una por cada territorio: cuál es el coste de los servicios públicos, quién los gestiona y quién los paga, y cómo se reparten los ingresos tributarios entre las tres administraciones del Estado: el Gobierno central, las comunidades y las corporaciones locales.

El Ejecutivo de Sánchez se ha comprometido a reformar el sistema en esta convulsa legislatura. Será un camino tortuoso, pero no se parte de cero. En el Ministerio de Hacienda hay dos propuestas de inicio: una del inquilino anterior, Montoro, fruto del último trabajo de 17 expertos -cada uno designado por un gobierno autonómico- que este viernes será elevada por primera vez al Consejo de Política Fiscal para su posterior debate. El otro documento lleva la firma de Montero, de su etapa como consejera andaluza. Es una propuesta integral que rediseña la arquitectura financiera del país, y es un proyecto “vivo” que aún recoge las ideas básicas de la ministra, confirman desde su entorno.

Poco antes de irse a Madrid, la consejera María Jesús Montero se encerró en su despacho con un grupo de expertos y entre todos trazaron un dibujo imposible: una propuesta concreta para reformar el sistema de financiación autonómica. Andalucía fue la primera comunidad -y la única- que llevó al Ministerio un dictamen, de 29 páginas, para modificar el sistema de reparto de fondos del Estado entre regiones. Una propuesta pactada y aprobada por el Parlamento andaluz con una mayoría aplastante: 100 votos a favor (PSOE, PP, Podemos e IU) y los 9 de Ciudadanos en contra. Un consenso político inédito sobre un asunto complejo, en el que ni siquiera logran ponerse de acuerdo comunidades gobernadas por el mismo partido.

La propuesta que avaló el Parlamento andaluz empieza por aumentar la bolsa común de fondos para las regiones en 16.000 millones de euros extraordinarios, de los cuales, 4.000 millones corresponderían a Andalucía. Un montante que perderían las arcas del Gobierno central. Pero Montero no se limitó a redistribuir los fondos del Estado, diseñó toda una estructura de financiación nueva, actualizando los criterios de reparto. La ministra propuso una mayor participación de las comunidades en la recaudación del IVA y los impuestos especiales (tabaco, alcohol). Ahora el Gobierno y las regiones se reparten los ingresos al 50%, y la idea era ceder el 75% a los territorios. El reparto de los ingresos vía IRPF quedaría como está: al 50%. El objetivo que se buscaba era la “nivelación total” en el reparto de recursos entre comunidades, “estrechar la brecha entre las más ricas y las más pobres”.

Nuevos criterios de reparto

El dictamen de Montero también planteaba redefinir los criterios de reparto de fondos, es decir, cómo se calcula el presupuesto que recibirá cada región para costear la sanidad, la educación y las políticas sociales en igualdad de condiciones que el resto. De entrada, Montero proponía reajustar el criterio más básico y equitativo -el de la población- a la población de derecho, la real. Y añadía tres criterios nuevos a tener en cuenta en la distribución de fondos: la tasa de paro, el número de dependientes y el número de personas por debajo del umbral de la pobreza.

La consejera y hoy ministra de Hacienda aspiraba a cambiar el paradigma de la arquitectura financiera española. Proponía “una reorganización de recursos vinculada a las necesidades de gasto”, un cambio de modelo en el que las comunidades coparticipen en los tributos y dejar atrás la fórmula de la transferencia directa del Estado a las regiones, “porque ésta les hace sentir subsidiarias, dependientes, subvencionadas, y porque ”jerarquiza“ la posición del Gobierno de España. ”La transferencia vertical debilita el Estado de las Autonomías“, decía Montero. Por ejemplo, si no hay Presupuestos Generales porque el partido en el poder no cuenta con apoyos en el Congreso -como ocurre ahora- las comunidades sufren esa prórroga aunque ellas tengan aprobadas sus cuentas. El ejemplo que puso entonces, cuando el ministro Cristóbal Montoro anunció la congelación de las transferencias de financiación, sigue sorprendentemente vigente dos años después, con los mismos Presupuestos prorrogados de Montoro.

El dictamen que redactó la ex consejera andaluza de Hacienda, de 29 páginas, está en un cajón del despacho de Montero en el Ministerio de Hacienda. Pero quien pretende sacarlo este viernes durante la reunión del Consejo de Política Fiscal es su sucesor en la Consejería de Hacienda de la Junta, Juan Bravo, el primer responsable de las finanzas andaluzas que no es socialista en 37 años. Es el primer Consejo de Bravo y probablemente el vigésimo de Montero (los tres últimos los ha convocado ella misma). La ministra sabe bien lo que reclama Andalucía, porque lo escribió ella, lo impulsó ella, ella negoció con todas las fuerzas de la oposición. En marzo de 2018, un PP andaluz gravemente acechado por el sorpaso de Ciudadanos decidió firmar un documento junto a PSOE, Podemos e IU, un documento reivindicativo que iba dirigido a un Gobierno del PP.

“Yo no pregunté a la dirección nacional del partido, me la jugué, sabía que estábamos reclamando algo de justicia para Andalucía”, recuerda hoy el líder regional del PP, Juan Manuel Moreno. Diez meses después de aquella firma, Moreno fue investido presidente de la Junta de Andalucía contra todo pronóstico. Ahora, aquella apuesta desesperada por sumarse a la reforma del modelo de financiación impulsado por el entonces Gobierno de Susana Díaz se ha convertido en su mejor herramienta política contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y, particularmente, contra la ministra Montero.