La Fiscalía exige a la Junta de Andalucía que informe de las muertes en una residencia de mayores por COVID-19

El Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla archivó directamente el caso pero la Fiscalía quiere más información y ha pedido que se libre “un oficio a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía para que se remitan los expedientes administrativos e informe que se hayan realizado” en relación con las numerosas muertes de personas mayores que residían el centro 'Joaquín Rosillo' de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) a causa del coronavirus.

“Y si no se hubieran realizado, que se remita nuevo informe como solicita dicho grupo”, añade el fiscal en el escrito remitido al juzgado, al que ha tenido acceso este periódico. Cabe recordar que el juzgado archivó provisionalmente la denuncia presentada el pasado 8 de abril por el grupo parlamentario Adelante Andalucía, que observaba y observa “una importantísima negligencia” por parte de la dirección de la citada residencia de mayores y de tres altos cargos de la Consejería de Salud, entre ellos el consejero Jesús Aguirre.

Señaló el juez en el auto de archivo que “no se aprecia el nexo causal necesario para investigar un posible delito de imprudencia grave con resultados de muerte”, entendiendo “no estar debidamente justificada la perpetración de los delitos denunciados”. La Junta, después de la denuncia de una familia, reconoció el fallecimiento de 24 residentes, que el propio centro elevó posteriormente a 30 muertes.

En cualquier caso, exponía el juez que “no es acertado entender que al no haberse tomado las medidas contenidas en las normas dictadas por el Gobierno Central se produjeron los fallecimientos en la residencia”. “Es claro que por un conjunto de circunstancias y entre ellas por los desaciertos y las decisiones erróneas de quien debía y debe cuidar de nuestra salud, nos encontramos a fecha de hoy, no ante un hecho gravísimo que afecta a una residencia de ancianos sino ante la muerte, según cifras oficiales, de más de 22.000 compatriotas y el contagio de otros cientos de miles, produciendo a diario el principal causante-el virus- y hasta el día de esta resolución, centenares de muertes y miles de contagios más en nuestro país”, reflexionó el juez.

Según aquel auto, “no puede entenderse que la administración autonómica estuviera inactiva por los quebrantos causados por el virus a nivel del territorio andaluz y en especial al nivel local de San Juan de Aznalfarache”. Según añade, “en general es cierto que el legislador ha ido adoptando decisiones según se iban presentando los acontecimientos y tiempo habrá de valorar, una vez calmada la tempestad, los comportamientos y las decisiones de todos los responsables públicos que han ido interviniendo en la gestión y sus aciertos”.

“Devastador efecto” del virus

El juez añadía que “de un lado no parece que sea achacable en exclusiva a la administración autonómica o al director de la residencia la falta de material sanitario para hacer frente a la pandemia y, de otro, la información al público también se cumplió, como lo reconoce la denunciante al aludir a una comparecencia de fecha 6 de abril donde se habló a nivel publico del asunto de la residencia de San Juan”. Respecto a esa falta de información dijo el auto que “se entiende que no es tal, achacada a los denunciados, es evidente que no cabe integrarla en el supuesto penal pues ninguna conexión guarda ese silencio denunciado con el devastador efecto del virus en la residencia.

“En definitiva llegará el momento de exigir responsabilidades políticas y porque no, penales, si hay pruebas bastantes de la conexión entre tales decisiones y las fatales consecuencias que estamos viendo, pero para el caso presente que se ha denunciado se entiende, por las razones dadas, que no hay indicios fundados de responsabilidad penal”, concluye el juez, que termina diciendo que “aun cuando es obvio que uno de los denunciados, el llmo. Sr. Consejero de Salud y Familias es aforado, no es impedimento ello para archivar el presente procedimiento, pues nada hay que instruir”, sobreseyendo provisionalmente estas actuaciones “al no estar debidamente justificada la perpetración de los delitos denunciados”.

Adelante Andalucía interpuso el recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla, centrando sus argumentos contra el archivo, básicamente, en no se ha practicado diligencia de investigación alguna, una cuestión a la que ahora se adhiere el fiscal en el sentido explicado.

“Espero que el Ministerio Fiscal, ya que está investigando las muertes en las residencias de toda España, apoye dicho recurso y al menos solicite la práctica de una mínima investigación para determinar si ha habido o no negligencia tanto en la dirección del centro como en las autoridades sanitarias, en este caso la Junta de Andalucía”, apuntó a este medio Luis de los Santos, abogado de Adelante Andalucía, como así ha ocurrido ahora.