Durante la fase de cuestiones previas del juicio que celebra la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla por las ayudas autonómicas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), la fiscalía se ha opuesto a excluir del procedimiento a los cinco acusados ya juzgados y condenados por la Sección Primera a cuenta del denominado como procedimiento específico por el que eran financiadas estas subvenciones en toda Andalucía, así como a aplazar la vista oral hasta que medie sentencia firme sobre dicha sentencia de la Sección Primera.
De esta manera, la Fiscalía se ha pronunciado en contra de las peticiones que, durante esta fase de cuestiones previas, habían formulado las defensas del exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez y el ex director general del antiguo IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, que tras ser todos ellos juzgados y condenados por la Sección Primera por el denominado como “procedimiento específico” de los ERE, esgrimían que el “afán globalizador” del juicio inicial de la Sección Primera abarca respecto a los citados ex altos cargos las ayudas financiadas mediante el mecanismo sometido a juicio.
Frente a ello, la Fiscalía ha avisado de que las subvenciones concedidas gracias al denominado como “procedimiento específico” no han sido “objeto de instrucción o enjuiciamiento” por parte de la Sección Primera de la Audiencia. Para el Ministerio Público, el carácter continuado de los delitos de malversación y prevaricación por los que fueron juzgados Fernández, Barberá, Guerrero, Márquez y Serrano “no se fundamenta en la pluralidad de ayudas” concedidas conforme al mecanismo juzgado, sino “en la prolongación” del mismo durante varios ejercicios presupuestarios.
“Las ayudas individuales no son objeto de esa causa”, ha dicho con relación al juicio celebrado por la Sección Primera, agregando que no media una “identidad plena de los hechos” entre dicho caso y la pieza separada correspondiente a las ayudas concedidas a Acyco, pues en este segundo caso, según precisa la Fiscalía como ejemplo, sobre Antonio Fernández pesa además la acusación de un presunto delito de falsedad en documento oficial.
La Fiscalía se ha opuesto además a excluir del caso al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera, quien tras ser excluido del juicio celebrado por la Sección Primera respecto al “procedimiento específico” afronta penas que suman “más de 250 años”, según su defensa, al estar investigado en más de 50 piezas separadas correspondientes a ayudas concedidas gracias a dicho mecanismo. En el caso de Guerrero, por contra y como avisaba su defensa, ha sido excluido ya de más de 103 piezas separadas dado su papel en el juicio de la Sección Primera.
De la misma manera, la Fiscalía se ha opuesto a la petición de varios de los acusados ajenos al juicio celebrado por la Sección Primera, respecto a aplazar este juicio hasta que medie una sentencia firme respecto al citado juicio, saldado con sentencia condenatoria en el caso de 19 de los 21 ex altos cargos socialista de la Junta de Andalucía sometidos a juicio, entre ellos Fernández, Barberá, Guerrero, Márquez y Serrano.
Mientras el abogado defensor de José Miguel Caballero invocaba al comienzo de la vista el “principio de seguridad jurídica”, preguntando retóricamente “qué capacidad” de influencia tiene una resolución judicial aún no firme, la Fiscalía ha avisado de que tras ser emitida la sentencia del denominado como “procedimiento específico”, ya recurrida ante el Tribunal Supremo, la autoridad judicial no ha indicado “en ningún momento que deba aplazarse ningún procedimiento” hasta que sean resueltas las impugnaciones.
En todo caso, la Fiscalía expone que si finalmente fuesen excluidos de este juicio las personas ya juzgadas por la Sección Primera, “nada obsta para que siga la vista contra los restantes encausados”, entre ellos Rivera.
La Fiscalía se ha opuesto igualmente a la petición de la defensa del varón prejubilado con cargo al ERE de Acyco pese a no formar parte de su plantilla, de archivar la causa respecto a él por su “demencia sobrevenida”. Tras revisar los informes médicos sobre el estado de salud de este hombre, según la Fiscalía, queda de relieve que no se dan los “requisitos” para sobreseer las actuaciones respecto a este hombre.