La Fiscalía respalda la decisión del Gobierno andaluz de hacer pruebas Covid a los trabajadores de los centros residenciales

La Fiscalía ha avalado la orden de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, que siguiendo las recomendaciones del Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública del pasado 18 de agosto, quería establecer de forma obligatoria la realización de pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) en los centros residenciales para todos los trabajadores que se nieguen a someterse a los test o no estén vacunados. La decisión viene después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechazase para respaldar esta medida.

La Junta decidió entonces acudir al Tribunal Supremo (TS) para poner incrementar la vigilancia y el control en las residencias de mayores y en centros sanitarios y sociosanitarios. Con este dictamen favorable de la Fiscalía, se suspende cautelarmente la resolución del TSJA y el Gobierno andaluz podrá efectuar estas PDIA a todos los trabajadores de estos espacios.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha defendido que la Junta recurriera al Supremo ya que el alto tribunal andaluz estaba “cortando las alas” para hacer frente a los brotes registrados en las últimas semana en los centros residenciales. Para Aguirre estas medidas son “armas” para combatir al coronavirus en las residencias así como para hacer frente a la negativa a vacunarse de algunos trabajadores.

El dictamen de la Fiscalía señala que existe una normativa habilitante que autoriza a la administración sanitaria a dictar normas que contengan medidas en la lucha contra la pandemia y considera que ésta “soporta el juicio de proporcionalidad exigible”. “Son medidas necesarias para la obtención del fin perseguido y moderadas a la situación actual hasta el punto de que, frente a la vacunación obligatoria, la vacunación obligatoria indirecta o la pruebas PDIA, la orden opta por la menos invasiva con la pruebas PDIA para el personal que trabaja con un sector especialmente vulnerable”.

Del mismo modo, subraya que “esta medida concilia la libertad de los empleados, plasmada en la decisión personal de vacunarse o no vacunarse, con la vigilancia escrupulosa de las consecuencias que depare a terceros su libre decisión que libremente adoptan no ha de perjudicar a terceros y menos a un colectivo especialmente vulnerable, dada la evidencia científica de la facilidad de transmisión”.

Además, con este informe, la Fiscalía de Andalucía no acepta la demanda de la asociación Liberum contra esta orden de la Consejería de Salud y Familias por considerar que limita derechos fundamentales.

Plan de vigilancia y control

Así, la consejería de Salud, para “preservar la seguridad de los trabajadores y residentes y como medida de prevención”, plantea de forma obligatoria estas pruebas Covid cada dos semanas para los trabajadores vacunados y dos veces por semana para los que no tengan ninguna dosis en las residencias de mayores.

Siguiendo las recomendaciones del conocido como 'Comité de Expertos', en los centros sanitarios estas PDIA serán semanales para el personal no vacunado y que mantenga contacto con pacientes. En esa reunión del pasado 18 de agosto también se acordó realizar un seguimiento por PDIA a toda persona considerada “contacto estrecho” de un caso positivo, sea trabajador o residente e independientemente de si está vacunado o no.