Los trabajadores del CIO Mijas vivieron la semana pasada entre el susto y la impotencia. En los últimos días ha habido varios episodios de robos y destrozos en las instalaciones de este centro público, abandonado desde hace tres años. Los ladrones se han llevado ordenadores y han reventado muebles, paredes y ventanas. Como hay sospechas de que pudieran estar escondidos en el propio CIO, los cinco empleados, que seguían acudiendo a trabajar pese a que se les adeudan 33 nóminas, recibieron permiso para quedarse en casa.
El CIO Mijas, un centro de formación de excelencia hasta hace poco, tiene 25.000 metros cuadrados, casi 15.000 de ellos construidos, entre el centro formativo, la residencia y el hotel. Allí sigue habiendo ordenadores para los estudiantes, televisores en el hotel, utensilios de cocina para el restaurante y todo lo necesario para un hotel de lujo. El consorcio del que dependía, integrado por la Junta de Andalucía (80%) y el ayuntamiento de Mijas, está en liquidación desde hace casi dos años y los trabajadores han cobrado tres nóminas en los últimos tres años.
Los cinco empleados, que hasta esta semana seguían acudiendo al CIO pese a no tener nada que hacer, se encontraron los destrozos el pasado lunes. El martes observaron que algunas cosas volvían a estar desordenadas. “ Dos compañeros hicieron una ronda por la residencia y vieron puertas abiertas y habitaciones destrozadas, con agujeros por los que puedes pasar de una a otra”, relata Juani García, una de las trabajadoras.
El miércoles, cuando aparecieron nuevos desperfectos, recibieron un correo en el que los liquidadores les eximían de volver, salvo para algún trabajo puntual. Han desaparecido llaves etiquetadas, lo que explicaría que se forzaran las puertas sólo el primer día. “Creemos que están dentro, pero no lo podemos saber”, dice García. Además provocar destrozos, los cacos han entrado hasta las oficinas y se han llevado material informático.
Un portavoz de la Consejería de Empleo explica que la Consejería contratará de urgencia un servicio de vigilancia y mantenimiento en cuanto la Intervención autorice el gasto. Esto debería ocurrir entre el viernes y el sábado, según el portavoz.
Eldiario.es/Andalucía visitó el lugar a finales de marzo. Presentaba un extraño abandono: ratas, el exterior cubierto de matorrales, verde el agua de la piscina donde ahora se bañan unos patos. Sin embargo, las instalaciones interiores, con todo tipo de utensilios y materiales cercanos al lujo, estaba en perfecto estado de revista, como si el cataclismo se hubiese quedado a la puerta. Como no tenían más que hacer, los cinco trabajadores dedicaron su jornada de los últimos meses a inventariar todas las existencias y hacer lo posible por que el lugar no se degradase.
Que no haya habido robos hasta ahora ha sido un golpe de suerte. Aunque una placa alertaba de que había seguridad, era vox populi que el lugar no lo vigilaba nadie, especialmente desde que en diciembre los trabajadores encontraron un okupa y el hecho saltó a la prensa. Alrededor de las cámaras de videovigilancia que no graban se acumulan las piedras con las que los vándalos intentaban romperlas.
La Junta de Andalucía propone una solución para las nóminas impagadas
Mientras el centro se degrada, los empleados acumulan 33 nóminas sin cobrar. En la querella que interpusieron hace un mes contra altos cargos de la Junta por un posible delito contra los derechos de los trabajadores, constan los mensajes que le dirigieron al Director General de Formación para el Empleo hace más de un año. “¿Nos podéis decir cómo podemos vivir sin cobrar?”, le preguntaron en septiembre. Varias sentencias reconocen ya su derecho a percibir las nóminas, pero el consorcio está en liquidación y sin fondos.
La administración autonómica explica que valora una solución: que el juzgado permita que sean la propia Junta y el ayuntamiento quienes paguen las cantidades por las que se condena al consorcio, y que esto incluya también las pendientes de sentencia, “porque entendemos que nos van a condenar igual”. “El problema es que la Junta no tiene instrumento administrativo para pagar a los trabajadores hasta que estén integrados en el SAE”, explica un portavoz. A través del juzgado sí sería posible.
La Junta de Andalucía alude las dificultades específicas que presenta la disolución de este consorcio, gestionado por una UTE externa, registrado en su día por la Guardia Civil, e investigado por un presunto fraude en la justificación de las subvenciones. El pasado 19 de mayo, casi tres años después de que empezaran los problemas, el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, anunció en el Parlamento la creación de un “gabinete de crisis” para “acelerar” la solución y reiteró el proceso a seguir: los liquidadores han elaborado un balance de disolución, pero falta un “balance de liquidación” que luego deberá auditarse, antes de repartir los activos y pasivos con el ayuntamiento e integrar en el SAE a los trabajadores. Según EFE, confió en una resolución en las próximas semanas.
Mientras los trabajadores esperan al Godot que solucione la maraña burocrática, los vándalos y los ladrones han tomado el lugar.