El futuro incierto de la botica rural

Francisco Javier Guerrero es farmacéutico en el pueblo más pequeño de la provincia de Sevilla. Atiende con dedicación a la población que tiene asignada, acerca los medicamentos al domicilio para pacientes crónicos que no pueden desplazarse hasta la botica, aconseja, escucha, informa y es prácticamente el único profesional sanitario cualificado que vela todos los días del año por la salud de la gente.

Se toma muy en serio su labor hasta el punto de haberse convertido en un referente en su ámbito y preside, desde su fundación hace tres años, la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar). Es la esencia de un modelo de planificación sanitaria que debe garantizar el acceso a la prestación farmacéutica a toda la población resida donde resida. Pero ese modelo está en cierta medida amenazado. Su eslabón más vulnerable son las farmacias poco viables económicamente pero con una función social clara.

En Andalucía los farmacéuticos rurales constituyen algo más del 20% de los 3.328 farmacéuticos con oficina de Farmacia. Hay unas 173 farmacias en municipios de menos de 1.000 habitantes. De ellas, 82 sobreviven en municipios de menos de 500 habitantes. Según explica Guerrero, desde el año 2010 se ha dado una bajada brutal de los ingresos en general en todas las oficinas de farmacia. “La mayoría puede resistir en estas circunstancias, pero en este tipo de farmacias en las que se atiende a poquísima población la bajada se ha evidenciado mucho”.

Además, subraya que los ingresos de una farmacia rural proceden en casi un 95% de la venta de medicamentos con receta. No hay negocio en los productos de venta libre que sí suponen un alto volumen de beneficios para otras farmacias de muchos núcleos urbanos. “Tenemos un futuro muy negro. La situación económica es apremiante y necesitamos algún tipo de empuje o de apuesta más allá de las declaraciones; necesitamos medidas que ayuden a salvaguardar la viabilidad de este tipo de farmacias”, resume Francisco Javier.

La mayor parte de las reformas sanitarias de ahorro farmacéutico han recortado margen de beneficio global al sector de la oficina de farmacia; pero sin sistemas de compensación que equilibren el impacto, las más desfavorecidas se ven abocadas a la mera subsistencia.

Los beneficios de una farmacia rural varían de un establecimiento a otro. Las pocas aproximaciones que hay proceden de un estudio elaborado por la Sefar. Este documento, atendiendo a la retribución por receta, establece que una farmacia necesita dispensar un mínimo de 530 recetas para cubrir los gastos fijos derivados de su explotación, y un mínimo de 987 recetas para cubrir los “gastos óptimos de explotación”. Las recetas facturadas al Sistema Nacional de Salud por estas farmacias ascienden a una media de 752 recetas de media al mes. Aunque una sexta parte de ellas no alcanzan ni el umbral mínimo de 530 recetas necesarias para cubrir gastos.

Sistemas de compensación, en el aire

Institucionalmente, la administración andaluza ha defendido su apuesta por la sostenibilidad del modelo farmacéutico existente y lanzó hace dos años su compromiso de destinar un fondo para ayudar a las farmacias de pequeñas poblaciones rurales. Ese fondo se compondría con un 10% del ahorro obtenido gracias a las subastas de medicamentos.

Por otro lado, existe un sistema de compensaciones recogido en el RDL9/2011 promulgado desde el Gobierno central. La ley establecía un incremento de margen de beneficio en proporción a la facturación de la farmacia; de modo que la farmacia que menos facture tenga más márgen de ganancia por receta a través de un “índice corrector”. Este decreto debe ser desarrollado por las comunidades autónomas.

Andalucía aun no lo ha hecho. Ambas medidas son complementarias. Guerrero confía en que la Consejería de Salud cumplirá y espera que no tarde mucho en concretarse y desea que sea pronto porque “la situación es urgente”, subraya con ahínco. El objetivo final sería equiparar los ingresos de un farmacéutico rural a los de un farmacéutico de un centro de Atención Primaria.

10 años sin nuevas farmacias y 252 recursos

El pasado viernes la consejera de Salud, María Jesús Montero, anunció la finalización del primer concurso público de oficinas de farmacia. Un proceso que llevaba paralizado desde 2003, y que según la consejera permite una distribución más equilibrada de las farmacias, ajustadas a criterios poblacionales y de dispersión geográfica. La primera fase del concurso reservaba 61 farmacias a titulares de oficinas de farmacia con más de 10 años en municipios o núcleos de menos de 1.000 habitantes “para valorar y reconocer la labor de estos profesionales”.

El concurso autoriza así la adjudicación de 377 oficinas de farmacia, de las que 316 son de nueva creación y 61 son farmacias en municipios pequeños que han quedado libres tras haber sido sus titulares adjudicatarios de una nueva. O sea, los 61 que trabajaban en localidades pequeñas y que lograron una adjudicación en esa primera fase del concurso. Desde el año 2003, y salvo tres excepciones fruto de procesos judiciales, no se ha abierto una nueva oficina de farmacia en Andalucía.

Este proceso ha sido lento debido a las alegaciones recibidas. Contra la Orden de la Convocatoria hubo 80 recursos contenciosos administrativos. Contra las resoluciones de exclusión se recibieron 27 recursos de alzada y 7 contenciosos administrativos. Contra las resoluciones de puntuaciones definitivas 127 de alzada y 11 contenciosos administrativos. En total, 252. Durante la presentación, la titular de Salud apuntó directamente a la Confederación de Empresarios de Oficinas de Farmacia de Andalucía (CEOFA) como organización que ha recurrido “de manera sistemática” el desarrollo de la norma y Montero apuntó a la existencia de “otros grupos de presión”. “Hay sectores que van a recurrir todo lo que hagamos porque su objetivo es que no se abran oficinas de farmacia y es previsible que lo sigan haciendo”, afirma Montero.

CEOFA, a peticion de eldiario.es/andalucia, no ha querido realizar valoraciones en este sentido y se ha limitado a subrayar por escrito algunos puntos en los que indica que su organización “nunca ha solicitado la paralización del Concurso. Lo único que desde CEOFA se ha exigido ha sido el riguroso cumplimiento de la legislación vigente, como es normal dentro de un Estado de derecho”. Asimismo, subrayan que su organización “ya advirtió, desde hace años, que determinados artículos de la Orden podrían ser considerados ilegales, por lo que solicitaba su modificación o supresión”. Según indican CEOFA “nunca ha realizado ni recomendaciones colectivas ni ha adoptado ninguna medida ilegal para paralizar el concurso público de oficina de farmacia en Andalucía. La única paralización, provisional, la realizó la Consejería de Salud, para dar cumplimiento a una sentencia del TSJA”.

La corriente liberalizadora

Por otro lado, tanto este tipo de adjudicaciones como la propia filosofía del actual modelo farmacéutico está cuestionada por el proyecto de liberalización de servicios profesionales planteado por el Ministerio de Economía que pretende desvincular la titularidad y la propiedad de la oficina de farmacia en el proyecto de Ley de Sociedades Profesionales.

Hasta ahora, al ser un modelo regulado y vinculado al sistema sanitario público, es la administración quien decide y administra la apertura de las oficinas de farmacia. Liberalizar el sector implicaría que cualquiera, sea un particular, unos grandes almacenes o una multinacional; pueda abrir una farmacia. Esto supondría una amenaza para el sistema actual, llamado “modelo mediterráneo”. lo que ha provocado cierto revuelo en el sector. Aunque Javier también desconfía del modelo liberalizador, le parece incongruente que “el sector sanitario que ahora se preocupa no se mueva para favorecer alguna medida que garantice la viabilidad de las farmacias de núcleos más pequeños o remotos”.

Existe la posibilidad de que el concurso público choque con el proyecto del Gobierno. En la presentación del concurso, María Jesús Montero mostró su “incertidumbre” al respecto y subrayó que el Gobierno andaluz estaría preparado para, una vez más, litigiar en esta cuestión. En su opinión la liberalización del sector “es un planteamiendo peligroso, ya que podría generar desabastecimientos de medicamentos en aquellos municipios que, al ser muy pequeños, no serían rentables para las grandes cadenas a la hora de establecer allí oficinas de farmacias”.