Durante años, una de las acusaciones recurrentes de la oposición a los socialistas era que, en paralelo a la administración autonómica, habían creado una superestructura de empresas públicas y agencias “ineficiente que incentivaba el clientelismo”. La oposición denunciaba insistentemente los “chiringuitos” y visualizaba un aparato mastodóntico. Sabedores de que el mensaje llevaba años calando, durante la campaña de 2018, tanto Juan Manuel Moreno como Juan Marín convirtieron el asunto en una de sus banderas electorales, y en los primeros meses de Gobierno destacados miembros del gabinete de PP y Ciudadanos insistieron en que acabarían con ese aparato o, al menos, lo adelgazarían hasta dejarlo irreconocible.
La realidad tras dos años de Gobierno bipartito es más modesta. Se han suprimido 48 entes, pero la mayor parte de ellos son de escasa entidad y ya enfilaban su disolución antes de la llegada del autodenominado “gobierno del cambio”. Además, la auditoría de todos los entes no llegará hasta 2021, como pronto. Por último, el encargo para determinar qué ajustes hacen falta en la administración y ejecutarlos no concluirá hasta 2023, después de que el actual Gobierno encare la reválida de las urnas.
Entidades que ya estaban en liquidación
Acabar con la llamada por ellos mismos “administración paralela” es una de los objetivos principales de la Consejería de Regeneración, dirigida por el vicepresidente Juan Marín, si bien son otras consejerías, como Hacienda, Administración Pública o Empleo, las que llevan el peso ejecutivo de la tarea, licitando los contratos o ejecutando las liquidaciones. A pesar de las promesas electorales, la mayoría de los “chiringuitos”, como los denominó durante años el PP andaluz, o las “agencias de colocación”, en palabras de Marín, siguen existiendo a mitad de legislatura. El pasado 26 de noviembre, el vicepresidente explicó en una comisión parlamentaria que hasta el 1 de octubre de 2020 se habían dado de baja en el inventario de entes del sector público un total de 48 entidades, muy lejos del 40% del total que, en noviembre de 2019, el propio Marín se marcó como objetivo para 2020.
Cuando se baja al detalle, el resultado parece aún más corto: 33 de las 48 sociedades extintas eran Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT), unos consorcios entre ayuntamientos y el Servicio Andaluz de Empleo (como socio minoritario) que estaban en liquidación desde 2010 y sin presupuesto desde 2012. Su extinción, iniciada por el Gobierno socialista, se había retrasado por problemas judiciales, ya que más de 700 trabajadores impugnaron sus despidos, con resultado favorable para casi todos ellos. Parte de ellos fueron recolocados en el Servicio Andaluz de Empleo.
Además de las 33 UTEDLT, se han suprimido tres agencias administrativas (Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores y Agencia de Defensa de la Competencia); una agencia pública empresarial (Andaluza de Finanzas (INAFIN)); el Consorcio Guadalquivir; dos sociedades mercantiles (Sierra Cork, S.L. y Promonevada, S.A) y la Fundación Pública Andaluza Centro de Mediación y Arbitraje (MEDIARA), según la respuesta escrita remitida a este medio por el gabinete del vicepresidente.
La Junta también se ha desvinculado de tres entes en los que tenía una participación minoritaria: tres fundaciones (Fundación para la Investigación y el Desarrollo de las Tecnologías de la Información en Andalucía, Fundación Centro de Investigación y Calidad Agroalimentaria del Valle de los Pedroches y Fundación Centro Innovación y Tecnología del Olivar y del Aceite), una entidad sin ánimo de lucro (Asociación Granada Universiada de Invierno 2015) y tres sociedades mercantiles (Santana Motor, S.A.U. en liquidación, Sociedad Eólica de Andalucía, S.A. y Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía SGR).
Cambios de nombre y escaso efecto presupuestario
En algunos de estos casos la supresión ha sido un cambio de nombre. La Agencia de Defensa de la Competencia ha modificado su naturaleza jurídica y su denominación, pasando a ser la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía. Por otra parte, la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa asumió las funciones que en materia de evaluación educativa estuvieran atribuidas a la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa.
En otros casos, la eliminación tiene poco efecto presupuestario, aunque a efectos contables permite revertir terrenos u otros bienes inmovilizados. El Consorcio Guadalquivir, creado en 2009 para potenciar el turismo en los municipios ribereños del río, fue el primer ente eliminado por la actual administración, en febrero de 2019. Aunque se inauguró con una fiesta de 200.000 euros en 2011, según desveló El Confidencial, luego paró en seco. No tuvo actividad alguna y tampoco gastos. El Gobierno andaluz lo finiquitó en febrero de 2019, apenas un mes después de tomar posesión.
También acordó entonces la disolución de la Fundación MEDIARA. Cuando lo anunció, Juan Marín aseguró que se evitarían duplicidades y se recuperarían 1,7 millones de euros. La fundación tenía un solo empleado, que se reintegró en la Consejería de Justicia, y una directora, que cesó en el cargo. Su coste era de 200.000 euros anuales.
Por último, un informe de 2017 de la Cámara de Cuentas señala que ya estaban en “liquidación avanzada” las dos sociedades mercantiles cuya liquidación ha completado el actual Gobierno: Sierra Cork, S.L. y Promonevada, S.A. Esta última fue constituida en 1991 para el desarrollo inmobiliario de la estación de Pradollano en Sierra Nevada, pero se dedicaba desde hace años a la explotación de la cafetería y el hotel Ziryab: el presupuesto andaluz de 2020 preveía unos gastos de explotación de 1,6 millones de euros que se financiaban íntegramente con una previsión de ingresos de 1,7 millones.
Sierra Cork, una antigua empresa corchera de Villanueva del Río y Minas, estaba en situación de quiebra desde 2003, pero la liquidación acumulaba años de retrasos por “actuaciones de recuperación de activos por bienes adquiridos ilícitamente en el proceso de liquidación”, según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas. La Junta de Andalucía tenía un 48% en Sierra Cork, y un 76,7% en Promonevada.
Lejos del objetivo fijado hace un año
El perfil de los entes disueltos hasta ahora dibuja estructuras vacías de contenido y personal, con escasa o nula actividad desde hace años. Pero no se han extinguido ninguna de las cinco fundaciones públicas que la Cámara de Cuentas señaló en febrero de este año por carecer de actividad: Agregación de Fundaciones Benéfico-Particulares de la Provincia de Sevilla, Juan Nepomuceno Rojas, Hospital San Rafael, Banco Agrícola de Don José Torrico y López Calero (dependientes de Educación) y Fundación Rey Fahd Bin Abdulaziz (dependiente de Salud). La Cámara de Cuentas ya advirtió de que antes de comenzar su disolución era necesario resolver complejas cuestiones sobre la propiedad de su patrimonio.
Para el resto de entes instrumentales, las dificultades son otras. Los sindicatos recuerdan que las sentencias de los tribunales, incluidas las del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, están protegiendo a trabajadores interinos o contratados que acumulan años en el sector público. “Saben los derechos que tienen los trabajadores y los servicios que atienden. Las auditorías internas ya decían qué podía estar duplicado y qué no”, señala Pablo López del Amo, coordinador del sector de administración autonómica de CCOO Andalucía. Deshacer esa estructura con despidos puede suponer un coste millonario.
Por ahora, queda muy lejos el objetivo de acabar con el 40% de los 278 entes instrumentales (95 del sector público y 183 participados), según anunció Juan Marín hace poco más de un año, en noviembre de 2019. El objetivo era llegar a final de 2020 con 169 entes. La pandemia y el trabajo ha alterado las previsiones de un trabajo “minucioso”, insisten desde Regeneración, que espera resultados en 2021. En todo caso, cuando la legislatura encare su recta final, los “chiringuitos” (sean lo que sean) seguirán allí.