El Gobierno andaluz pide personarse en la causa judicial contra sus contratos sanitarios troceados y la jueza se lo niega

El Gobierno andaluz está siendo investigado por dos tribunales distintos -uno de Sevilla y otro de Cádiz- con relación a la contratación a dedo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por cientos de millones de euros. El primero indaga un posible delito de prevaricación en los contratos de emergencia firmados con clínicas privadas entre 2020 y 2024, causa en la que está imputada la gerente del SAS y sus dos predecesores; el segundo investiga el “fraccionamiento indebido y masivo” de contratos millonarios para un mismo objeto o servicio, haciéndolos pasar por cientos de contratos menores concatenados.

Hasta hoy, el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno había rechazado personarse en la causa judicial de los contratos de emergencia, para evitar admitir la gravedad de los hechos investigados pero, sobre todo, porque dar ese paso le obligaría a aclarar al juez su “situación procesal”, esto es, si entra en el proceso como parte perjudicada, como acusación o como defensa.

En público, el presidente andaluz y su equipo sostienen que esta investigación “no va ninguna parte”, que no existe ningún ilícito penal y que, a lo sumo, se trataría de “errores administrativos”. Sin embargo, su reacción ha sido distinta ante la segunda causa judicial que apunta al troceo masivo de contratos, un hecho que motivó un informe de actuación de la exinterventora general de la Junta de Andalucía -recientemente destituida- por posibles indicios delictivos en la contratación del SAS en 2022; ratificado posteriormente en informes de los auditores provinciales en 2023 y 2024.

Todos esos informes provinciales, revelados por elDiario.es, motivaron la denuncia interpuesta por Podemos en juzgados de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén, pero sólo la primera denuncia ha provocado una apertura de diligencias. La letrada del SAS en Cádiz solicitó al juzgado que instruye la causa su personación en el proceso “ad cautelam”, es decir, aún sin definir su implicación en los hechos investigados. En un escrito avanzado por la Cadena Ser, y al que ha tenido acceso este periódico, reclama a la jueza toda la documentación que obra en su poder para conocer qué se investiga exactamente.

Con este paso, el Gobierno andaluz se sitúa de frente ante un procedimiento judicial que pone bajo sospecha cientos de millones de euros en la contratación pública, de momento, sólo en la provincia de Cádiz por un total de 234,5 millones en múltiples contratos menores destinados a un mismo objeto.

El exceso de esta figura contractual, que según la ley debe limitarse a casos excepcionales y de urgencia justificada, hizo que la Intervención General de la Junta ordenase investigar todos los contratos menores del SAS en las ocho provincias andaluzas. Las conclusiones fueron similares en todas las auditorías, que destaparon un “fraude de ley” en el abuso de este tipo de contratos, troceados para eludir la legislación. Los interventores advirtieron de que la Junta había adjudicado a dedo 1.225 millones en el año 2021 con el fraccionamiento “masivo e indebido” de contratos menores.

El pasado 11 de febrero, la jueza Rosa María García, que investiga la causa en Cádiz, desestimó la solicitud de personación de los representantes legales del SAS en esta provincia, dejando fuera al Ejecutivo de Moreno, aunque la providencia de la magistrada era recurrible. Fuentes de la Consejería de Salud confirman a este periódico que ya se ha presentado un recurso de reforma para volver a insistir en la personación de la causa, aunque esta vez deberá aclarar en calidad de qué se personan.

Los contratos menores representaron casi el 30% del total de contratos que hizo el SAS en las ocho provincias andaluzas en 2021. Ese sistema permite sortear los controles de fiscalización habitual y adjudicar a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, siempre que el gasto no exceda de los umbrales fijados en la Ley de Contratos del Sector Público: hasta 15.000 euros para suministros; hasta 30.000 euros para prestaciones sanitarias y hasta 40.000 euros para obras.

Mientras el PSOE ha fracasado en sus dos intentos de que el juzgado de Sevilla centralice todos los contratos de emergencia del SAS suscritos en las provincias, Podemos ha pretendido en su denuncia ejercer de acusación popular directamente en las provincias, apoyándose en los informes “desfavorables” de la Intervención en el SAS de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén.

El juzgado de Cádiz ha admitido el escrito y ha decidido practicar diligencias, si bien en las otras ha corrido una suerte desigual: de Huelva aún no han obtenido respuesta mientras que juzgados de Córdoba y Jaén han instado a la formación a presentar sendas querellas criminales, que Podemos ha descartado al entender que no es la fórmula adecuada para este proceso.