El nuevo Gobierno andaluz comprará viviendas desahuciadas a la banca para destinarlas a alquiler social
La Junta de Andalucía prepara un nuevo bloque de iniciativas para actuar en materia de vivienda más allá de las propuestas comprometidos ya por la presidenta Susana Díaz en su discurso de investidura. El Gobierno trabajará en un decreto que le habilitará para adquirir viviendas desahuciadas ejerciendo el derecho de tanteo y retracto para destinarla al alquiler social. Igualmente, Díaz prepara una ronda de reuniones con entidades financieras para poner en marcha un Tribunal de Arbitraje para evitar desahucios. Por último, a través de un acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, se trabajará en la detención de los casos de vulnerabilidad para aportar soluciones habitacionales.
Las medidas se las anunció Susana Díaz a Teresa Rodríguez durante la reunión que mantuvieron este martes en el Palacio de San Telmo. No hubo acuerdo en este encuentro, sin embargo, desde el Gobierno andaluz mantienen que estas medidas se desarrollarán en la nueva legislatura.
El decreto ley para la adquisición de viviendas que plantea Susana Díaz recuerda a la medida ya puesta en marcha por la Generalitat de Cataluña el pasado marzo. A través de esta normativa, el Gobierno andaluz tendría preferencia en la compra de viviendas desahuciadas por la banca que volvieran a salir al mercado. Para ello, las entidades financieras estarían obligadas a anunciar al Gobierno la salida al mercado de propiedades sobre las que han ejecutado una hipoteca. Este se reserva el derecho de tanteo y retracto, teniendo preferencia para la compra. Estas viviendas se destinarían al alquiler social.
Susana Díaz tiene previsto también iniciar en breve una ronda de reuniones con los representantes de las entidades financieras para acelerar la puesta en marcha de un Sistema Arbitral de Consumo y el Sistema de Mediación para evitar los desahucios. La idea es que, de forma voluntaria, las entidades incluyan entre las condiciones generales de los nuevas hipotecas la adhesión a este sistema extraprocesal ante de acudir a la ejecución hipotecaria. Como medida de presión, la Junta podría incluir en las condiciones de sus nuevos contratos con la banca la obligación de adherirse a este Sistema Arbitral en el que participarían representantes de las asociaciones de consumidores y el propio Gobierno autonómico.
Por último, se trabajará con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y el Consejo General del Poder Judicial para trabajar en la detención de los casos de vulnerabilidad para aportar soluciones habitacionales.
Entre las baterías de medidas previstas en materia de vivienda se prevé también una Ley de Protección de los derechos de los consumidores en la contratación de préstamos hipotecarios, un Sistema Andaluz de Información, Asesoramiento y Mediación, ayudas para el alquiler a personas con ingresos limitados y nuevas ayudas para la rehabilitación.
Con la Ley de Función Social de la Vivienda recurrida ante el Tribunal Constitucional, la activación del Parlamento traerá también consigo una reclamación de la Cámara autonómica al Ejecutivo de Mariano Rajoy para que retire el recurso. Tanto IU como PSOE ya han anunciado esta medida para intentar salvar una de las medidas más novedosas de esta normativa: la posibilidad de la Junta de expropiar temporalmente las viviendas desahuciadas por la banca. El Tribunal Constitucional ya ha dictaminado que el Gobierno autonómico no tiene competencias para legislar en esta materia.
