El Parlamento andaluz debate y vota en el Pleno de este miércoles la toma en consideración de la polémica proposición de ley de PP, Ciudadanos y Vox para legalizar 1.461 hectáreas de regadío próximas al Parque Nacional de Doñana. Los proponentes son los partidos que forman parte y sostienen al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno, que ha declinado emitir un informe sobre dicha iniciativa, a pesar de que la Comisión Europea ha amenazado a España con multas millonarias si ésta prospera.
PP, Cs y Vox han optado por la vía de urgencia para tramitar esta iniciativa, que podría salir aprobada en el plazo de un mes o mes y medio. El miércoles se iniciará la andadura, que pasa por la consulta a los agentes sociales (agricultores, ecologistas, instituciones implicadas, etc), el periodo de presentación de enmiendas al articulado, el dictamen de la comisión, el debate final en el Pleno y su posterior aprobación. El trámite de urgencia puede evitar que la propuesta de ley decaiga cuando el presidente andaluz disuelva la Cámara y convoque elecciones para el mes de junio, como ha sugerido él mismo.
Moreno ha querido abordar un debate político de alto voltaje desde la perspectiva de los agricultores de la corona norte de Doñana. El campo andaluz, y las circunscripciones pequeñas como Huelva, Jaén y Almería, son un terreno fértil al voto indignado de este colectivo -pilar de la economía regional- y que PP y Vox se están disputando a codazos, en Andalucía, pero también en Castilla y León, que abrirá las urnas el próximo domingo. Los populares y los naranjas se han anticipado a suscribir la iniciativa sobre los regadíos de Doñana, que meses antes había llevado el grupo de ultraderecha a la Cámara en forma de proposición no de ley.
La propuesta para amnistiar la extracción de agua del subsuelo próximo a la reserva, de la que se benefician ilegalmente invernaderos de varios municipios onubenses desde hace años, fue registrada en el Parlamento a mitad del pasado enero. La misma iniciativa en dos textos separados, uno firmado por PP y Vox y otro por PP y Cs (los naranjas evitan estampar su firma junto a la extrema derecha). El 14 de enero, la Cámara remitió al Ejecutivo andaluz el texto legal, dándole ocho días de plazo para que el Consejo de Gobierno emitiese un informe favorable o desfavorable. El tiempo de respuesta se redujo a la mitad -lo normal son 15 días- porque las tres fuerzas de derechas decidieron tramitar esta iniciativa por la vía de urgencia.
El pasado 2 de febrero, tras la reunión semanal del Gobierno andaluz, y preguntado por los periodistas, el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, aseguró que el Ejecutivo emitiría su informe sobre la propuesta de regadíos en Doñana “en tiempo y forma”. Sin embargo, cuando lo dijo, el plazo para remitir el citado informe al Parlamento había expirado hacía ocho días, el pasado 24 de enero. Desde la Cámara legislativa confirman a este periódico que la Junta “no ha remitido nada” a los servicios de la Cámara. Consultada por este periódico, la Oficina del portavoz ha declinado dar más explicaciones sobre lo anunciado el martes por Bendodo, y el posterior desmentido del Parlamento y del propio presidente andaluz.
“No es preceptivo”, ha respondido Moreno cuando le han vuelto a preguntar por el informe, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, que se ha trasladado este lunes a Linares (Jaén). Al presidente le han preguntado cómo es posible que la Junta no haya solicitado un dictamen a su propio gabinete jurídico, sobre todo después de que la Comisión Europea haya trasladado a España sus advertencias sobre dicha iniciativa, que podrían acarrear multas millonarias. “Supuestas multas”, ha matizado Moreno al periodista, puntualizando que “nada de eso ha pasado todavía” y que se trata de “futurología y ciencia ficción”.
Lo que sí ha anunciado el presidente de la Junta, tras defender en primera persona la propuesta de PP, Cs y Vox, es que la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, se ha contactado “hoy mismo” por carta con el comisario europeo de Medio Ambiente “para que tenga un conocimiento fiable, y no por oídas, de lo que se quiere hacer”. Moreno también se ha abierto a dialogar con el Gobierno central -abiertamente en contra de la medida- y con los ecologistas, y ha recordado que el trámite parlamentario que se inicia el miércoles es “el lento”. “No lo hemos hecho por decreto ley, como otras cosas, para hablar con todos”, advierte el líder popular.
En efecto, un informe del Consejo de Gobierno sobre una proposición de ley no es obligatorio ni preceptivo, aunque es habitual que el Ejecutivo se pronuncie porque se trata de una iniciativa legislativa que parte de los grupos parlamentarios. Lo normal es que parta de la oposición y que, por tanto, la Junta rechace su tramitación. Por ejemplo, en 2020 Vox registró una propuesta para derogar la Ley andaluza de Memoria, y el Consejo de Gobierno emitió un duro informe denunciando la inconsistencia legal y técnica del texto presentado por el grupo de extrema derecha.
Hace unas semanas, Vox registró una segunda propuesta para derogar la Ley de Memoria, esta vez planteando su sustitución por una Ley de Concordia. Aquel texto legal llegó al Parlamento sin informe del Consejo de Gobierno, que esta vez eludió pronunciarse sobre el fondo y la forma de la iniciativa de su aliado de legislatura. PP y Vox tienen pactado por escrito el impulso de una Ley de Concordia que sustituya a la Ley de Memoria -aprobada en la Cámara sin votos en contra-, pero aquel texto de los de Santiago Abascal no había sido consensuado. La Junta podría haber rechazado su toma en consideración, pero prefirió dar oxígeno a la propuesta de Vox en un momento en el que estos apretaban ya para forzar el adelanto electoral.
En el caso de la amnistía de los regadíos que esquilman agua ilegal cerca de Doñana, los proponentes son los tres partidos que sustentan al Gobierno de Moreno, que esta vez no ha considerado necesario consultar a su gabinete jurídico. A pesar de ello, el portavoz de la Junta había confirmado que se solicitarían “todos los permisos de técnicos y jurídicos” que hicieran falta, habida cuenta de la reacción de rechazo que había provocado la iniciativa tanto en los agricultores onubenses que sí tienen legalizado sus regadíos, como entre los ecologistas y la oposición. A falta de un informe de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, se han publicado escritos contrarios del Ministerio de Transición Ecológica, de la Confederación Hidrológica del Guadalquivir -que es quien debe autorizar el uso del agua en última instancia-, de la Comisión Europea y de la UNESCO, que ya exigió cerrar los pozos ilegales en las fincas que ahora se pretenden regularizar.
Aunque el Ejecutivo de Moreno no haya hecho una consulta legal a su gabinete jurídico, el presidente andaluz sí se ha manifestado públicamente a favor de legalizar los regadíos que, a día de hoy, esquilman el acuífero de Doñana. “Un Parque Natural no es muro de hormigón al que nos asomemos. Y los regadíos están a 30 kilómetros, no estamos actuando en el corazón del parque. No se trata de ampliar regadíos, sino reconocer unos derechos históricos heredados por parte de algunos agricultores, que llevan ejerciendo décadas”, dijo en una entrevista el pasado 17 de enero.
Este mismo lunes, Moreno ha recalcado que el asunto es “tan controvertido”, que ni siquiera “en el PSOE lo tienen claro”. La mayoría de los municipios onubenses donde se ubican las hectáreas de regadíos que se pretenden amnistiar están gobernados por alcaldes socialistas. Estos, además de la Diputación Provincial de Huelva, se han manifestado a favor de la iniciativa. La dirección regional del PSOE, en manos de Juan Espadas, también se expresó a favor de estudiar la propuesta de PP, Cs y Vox, aunque luego matizó su juicio (tras la furibunda reacción del Ministerio de Transición Ecológica, que envió a su número dos a Sevilla para lanzar una severa condena).
El hecho de que la propuesta de legalizar las más de 1.400 hectáreas de regadíos de la corona norte de Doñana parta de los grupos que sostienen al Gobierno, y no del Gobierno en sí, tiene un sentido, para la oposición, el Gobierno central y los grupos ecologistas. Si lo hubiera planteado el Ejecutivo como proyecto de ley, la Consejería de Agricultura no habría podido “esquivar las deliberaciones y el informe previo del Consejo de Participación de Doñana”, órgano donde están representadas todas las instituciones y autoridades con competencias en el ámbito del Parque Natural. Entre ellas, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) o el propio Ministerio de Transición Ecológica, que posteriormente se han expresado rotundamente en contra de la iniciativa, subrayando que “no se puede autorizar la extracción de más agua donde no existe más agua”.
Hace décadas que este conflicto del condado de Huelva está enquistado y bajo vigilancia de la Unesco y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reprocha a España no estar haciendo lo suficiente para solucionar el problema de los pozos ilegales de Doñana. La semana pasada, la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink, remitió una carta al embajador permanente de España ante la UE para avisarle de las consecuencias de que la iniciativa de las derechas prospere en el Parlamento andaluz: “Resulta cuando menos desconcertante que el Reino de España esté contemplando la adopción de medidas que agravarían la situación y pondrían en grave riesgo el propio cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia, lo cual suscita cuestiones relativas al respeto del Estado de derecho por parte de las autoridades españolas”, dice el documento, adelantado por Diario de Sevilla. Y añade: “Me veo en la obligación de advertirle que, a menos que se adopte y aplique efectivamente lo antes posible el conjunto de medidas necesarias para cumplir plenamente con la sentencia (…) la Comisión podría decidir acudir al Tribunal de Justicia una segunda vez, lo que acarrearía la solicitud de imposición de sanciones pecuniarias”.
El presidente de la Confederación Hidrográfica, Joaquín Páez, ha pedido este lunes al presidente Moreno que “por su responsabilidad con los agricultores, con Doñana y con la credibilidad de Andalucía ante Europa”, retire la proposición de PP, CS y Vox para revisar el plan forestal de la Corona Norte de Doñana. Páez no sólo ha apelado al impacto medioambiental y a las advertencias de Bruselas y la Unesco, sino al riesgo de que los mercados europeos veten los frutos rojos de Huelva, provocando la pérdida de millones en exportaciones.
El grupo Unidas Podemos, que ya llevó su denuncia contra la proposición de ley hasta el Parlamento europeo, ha celebrado este lunes unas jornadas en el Parlamento, con ecologistas y otros actores involucrados para visibilizar su rechazo a la medida. Las jornadas se han celebrado en las dependencias del grupo parlamentario, porque la Mesa de la Cámara se negó a cederles otros espacios donde suelen celebrarse este tipo de encuentros, denuncian desde la coalición de izquierdas. En las jornadas han intervenido organizaciones como WWF, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Seo Birdlife, CCOO-Andalucía, Salvemos Doñana, Equo o la Fundación Nueva Cultura del Agua.
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