De decir en 2019 que iba a ahorrar casi un 20% con la reducción de los altos cargos, el Gobierno de Andalucía pasó a incrementarlos en 2020 y ha vuelto a hacerlo en 2021, un ejercicio que cierra con una treintena más que el anterior, según la última relación publicada en su portal de transparencia. Esta apuesta por engordar la cifra de altos cargos contrasta con su mensaje de austeridad en los entes instrumentales, con ese “quitar grasa” que firmaron PP y Ciudadanos en el documento para gobernar juntos. Son también más que en el último año del Gobierno de Susana Díaz, que cerró con 267.
En concreto, si la última relación de 2020 incluía 178 vinculados a las consejerías y otros 82 de entes instrumentales, junto a instituciones como el Consejo Audiovisual de Andalucía o el Consejo Consultivo de Andalucía, en 2021, y a falta de que se publique la cifra definitiva en enero, se han elevado a 204 y 86, respectivamente. El grueso del incremento ha venido por el nombramiento de 24 nuevos delegados territoriales (49.499,54 euros al año de nómina cada uno). Primero, por la separación en dos de las delegaciones territoriales de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración, por un lado, y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, por otro. Segundo, porque la Consejería de Educación y Deporte y la de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación han dejado compartir esta estructura periférica.
Pero además, se han sumado otros altos cargos: un gerente para la Agencia Digital de Andalucía (64.638,16); una directora general para Estrategia Digital (58.352,06); otro de Contratación (58.352,06)... Todo ello eleva la cifra, pese a que haya eliminado, por ejemplo, entidades como la Fundación Audiovisual de Andalucía, cuya dirección tenía un sueldo de 49.269,86 en 2020. Lo que se quita por un lado, se pone por otro y más.
Esto supone cerca de 20 millones de euros más por ejercicio. Cierto es que en 2021 han cobrado lo mismo que en 2020 porque el Gobierno de Andalucía optó por congelar los sueldos, pero más altos cargos ha implicado también el incremento de las partidas destinadas a pagar la vivienda a los que tienen que trabajar fuera de su provincia. En concreto, se elevan a 86 [tres más que en 2020 y 13 más que en 2019] los que cobran indemnizaciones por vivienda, mientras que en el último año de Susana Díaz eran 58, un momento en que tanto el PP como Ciudadanos criticaban durante esta práctica, a la que ahora se han abonado y han reforzado.
“Es absolutamente necesario que se adopten medidas tendentes a reducir el elevado número de altos cargos y asimilados de la Administración de la Junta de Andalucía y de su correspondiente gasto. Reduciremos al menos un 25% el número de altos cargos y asimilados, facilitando el acceso a la identidad de los puestos directivos de todas las entidades instrumentales (...) y de sus retribuciones anuales, haciendo públicos esos datos en el portal de transparencia”, decía el programa electoral con el que el PP concurrió a las elecciones autonómicas de 2018.
“Reduciremos al mínimo el número de altos cargos designados a dedo y cubriremos sus puestos mediante un concurso público de mérito y capacidad, evitando gastos superfluos y ganando en eficiencia”, decía por su parte el programa electoral de Ciudadanos. Pero la cuestión es que, después de bajar la cifra, la han incrementado más de lo que la redujeron.
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