A la finca La Almoraima le han quitado el imaginario cartel de 'se vende' que había atraído a una docena de millonarios de tres continentes. Hasta la propia Salma Hayek se acercó con su marido François-Henri Pinault en helicóptero para hacerse con este privilegiado enclave de más de 14.000 hectáreas inmerso en el parque Natural de Los Alcornocales (Cádiz).
Según ha confesado la propia gerente, Isabel Ugalde, se renunció a su venta “con el cambio del ministro Arias Cañete” por la nueva titular del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. El precio fijado por el Gobierno central era de 300 millones de euros.
Ugalde ha justificado este cambio de 180 grados en que “el escenario de crisis económica cambió”, apoyándose así en las tesis electorales implantadas desde Génova. La Almoraima es una sociedad anónima cuyas acciones pertenecen al organismo autónomo de Parques Nacionales, que depende del Gobierno popular.
La venta de la finca se anunció hace casi dos años y, aunque su gerente reconocía en aquel momento, que no sería fácil encontrar comprador, ha afirmado este martes que desde entonces “los ha tenido de todos los colores. Desde Francia, Qatar o Abu Dabi a México. Han seguido preguntando, pero ya no está en venta”.
La ampliación de Los Alcornocales
Las palabras de Ugalde se contradicen con lo dicho por García Tejerina que, durante una reunión hace un año con la consejera de Medio Ambiente andaluza, María Jesús Serrano, afirmó que la finca seguía “en la hoja de ruta de las propiedades que deben salir a la venta”.
Para hacer la venta más atractiva, la sociedad La Almoraima diseñó un proyecto para que en el 10% de la finca que quedaba fuera del espacio se pudiera construir un helipuerto, dos campos de golf y un hotel de lujo. Los ecologistas pusieron el grito en el cielo, ya que añadía una nueva presión sobre un reducto único de bosque mediterráneo. Fue en ese contexto, en el que la Junta de Andalucía emprendió una ampliación del parque natural Los Alcornocales, que se encuentra ahora mismo en periodo de alegaciones hasta fin de mes.
La gerente ha recordado que mantienen un contencioso con la Junta de Andalucía, para el que han contratado un “buen bufete de abogados”. Subraya que, en cuanto se apruebe el decreto de ampliación, lo recurrirán. Según la gestora, expertos contratados por ella han realizado un estudio en el que se concluye que “la zona fuera del parque no tiene las características para ser objeto de una protección ambiental especial”.
Ugalde ha lamentado además que los ciudadanos no vayan a hacer caja con la venta de la finca. “Supone una pérdida de patrimonio para los españoles. Es un error de la Junta que se abandone esta posibilidad económica, se han dedicado a ideologizar sobre el tema. Ellos se lo pierden”.
Asimismo, la gerente ha anunciado que la empresa ha presentado unos beneficios durante el ejercicio de 2014 de 319.000 euros. Aunque el año pasado se vendió que se habían obtenido beneficios de cerca de un millón de euros, una auditoría de Deloitte lo desmintió: la subvención de 2,4 millones de euros recibida del estado no se podía incluir en el capítulo de beneficios y había pérdidas de 1,5 millones. Con los resultados de 2014, en cualquier caso, se ha roto con un periodo de pérdidas acumuladas (con la excepción de 2011) desde 2007.
Nueva reducción de plantilla
Dedicándose La Almoraima a sus usos económicos tradicionales, durante 2014 la agricultura ha aportado 253.000 euros de beneficios; la ganadería, 23.000 de beneficios; la caza pérdidas de 35.000; el monte 537.000 euros de saldo positivo; el corcho, beneficios de 532.000 euros y el hotel ha arrojado unas pérdidas de 144.000 euros. La plantilla, que en 2012 contaba con 99 empleados y en 2013 con 87, ha sufrido un nuevo recorte hasta quedar en 81 personas, 41 fijos y 40 eventuales, según su administradora. Durante 2014 se llevaron a cabo 10 prejubilaciones.
Federico Fernández, delegado territorial de medio ambiente en Cádiz de la Junta, ha asegurado que “conociendo los antecedentes de esta finca, si la Almoraima no es rentable, no podría serlo ninguna en Andalucía”. Fernández cree hay que “seguir apostando por la gestión pública. La gestión pública no es un obstáculo para que se den determinados usos y se arbitren fórmulas de colaboración con la empresa privada”.