Desde hace unas semanas, un candado cierra la compuerta de acceso a las válvulas de control de las aguas con que se regaban decenas de parcelas de chirimoyas o aguacates en Ítrabo, en la costa tropical de Granada. Un cartel sobre la compuerta informa: “Se prohíbe utilizar para regar las aguas residuales que nos vierten del municipio a nuestras instalaciones”. El candado marca el final de una práctica que los 47 miembros de la Comunidad de Regantes Vega Baja de Ítrabo han hecho durante décadas: regar con aguas residuales sin depurar.
Hasta ahora, ninguna administración había intervenido para poner fin a esta práctica, a pesar de ser un hecho notorio y de haber recibido denuncias al menos desde enero de 2018. “Desde tiempos inmemoriales, los años 50, las aguas residuales del municipio han vertido en una acequia, que se mezclaba con agua limpia de manantiales, y se ha utilizado para riego”, admite Antonio Jesús Carrascosa, alcalde de Ítrabo.
Sin agua para regar
Más de un año después de la primera denuncia, el pasado 6 de febrero la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía requirió a los regantes que dejen de usar las aguas residuales que hasta ahora se derivaban a la acequia. Desde esa acequia se canaliza el agua para las parcelas que discurren junto al barranco de Ítrabo, por debajo del municipio. El resultado de la prohibición es que los agricultores se han quedado sin agua para regar.
En el documento, que ha podido consultar eldiario.es/Andalucía, la Delegación ordena a la comunidad que “se abstenga de utilizar para el riego las aguas residuales de Ítrabo”, que cuenta con 1.002 habitantes censados. La prohibición tiene su origen en una denuncia formulada por la propia comunidad de regantes, en la que informaba de que el municipio vierte sus aguas residuales a la acequia. Además, la Administración autonómica ha iniciado un expediente sancionador contra la propia comunidad denunciante.
Un problema conocido y tolerado por todos
La denuncia es la tercera que los regantes han interpuesto ante la delegación autonómica, según ha podido comprobar este medio. La Delegación conocía el problema al menos desde enero de 2018, cuando recibió la primera denuncia, reiterada en febrero de 2018. Según la prohibición emitida el 6 de febrero de 2019, desde que tuvo conocimiento del problema la delegación territorial “inició de inmediato actuaciones de coordinación entre los actores implicados”, aunque no ordenó que cesara el riego hasta hace un mes.
De la misma forma, ni el Ayuntamiento de Ítrabo, ni la mancomunidad de municipios de la Costa Tropical ni la concesionaria del servicio han hecho nada para evitar que las aguas residuales del municipio llegaran a la acequia. Las aguas se vierten en varios puntos de la canalización en el municipio, así como en un depósito en el núcleo urbano, que comparten de facto el pueblo (vertiendo las aguas sin depurar) y los regantes.
La Ley de Bases de Régimen Local establece que el municipio tiene como competencias propias el abastecimiento de agua y la “evacuación y tratamiento de aguas residuales”. Ítrabo tiene cedida la gestión a la mancomunidad de municipios de la Costa Tropical, que a su vez externalizó el servicio en Aguas y Servicios de la Costa Tropical, integrada por Aqualia (FCC) y Acciona y que dice tener dos líneas de actuación: la captación y distribución de agua potable y la recogida y depuración de las aguas residuales.
El alcalde deriva toda la responsabilidad en la Junta de Andalucía, a la que acusa de no ejecutar una estación depuradora, a pesar de cobrar el canon desde 2010. “No la puedo hacer yo, sino ellos porque están cobrando”, asegura. Si lo hiciera, cree que incurriría en prevaricación. El alcalde opina que separar el agua de riego y las residuales no soluciona el problema, que es la falta de depuración. “El alcalde es el responsable final, pero la impotencia es que hasta que no me hagan la EDAR se estará vertiendo de forma irregular”.
Además, Carrascosa insiste en que el agua que riega cientos de hectáreas de tropicales no presenta niveles de riesgo, a pesar de que lleva residuos fecales. “¿Por qué estamos tranquilos? Porque la Junta de Andalucía periódicamente toma muestras de esa agua. Jamás la Junta nos ha dicho que se esté cometiendo un presunto delito medioambiental o contra la salud pública, sólo faltaría”. “Si no saben ellos donde se vierten las aguas, que venga Dios y lo vea”, añade.
La concesionaria ha delegado sus respuestas en la mancomunidad. Los responsables de mancomunidad no han respondido a las peticiones de este medio. Y la Delegación territorial pidió un cuestionario escrito, que no ha respondido.
Ahora, el asunto en manos la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que abrió diligencias de investigación tras recibir una denuncia de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT).
El Ministerio autorizó el uso de “sobrantes”
La depuración de aguas residuales es una asignatura pendiente en España, y el pasado verano motivó una sanción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 millones de euros, más once por cada semestre de retraso. Al menos nueve aglomeraciones de más de 15.000 habitantes (entre ellas, seis andaluzas) vierten sus aguas sin depurar a barrancos, ríos, lagos o el mar, a pesar de que está prohibido desde el año 2000. En este caso, el vertido se derivaba directamente para el riego, que en esta zona de Granada nutre extensas plantaciones de frutos tropicales (chirimoya y aguacate), cítricos y tomates.
El uso de aguas sin depurar para el riego de cultivos era relativamente común y se toleraba hace décadas, pero actualmente está prohibido. Supone un daño medioambiental y entraña riesgos para la salud pública, puesto que actúa como vehículo de transmisión de bacterias como la escherichia coli o la salmonela. Actualmente la prohibición de usar aguas residuales sin depurar para el riego se establece en el Decreto 1620/2007.
En el caso de Ítrabo, este uso llegó a tener reconocimiento jurídico. Un acta de notoriedad autorizada de 3 de septiembre de 1969 reconoce expresamente que la acequia de la comunidad, en el tramo que discurre por el núcleo urbano, recibe aguas residuales y sobrantes del abastecimiento público. Con base en el acta, el aprovechamiento fue inscrito en el Registro de Aguas. Además, una resolución del Ministerio de Obras Públicas de 21 de noviembre de 1979 concede a la comunidad las aguas de varias fuentes, y reconoce que también usa “los darros, desagües y sobrantes del abastecimiento de Ítrabo”.
Al menos desde 1969 los regantes han hecho lo que entendían habitual y aparentemente autorizado: incorporar al agua de riego aguas fecales y residuales. Hasta que en 2017 acordaron reclamar una solución al Ayuntamiento y la mancomunidad. En enero de 2018, la comunidad de regantes presentó las primeras denuncias ante la mancomunidad de municipios, la concesionaria del servicio y el Ayuntamiento, advirtiendo de los riesgos medioambientales y para la salud pública de la aportación de aguas residuales a su acequia. Durante un año, la denuncia no provocó la prohibición de riego, y este medio no ha podido constatar ni siquiera que recibieran curso.
Un año después, la Delegación territorial ha abierto expediente sancionador a la comunidad de regantes (a su vez denunciante) porque tiene “funciones de policía, distribución y administración de las aguas concedidas por la administración”, sin perjuicio “de las responsabilidades que correspondan” a la mancomunidad, titular de la gestión. Nada se dice de la posible responsabilidad del Ayuntamiento, titular de la competencia, ni de la propia Administración general, que reconoció, a través del Ministerio de Obras Públicas, el uso de “darros, desagües y sobrantes”.
Según documentos de la administración territorial, la mancomunidad fue advertida de la necesidad de realizar obras en la red de saneamiento sin que se haya ejecutado hasta ahora obra alguna o conste la existencia de algún proyecto. El alcalde asegura que estará listo “en 15 o 20 días” y la mancomunidad y la concesionaria no responden.