El juez decano de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar, ha puesto en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que el pasado 10 de diciembre la Policía Local de la capital facilitara el acceso de la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, a los juzgados por las cocheras y no por la puerta principal como corresponde a cualquier ciudadano. Lo considera un “trato de favor” que repercute “muy negativamente” en la imagen de la Justicia.
Ese día la edil declaró como investigada por el conocido como caso Serrallo, donde se le atribuye la posible comisión de un delito de prevaricación. Rodríguez Alcázar, que tuvo conocimiento de lo sucedido un día después por los medios de comunicación, ha criticado a la Policía Local y al Ayuntamiento de la capital por este hecho, que se tratará también en la Comisión Provincial de Policía Judicial, según consta en un comunicado remitido al alto tribunal.
El juez recuerda que la edil entró por un lugar “no destinado al efecto”, ya que los accesos de los ciudadanos solo pueden tener lugar por la puerta del edificio o por la puerta de acceso al Juzgado de Guardia. Sin embargo, Nieto entró en el interior de un vehículo acompañada por un Policía Local directamente hasta el aparcamiento de los juzgados, “reservado únicamente para personal autorizado para ello”. Además, subió hasta el lugar en el que declaró, el Juzgado de Instrucción 2, por unas escaleras interiores, reservadas igualmente para personal del juzgado o autorizados. “La salida se produjo de igual modo”, añade el juez.
El Reglamento de órganos de Gobierno de los Tribunales deja claro que son los jueces decanos los que deben decidir una medida de ese tipo, que en este caso no fue adoptada. “Quien acude a declarar como investigado (antes imputado), sea quien sea, debe acceder por el mismo lugar salvo que razones acreditadas de seguridad aconsejen otra cosa”.
Pues bien, en este caso no se había autorizado y por eso se han “vulnerado las instrucciones existentes, conocidas por todos y hasta ahora respetadas”. De ahí que el juez decano haya expuesto lo ocurrido al TSJA, exprese su “profundo malestar” y desvincule a la justicia de lo sucedido. “No se puede trasladar la idea de que existen ciudadanos de primera y de segunda en cuanto al trato que se recibe por parte de los Tribunales”, ha manifestado, sorprendido además porque en los últimos meses otros políticos de la ciudad han acudido a declarar sin solicitar ni recibir trato especial. “No debe volver a producirse”, asegura.
La concejal no contestó cuando fue preguntada por los medios de comunicación por dónde había accedido. Ella defendió su actuación en la operación urbanística y mostró su convencimiento de que la causa “se archivará”. La operación permitió construir una discoteca en una zona verde del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).