Ecologistas advierten de “daño ecológico” si se construye la planta fotovoltaica proyectada en la Vega de Granada

La futura construcción de una planta fotovoltaica de más de 155 hectáreas, que se instalaría entre los municipios de Santa Fe, Vegas del Genil y Las Gabias, se ha encontrado con el rechazo frontal de los ecologistas. Ecologistas en Acción de Granada, la Asociación Somos Vega Somos Tierra y la Agrupación de Voluntariado Ambiental de Santa Fe (AUCA) han presentado alegaciones contra el proyecto de esta instalación de energía renovable que pretende instalarse en la Vega de Granada. Las organizaciones proteccionistas consideran que puede provocar “daño ecológico” afectando “negativamente” a ecosistemas protegidos. La Junta de Andalucía, responsable de dar la autorización ambiental para la construcción de la planta, y Ence, la empresa promotora, no se han pronunciado al respecto a preguntas de este medio.

Las tres organizaciones ecologistas mencionadas piden al Ejecutivo regional que se paralicen los permisos que permitirían la construcción de la planta. Aunque se trata de un proyecto de energía renovable y limpia, las consecuencias que tendría para el entorno, según denuncian, no compensan el rendimiento que pueda llegar a dar esta instalación. No compensan porque el plan pasa por la ubicación de más 200.000 paneles fotovoltaicos que no solo supondrían un cambio visual del entorno, sino que su levantamiento genera varios problemas sobre los que han alegado ante la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía.

En concreto, en los tres escritos de alegaciones presentados por cada una de las partes en las que está dividido el proyecto, los ecologistas señalan que la construcción de la planta de Ence afecta “negativamente” a algunos ecosistemas de la dehesa de Santa Fe y de la Zona de Especial Conservación de La Malahá que pertenece a la Red Natura 2000. “Así como al sector existente entre ambas y que cumple la función de ecotono, con vocación de recibir una posible ampliación de esos espacios protegidos en base a la Estrategia de Biodiversidad 2020-2030 de la Unión Europea (UE)”. Además, las asociaciones proteccionistas afirman que el proyecto se ha dividido adrede para sortear la legislación.

“Este megaproyecto se ha compartimentado en tres (ENCE Atarfe I, II y III) con la intención de eludir las evaluaciones ambientales de proyectos de más de 50 MW, cuya competencia corresponde a la Administración Central, al tiempo que se esquiva la evaluación del impacto global del proyecto”, escriben en sus escritos de alegaciones a los que ha tenido acceso este medio. Otro de los aspectos que denuncian es que la construcción de la planta implica la lógica contaminación visual y paisajística del entorno al instalar los módulos fotovoltaicos. Se genera una “invasión” y se ocupan espacios que provocan la “fragmentación” y la “alteración” de un entorno de “alto valor paisajístico” y que es clave en la imagen que tiene la Vega y Depresión de Granada. Al mismo tiempo, “las líneas de evacuación poseen un trazado que impacta negativamente en la Vega de Granada, en unas zonas sometidas a restricción de usos y transformaciones en el Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG)”.

Problemas normativos

No son los únicos problemas que los ecologistas han encontrado. Señalan especialmente el daño que puede sufrir el arroyo del Salado en Santa Fe. Se afecta a la hidrodinámica de este lugar, “generando una rápida incorporación de las aguas pluviales y sedimentos al curso del arroyo con afectación directa a dicho cauce, así como a las poblaciones y zonas aguas abajo”. A su vez, la planta ocuparía la zona conocida como policía de los arroyos.

En cuanto a la legalidad, entienden que además de compartimentar el proyecto en tres para eludir el control del Gobierno central, “no se respetan la Zona de Influencia Forestal, ni la Faja de Seguridad, respecto al espacio forestal de La Dehesa de Santa Fe, según se establece en la ley 5/1999 de 29 de junio de Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales de la Comunidad Andaluza”.

Por último, las asociaciones ecologistas denuncian el peligro que correrían los olivos de este entorno de la Vega de Granada. La planta se plantea “en zonas no urbanizables con vocación agrícola”. Al respecto, señalan que “la mayor parte del proyecto se ejecutaría sobre olivares, por lo que conllevaría la eliminación total de esa vegetación actual”. “Es decir, se cortarían miles de olivos con lo que eso supondría de liberación de carbono capturado por esos árboles, así como la cantidad de CO2 que dejaría de secuestrarse por la eliminación de esta vegetación, además de la pérdida de la actividad agrícola y puestos de trabajo vinculados a ella”. Mientras que afean la actitud de la Consejería de Agricultura a la hora de realizar la Evaluación de Impacto Ambiental en lo que respecta a la flora y a la fauna.

“Por lo que respecta a la fauna, no se han realizado muestreos específicos y en las épocas más favorables para la detección de especies. Tampoco se aporta metodología para el estudio de macroinvertebrados, ni se ha llevado a cabo un estudio de detalle respecto a constatar la posible presencia y afección a las aves esteparias. Estas carencias del EIA se hacen muy evidentes al no recoger la presencia de conejo en la zona de actuación, siendo esta especie relativamente abundante”. No son las únicas cuestiones que se denuncian en las alegaciones, pero sí son las más destacables. Alegaciones sobre las que no se quiere pronunciar la Junta de Andalucía a preguntas de este medio por ser un “proceso administrativo” que está abierto y que respetan. Hasta el momento, tampoco ha respondido la empresa Ence.

La posición de los municipios afectados

Quienes sí se han pronunciado han sido los representantes de los tres municipios en los que se construiría la planta fotovoltaica: Santa Fe, Vegas del Genil y Las Gabias. Por parte de Santa Fe, Manuel Gil, alcalde de la localidad, apuesta por la “prudencia”. En su opinión, el proyecto puede resultar dañino, tal y como lo señalan los ecologistas, pero prefiere sentarse primero con ellos. “Queremos hablar para saber exactamente al detalle la situación que se originaría. Sabemos que el impacto visual sería tremendo y que tendría malas consecuencias para los olivos, pero tenemos que verlo”. Una posición similar a la de Alejandro Martín, concejal de Medio Ambiente de Vegas del Genil. Mucho más tajante, cree que es un “destrozo” del entorno.

“Una vuelta de tuerca con lo mismo: aprovechamiento industrial de la energía que destroza zonas de cultivo y el paisaje. Por ese motivo, en mayo aprobamos una ordenanza para gravar este tipo de negocios que nos destrozan el paraje y a los que, por ley, no podemos oponernos si vienen con todos los papeles en regla. La ordenanza lo que genera es que Vegas del Genil sea menos atractiva para estos especuladores”.

Una postura que difiere totalmente a la que mantiene la alcaldesa de Las Gabias, María Merinda, que ve el proyecto de forma “positiva”. “Estamos hablando de proyectos de energías renovables o energías limpias, que precisamente vienen para evitar otro tipo de energías contaminantes, a la vez que benefician en cuanto a la disponibilidad de energía eléctrica suficiente para el abastecimiento a una población que va en aumento”. Recuerda que la instalación genera empleo y que “técnicamente” es viable.

“Si técnicamente son compatibles y viables, generan riqueza y empleo, y son proyectos de energías renovables, por parte del Ayuntamiento de Las Gabias no tenemos más que agradecer que haya empresas dispuestas a invertir y permitir este tipo de desarrollo, que no solo afecta a Las Gabias, sino a muchos municipios del resto de la provincia de Granada”, sentencia la regidora. No obstante, los ecologistas no van a desistir en su idea de que la Vega de Granada se libre de la construcción de esta planta fotovoltaica o, al menos, que si se levanta sea con una afectación mínima para el entorno.