Ecologistas granadinos se encierran en el Ayuntamiento de Castril para evitar el trasvase del río que nace en la localidad

Varios miembros de la Plataforma en Defensa del Río Castril se han encerrado estos días en el Ayuntamiento del municipio que da nombre el arroyo para evitar su presunto trasvase hacia la localidad de Baza, a pocos kilómetros de este lugar. Un asunto que no es nuevo, pero que ha tomado este nuevo giro porque los ecologistas que forman parte de esta asociación civil que integran unas 200 personas, sostienen que el PSOE de la comarca, encabezados por el de Baza, sigue presionando para que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) lleve parte del caudal a esa zona. Una solución a la que se oponen recordando, entre otras cuestiones, que no tiene “respaldo legal” y que no está pensado para abastecimiento humano como así se promociona. La CHG niega tajantemente cualquier intención de trasvasar el río.

El encierro comenzó este miércoles y finalizará el viernes como un acto simbólico con el que la plataforma pretende que su reivindicación no caiga en saco roto. No obstante, según Miguel Ortiz, portavoz de la asociación, el interés principal por construir el trasvase está en que el agua del río Castril, en la cuenca del Guadiana Menor, acabe yendo hacia el río Almanzora para llegar hasta zonas de regadío de la provincia de Almería. Por eso, además de protagonizar el encierro, los miembros de la Plataforma en Defensa del Río Castril han enviado una carta a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para ponerle al día de su problemática y pedirle que tome cartas en el asunto.

La misiva, a la que ha tenido acceso este medio, no es casual ya que de esta cartera depende la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Esta demarcación territorial que vela por el buen uso del agua en la cuenca es la que tiene que dar el visto bueno al presunto trasvase que se denuncia. También es la encargada de elaborar el III ciclo del Plan Hidrológico del Guadalquivir que para los ecologistas recoge la posibilidad de que el proyecto de canalización del río Castril hasta la zona de Baza se lleve a cabo. Un plan que, según la plataforma, pretende darle “cobertura legal” a unas obras que no la tienen desde el Real Decreto de Sequía 1419/2005 que impedía estos trasvases.

Dicho decreto fue actualizado meses después, pero, según recoge la asociación ecologista en una moción presentada en el Ayuntamiento de Castril y que ha recibido el respaldo unánime de todas las formaciones políticas, trató de corregirse a través de una resolución ministerial en la que se declaraban de “urgencia” las obras del trasvase. Entonces, alegaban que se ponía en riesgo de “sequía inminente” el abastecimiento del municipio de Baza, pero sin mencionar en ningún caso a Caniles, Zújar y Freila, las otras tres localidades que en principio se debían beneficiar de este trasvase, tal y como se trazó en el proyecto inicial. Un aspecto que para la plataforma desvela que no hay interés real en trasvasar para que haya agua para el abastecimiento humano, sino que sea aprovechado por la industria agrícola y ganadera.

Dudas sobre la legalidad del proyecto

Sin embargo, pese a que desde los ecologistas afirman que la normativa impide las obras del polémico trasvase, desde la Confederación y el Ayuntamiento de Baza defienden que hay una disposición adicional de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de 2005 que avalaría la construcción de la infraestructura. La citada norma convalida “todas las obras y actuaciones relativas a la ordenación de los recursos hídricos en las cuencas del Guadiana, Guadalquivir y Ebro”. Lo que ocurre es que el Tribunal Supremo desestimó en 2010 el Real Decreto 1419/2005 que permitía que se ejecutasen las obras para este proyecto que la Confederación dice que está pensado para llevar agua corriente a la zona del Altiplano de Baza.

Un embrollo jurídico que enfrenta a la plataforma con la CHG sobre la legitimidad de las obras. Sin embargo, lo que vuelve a ponerse de relieve es que la asociación ecologista no está dispuesta a dar su brazo a torcer. Miguel Ortiz, su portavoz, cree que la Confederación está “mintiendo” cuando mantiene que el entubado que se le quiere hacer al río Castril es para dotar de agua para el abastecimiento humano a la zona de Baza y los municipios cercanos. Entre otros motivos porque la localidad bastetana ya se surte por el arroyo castrileño de forma natural.

Antes de esto, en el año 2000 ya hubo un proyecto previo conocido como “Canal de Castril” que contemplaba la captación de agua desde el Pantano del Portillo, ubicado junto a Castril, para transportarla por una tubería a presión hasta el canal del Jabalcón para el riego y el abastecimiento. Sin embargo, la idea fue desechada en 2004 después de que se viera el impacto negativo que podía provocar en el Medio Ambiente. Este proyecto sirve a la plataforma para explicar que el interés real es el trasvase para el aprovechamiento de la industria agrícola y ganadera y no para el abastecimiento humano.

Lo creen así porque unos meses después se puso en marcha el plan para la conducción de agua hasta Zújar, Baza y Caniles, pero argumentando que “la paralización del proyecto del Canal de Castril, que iba destinado a riego y abastecimiento de la zona (…) nos obliga a realizar una toma más próxima a la desembocadura del río en el embalse del Negratín”. Por todo ello, piden a la Confederación y al PSOE de la comarca del Altiplano de Baza que frenen sus intenciones y que no vendan como solución al abastecimiento humano algo que en realidad no lo es. Desde la plataforma sostienen que lo que hay que hacer es cuidar “la sobreexplotación de los acuíferos” que hay en este lugar.

Posibles alternativas

En todo caso, se abren a propuestas que contemplen “una gestión sostenible del agua”, pero que en ningún caso sean mediante el trasvase para regadío. Proponen que se retome el proyecto que se ideó para abastecer a las poblaciones de Zújar, Baza y Caniles o contemplar otras alternativas como el uso del manantial de Siete Fuentes que se encuentra a 2 kilómetros de Baza. Tiene agua de “buena calidad” y un volumen “más que suficiente como para abastecer a las localidades afectadas”. De hecho, en la plataforma recuerdan que un 25% de sus recursos hídricos ya se usan para ese propósito y que el resto de utiliza para regadío.

Por su parte, el alcalde de Baza, Manuel Gavilán (PSOE), principal municipio de la zona afectada por la polémica del regadío, sostiene que el trasvase es “vital” para la ciudadanía de su localidad. “Venimos insistiendo desde hace tiempo en una necesidad que tiene el pueblo y de hecho en el último pleno se aprobó una moción al respecto (con el respaldo de todos los grupos presentes menos Vox), por lo que nuestro mandato como Equipo de Gobierno es que en el Plan Hidrológico 2022-2027 aparezca esa garantía de suministro para abastecimiento de agua para consumo humano”. Cree que dicho abastecimiento tiene que ser de calidad y a un precio accesible.

De ahí que considere que la captación de agua, que no trasvase, según sus palabras, sea necesaria. “Es una cuestión de sentido común: el río Castril puede generar más de 70 hectómetros cúbicos, de los cuales Baza precisa 1’8 para consumo humano. Es decir, defendemos el ecosistema del río, pero también el de nuestros acuíferos. Y lo hacemos siguiendo el mandato europeo de conservar acuíferos y optar por el aprovechamiento de aguas superficiales. El Ayuntamiento de Baza es muy claro. Defendemos esa necesidad con la palabra, la legalidad y el compromiso”. Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir insiste, una vez más, en que no está entre sus planes trasvasar el arroyo.