Los trabajadores de los centros de menores denuncian carencias tras el motín de Granada
Un menor fugado de un centro de menores de Jerez de la Frontera provocó los altercados. El joven se fugó para estar junto con amigos suyos del centro Ángel Ganivet de Granada, lo que provocó que dos educadores fuesen a buscarle para devolverlo a Jerez. Sus compañeros se negaron, provocando un motín que acabó con agresiones, persecuciones y detenciones que no evitaron que dos de los menores se diesen a la fuga. Pero el arresto de diez jóvenes en el centro granadino, dependiente de la Junta de Andalucía, ha sacado a la luz las dificultades que entrañan para los trabajadores de este tipo de centros ejercer su labor, según ellos mismos denuncian.
No es la primera vez que pasa algo similar en este Centro de Acogida Inmediata (CAI). Ya en 2002, una agresión le valió una muñeca partida a uno de los educadores del centro y evidenció que necesitaban mayores medidas de seguridad. Pero aquello fue sólo la punta del iceberg. La situación ha tenido otros encontronazos en los últimos años. En 2008 se denunciaron robos de menores de este centro por la ciudad de Granada y en 2012 hubo un intento de incendiar la habitación de otro de ellos en una reyerta entre los propios jóvenes.
Desde el sindicato CSIF, que ampara a los trabajadores sociales del centro Ángel Ganivet, su responsable en Granada, María Teresa Merlo, pide “medidas de protección para el trabajador, un sistema de vigilancia, control y que, si es un centro de primera acogida, no dilaten el tiempo de estos niños en el centro”. “Ahora mismo hay calma pues hay dos niños menos y los que quedan están más tranquilos, pero los trabajadores están nerviosos porque saben que los detenidos en cuanto salgan de comisaría volverán”, sostienen en el sindicato.
Para María Teresa Merlo, “el problema que tenemos ahora mismo es que la Fiscalía de Menores está siendo muy laxa con este tipo de asuntos porque lo que se temen los trabajadores es que una vez que salgan de comisaría y pasen a disposición judicial, la medida que se adopte es que se les ponga seis meses de libertad vigilada y retornen al centro”.
Por eso mismo los trabajadores aseguran estar desbordados. María Teresa Merlo recalca que tienen que hacer frente a un número de menores demasiado elevado para el personal con el que cuentan. Aunque la ratio máxima permitida de menores en este centro es de 24, esta cantidad sobrepasa los 30 con asiduidad, afirman. Pues se trata de un centro de acogida inmediata, es decir, un centro en el que los menores pueden estar un máximo de tres meses antes de ser enviados a otros centros definitivos. Sin embargo, los plazos se agotan frecuentemente sin que los menores hayan sido reubicados.
“Efecto llamada” al centro de protección
Además, en total, según documento público de la Junta de Andalucía, deberían ser 10 monitores y 14 educadores sociales los que en este centro deberían dividirse en tres turnos ya que la actividad dura todo el día. Pero eso tampoco se cumple porque, según Merlo, “no están al cien por cien cubiertas las plantillas porque alguno de los trabajadores puede estar cedidos a otros centros, no estar disponible en determinado momento o directamente no estar cubiertas las plazas”.
Para agravar la situación, según los trabajadores, el centro Ángel Ganivet es la referencia para estos menores en Andalucía. “Entre ellos hablan y todos quieren venir al centro Ángel Ganivet porque comentan que es donde mejor les tratan”, dicen desde el CSIF. “Estamos hablando de un centro de protección por lo tanto tiene que ser un centro abierto. Pero los chicos acaban volviendo, se produce un efecto llamada”.
Un hecho que por sí solo no entraña ningún problema pero al que hay que unir que según la portavoz del sindicato CSIF, “casi todas las semanas hay algún tipo de agresión” y que se producen “robos, insultos graves a los trabajadores, humillaciones constantes (…) no tenemos ningún tipo de seguridad en este centro”.
El CSIF pone la voz de alarma: “lega un momento en que el trabajador psicológicamente se deprime”.
Por eso, mientras la Administración toma nota de sus peticiones, los trabajadores sólo pueden aguantar la situación. O apostar por una segunda vía más complicada: la posibilidad de cambiarse de centro, algo que, según su convenio, se debería ofertar cada año aunque la Junta, denuncian, no saca concurso desde 2011. Según Merlo, los trabajadores “están condenados a seguir en el mismo centro hasta la fecha de su jubilación”.
“Hecho aislado”
Tras la noticia, el Gobierno andaluz ha aportado su versión de lo que pasó en el centro de menores. Desde la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Granada, su delegado, Higinio Almagro, califica lo sucedido como de “un hecho aislado” aunque reconoce que “se pueden registrar hechos menores aunque la normalidad es lo habitual” porque, al contrario de lo que dicen los trabajadores del centro, Almagro sostiene que son menores “que están pensando no en quedarse sino en cómo irse”.
Al tiempo que agradece el trabajo que están desarrollando los empleados de este centro y de todos los centros de España, el delegado confirma que la Junta de Andalucía puso en marcha el protocolo necesario para estos casos. Avisaron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y han derivado el caso a la Fiscalía de Menores y a la Oficina del Menor. Una Fiscalía de la que los trabajadores del centro de menores Ángel Ganivet esperan medidas más restrictivas contra unos jóvenes que, recuerda María Teresa Merlo, han llegado a cometer un “atentado contra la autoridad” al agredir a la Policía Nacional. De momento, la Fiscalía de Menores ha pedido el internamiento en un centro de reforma para cuatro de los diez menores detenidos. Los dos que se habían fugado han sido ya detenidos.
