Un informe del Ayuntamiento de Motril afirma que la alcaldesa “vulneró” la normativa al usar fondos públicos para pagar una condena
Nuevo revés para la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro (PP). Un informe del interventor municipal ha confirmado que “vulneró” la normativa al utilizar fondos del grupo político del Partido Popular para hacer frente al pago de 4.000 euros de una condena por injurias que le fue impuesta en 2019. Según el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, la regidora no actuó correctamente porque el Consistorio de Motril no tiene “cobertura legal para asumir esos gastos”.
Por lo tanto, el documento contradice a García Chamorro que aseguró a este medio que el pago al que tuvo que hacer frente era de “gastos jurídicos que sí se podían pagar con esos fondos”. Al respecto, el interventor declara que “no concurren los requisitos” necesarios para que el abono de ese dinero se pueda considerar correcto, “dado que el grupo político realizó dos pagos a la concejala cuyo destino era el pago de unas costas judiciales derivadas de una condena”.
El caso, destapado por elDiario.es Andalucía, evidencia cómo la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro (PP), utilizó dinero público para pagar una sentencia sin tener potestad para hacerlo. La regidora admite el origen de los fondos utilizados, pero sostiene que lo hizo porque la normativa se lo permite y porque así se lo aconsejó la asesoría jurídica del Partido Popular. Un extremo que también desmienten fuentes de la formación.
García Chamorro fue condenada a indemnizar al exgerente de Visogsa, José Luis Hernández, por difamarle en 2011 al afirmar que utilizó una Visa Oro al margen de su cargo y de su sueldo público. Una acusación por la que Hernández la denunció por un delito de calumnias y otro de injurias graves. Al tiempo, aunque en un principio la justicia archivó el caso, la Audiencia de Granada le dio la razón al exgerente de Visogsa y condenó, en el año 2017, en primera instancia a Luisa García Chamorro a pagar 1.080 euros de multa por injuriarle. Cuantía que pagó y cuyos comprobantes facilitó a este medio.
Sin embargo, dos años después, el juzgado incrementó la condena hasta los 4.616,15 euros al añadir las costas procesales, la propia multa inicial y el coste de publicar en los medios de comunicación la sentencia que la condenó. De ahí salen los 4.000 euros que se ingresó la alcaldesa del grupo municipal y que ahora están en el centro de la polémica.
Denuncias ante la Fiscalía
Por lo ocurrido, Izquierda Unida y PSOE del Ayuntamiento de Motril han llevado a Fiscalía sendas denuncias para tratar de esclarecer unos hechos sobre los que ya se ha pronunciado el interventor municipal. Tras destaparse el asunto y defender su inocencia y la legalidad de los hechos, Luisa García Chamorro dijo haber devuelto el dinero a las arcas municipales en una entrevista en el diario IDEAL. No obstante, este medio no ha tenido confirmación documental de dicha devolución.
Con este informe que deslegitima la actuación de la alcaldesa, García Chamorro se queda en una posición delicada dentro del Consistorio. Algo que ocurre justo cuando acaba de ser elegida presidenta local del PP de Motril tras el adiós del diputado nacional Carlos Rojas. La regidora ha mantenido el discurso de que este caso se ha destapado para influir en su nombramiento y que no había nada punible. Algo que ahora queda en el aire.
Lo que tampoco está del todo claro es cómo va a actuar el Partido Popular de Granada con la alcaldesa. Desde el principio han guardado silencio sobre este caso y se llegó a especular con que no habría nadie de la cúpula en el congreso local que la nombró presidenta. A última hora y tras una ronda de contactos que confirman fuentes populares a este medio, el presidente provincial, Francisco Rodríguez, decidió cerrar filas y acudir a la cita sin mencionar el tema.
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