La Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía, que encontró deficiencias en el proyecto urbanístico para la construcción de un nuevo centro comercial en Motril, no ha verificado que se hayan subsanado las carencias que señaló en su día.
Tanto la Dirección General de Comercio como el secretario general de Ordenación del Territorio han admitido a eldiario.es Andalucía que un informe de la propia Dirección General de Comercio, preceptivo y vinculante, y emitido el 28 de julio de 2014 en sentido “favorable condicionado”, no ha contado con un informe posterior en el que se constate el cumplimiento de las condiciones. Está previsto que las tiendas, cuya licencia de obras investiga la Fiscalía, se inauguren antes de fin de año.
La nueva zona comercial de Motril, que contará con un Mercadona y un Decathlon, está situada en una parcela rodeada de fincas rústicas. Se trataba de suelo protegido por albergar cultivos tradicionales hasta noviembre de 2016, cuando el Ayuntamiento de Motril aprobó (con la única oposición de IU) el acuerdo para instalar esta nueva zona comercial, a pesar de que el PGOU reserva en otros puntos del municipio más de 200.000 metros cuadrados para el desarrollo de zonas comerciales.
Desde la aprobación, sus detractores denuncian que obedece a intereses económicos, y el propio arquitecto de la promotora dio a entender en su día que Mercadona y Decathlon habían exigido instalarse en esos terrenos.
Estimaciones de tráfico “sin documentar”
La tramitación del expediente presenta algunos puntos que ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento han aclarado. Así, para realizar la innovación al PGOU previa a las obras era necesario informe favorable de la Dirección General de Comercio, que lo emitió el 28 de julio de 2014, incorporando a su vez varios informes sectoriales. El informe, firmado por la entonces directora general de Comercio, se emite “favorable condicionado” al cumplimiento de varios requisitos.
Uno de ellos era la subsanación de deficiencias de movilidad. Así, uno de los informes sectoriales, realizado por la Dirección General de Movilidad, detectaba graves carencias en el plan que el ayuntamiento había dado por bueno. El consistorio ni siquiera había aportado inicialmente un plan de movilidad urbana, sino un “estudio de tráfico”, que el técnico rechazó por no ser lo que prevé la normativa. Tampoco priorizaba la movilidad sostenible, como exige la ley.
La Dirección General de Movilidad también alertaba de que el “estudio” sólo se ocupaba de los objetivos de tráfico motorizado, y ponía en cuestión incluso la propia metodología utilizada, calificándola de “un tanto peculiar” por no basarse en una estimación racional del tráfico que van a generar las nuevas superficies comerciales. Las estimaciones del Ayuntamiento no estaban “documentadas”, y se basaban en cálculos sin justificar o en datos insuficientes, según aquel informe.
Por último, se incluía una consideración sobre el emplazamiento del centro comercial. “Se destaca que la propuesta no sigue los criterios del artículo 33 de la Ley de Comercio Interior de Andalucía”, que establece que estos centros comerciales deben instalarse preferentemente en suelo urbano. El informe también recordaba que el propio PGOU fija una distribución policéntrica de zonas comerciales que este proyecto ignora sin justificación.
“Ese informe no existe”
La Junta de Andalucía, que aprobó finalmente el proyecto de innovación del PGOU, ha ignorado estas consideraciones. En conversación telefónica, Miguel Baturone, Jefe de Planificación del Transporte y firmante del informe de movilidad que calificaba negativamente la propuesta, pidió a eldiario.es Andalucía que preguntara a la Dirección General de Comercio sobre las posibles subsanaciones, y admitió que su informe era claro al señalar las deficiencias del proyecto del Ayuntamiento de Motril.
La Dirección General de Comercio, por su parte, admitió a este medio que no existe un informe que verifique que se han cumplido las condiciones que ella misma había establecido. Según explicó en un correo electrónico, “la DG de Comercio no tiene asumidas competencias de fiscalización del cumplimiento de las condiciones”, y sus propuestas deben ser valoradas por la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística. “Este informe no es vinculante, sino preceptivo, por lo que la Comisión no está obligada a pedir verificación”, señala la Dirección General. Sin embargo, el apartado “naturaleza” del informe de 28 julio de 2014, que puede consultarse aquí, señala con claridad que se trata de un informe “preceptivo y vinculante”.
Rafael Márquez, secretario general de Ordenación Territorial, explica a eldiario.es Andalucía que fue la comisión provincial de coordinación la encargada de decidir que no era necesario emitir un nuevo informe, dando por subsanadas las deficiencias. “El Ayuntamiento pidió el informe de ratificación, pero ese informe no existe”, asegura. De esa forma, el proyecto se habría aprobado por silencio positivo, a pesar de que existía un informe que detectaba carencias en las previsiones de movilidad, a cuya subsanación se condicionaba la aprobación definitiva.
Unos accesos insuficientes
La instalación de estas nuevas superficies comerciales ha sido denunciada ante los juzgados de lo contencioso-administrativo por la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT), la Asociación en Defensa del Comercio Motrileño y Ecologistas en Acción. Además, la Fiscalía investiga si las obras se iniciaron sin licencia.
Las deficiencias en las previsiones de movilidad son una de las cuestiones denunciadas ante los juzgados. El acceso al futuro centro comercial se realiza a través de un carril de vía estrecha por sentido (3,55 metros de ancho, con arcén de 40 centímetros), que no podrá ampliarse sin realizar nuevas expropiaciones y reclasificaciones de los terrenos, de naturaleza agrícola.
La rotonda de acceso está desplazada del eje de la carretera y no da margen de giro suficiente para los vehículos grandes. Los denunciantes disponen de un informe topográfico en el que se constata que el radio ejecutado para la rotonda es aún menor que el propuesto sobre plano, que ya incumplía las medidas mínimas.
Todo el tráfico deberá ser canalizado por esta estrecha carretera, por lo que estos incumplimientos podrían provocar el caos circulatorio, según los opositores al plan, que además alertan de que los planes de evacuación no podrán cumplirse. Por eso, han pedido al Ayuntamiento la paralización inmediata de la inauguración y alertan de la responsabilidad patrimonial en la que podría incurrir si finalmente los tribunales determinan la nulidad de todo el proceso urbanístico, que provocó que los terrenos dejasen de ser un campo de chirimoyos para convertirse en un Mercadona y un Decathlon.