Una denuncia ha puesto en jaque a Jesús Raya Ibar, gerente de Visogsa, la empresa de la Diputación de Granada que se dedica a la explotación urbanística en la provincia. Desde el pasado 19 de noviembre, la justicia le investiga por haber participado, presuntamente, en la venta de una finca familiar, ubicada en el municipio en el que es alcalde por el PSOE y aprovechándose de esa condición, para sacarle beneficio económico mediante la construcción de una macrogranja porcina. Raya Ibar se enfrenta a una investigación en la que se aprecian indicios de “infracciones penales”.
Según el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Huéscar (Granada), al que ha tenido acceso este medio, la justicia ha abierto diligencias para aclarar la participación de Jesús Raya en la venta de la finca familiar que está en Castilléjar (Granada) -el pueblo donde es alcalde-, que pertenecía a sus padres y que hoy en día se ha convertido en una explotación ganadera. Si bien la investigación se centra en estos momentos en un presunto delito de prevaricación administrativa, los denunciantes, ‘Salvemos el Altiplano’ (colectivo de vecinos de la zona norte), aprecian también cohecho y tráfico de influencias en la actuación de este alto cargo de Diputación.
Una finca controvertida
Aunque el juzgado inició las investigaciones el pasado 19 de noviembre, los hechos que ahora se investigan han ido sucediendo en el último lustro. Desde que Jesús Raya asumiera la alcaldía de Castilléjar, al norte de la provincia de Granada, en junio de 2015, la finca familiar ha sido objeto de la polémica. Según la querella presentada por ‘Salvemos el Altiplano’, en el mismo mes en que fue elegido como regidor, Raya acordó con un empresario del sector porcino la venta de dos parcelas propiedad de su padre ubicadas en Castilléjar para instalar en ellas una ganadería porcina.
El trato se cerró durante aquel verano y a primeros de septiembre fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Castilléjar en el que Jesús Raya ya era alcalde del PSOE con mayoría absoluta. Un proceso urbanístico que, de acuerdo con la querella, ya era irregular entonces. No solo porque las parcelas vendidas fueran propiedad de la familia del alcalde, sino porque estaban clasificadas como suelo no urbanizable, por lo que no se podía construir en ellas. Sin embargo, el Consistorio aprobó la venta para permitir la instalación de una granja en la que se podían albergar hasta 1.999 cerdos y que además se ubica a menos de 500 metros de algunas viviendas.
Según la denuncia presentada, el empresario ganadero adquirió la propiedad familiar del alcalde “por un precio muy superior al del mercado para las fincas de secano en Castilléjar” y apenas unos días después comenzó con las obras para la instalación de la granja. Meses más tarde de que se aprobase la venta y comenzaran las obras, las circunstancias cambiaron de nuevo, poniendo al alto cargo de la Diputación en una situación delicada, cuando, de acuerdo con la querella, el padre de Jesús Raya falleció y este quedó como heredero de la finca, por lo que su nombre tuvo que estamparse en el documento de venta de la misma.
Movimientos electorales
Año y medio después de que Jesús Raya plasmara su firma en la venta de la que había sido la parcela de su familia al empresario ganadero, la granja volvió a ser noticia. En este caso porque se solicitó una modificación del proyecto para ampliar la explotación porcina y que, en lugar de tener plaza para 1.999 cerdos, la cifra aumentase hasta los 7.200. Según la denuncia, esta modificación se solicitó “conforme tenían acordado el empresario y el querellado”.
Sin embargo, cuando parecía que la ampliación se iba a llevar a cabo y que de una finca familiar se iba a llegar en poco tiempo a una macrogranja, el propio alcalde, a través de un pleno, rechazó el acuerdo en enero de 2019 alegando que no se justificaba debidamente “el interés social y el carácter de utilidad pública”, a solo cuatro meses de las elecciones municipales. Desde ‘Salvemos el Altiplano’ asumen que eso ocurrió porque el edil se encontraba en plena precampaña electoral y el proyecto de ampliación había supuesto una oleada de protestas y quejas de la ciudadanía. Un argumento que ganó peso con el paso de los meses.
Porque Jesús Raya fue reelegido como alcalde de Castilléjar en junio de ese mismo año y lo hizo con una aplastante victoria que hace que hoy en día todos los concejales sean del PSOE. Apenas unas semanas después de su reelección, el alcalde volvió a llevar a pleno la ampliación que había parado en enero por las presiones sociales. Solo tuvo que esperar ocho meses más para que en el pasado mes de febrero se aprobase definitivamente la modificación de la granja que le permite tener ahora plaza para 7.200 cerdos en lugar de los 1.999 que se permitía en el primer acuerdo.
Aprovechando su condición de alcalde
Por todo ello, la plataforma 'Salvemos el Altiplano' entiende que Jesús Raya ha podido cometer los delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Observan cohecho porque permitió la venta de la parcela para construir una granja en un suelo no urbanizable y que pertenecía a sus padres. Aprecian tráfico de influencias porque indujo al resto de concejales socialistas a votar a favor en todos los plenos en los que se debatió algún asunto relacionado con la controvertida finca. Y entienden que se ha producido prevaricación administrativa por votar a favor “a sabiendas de su injusticia” tanto en el pleno que aprobó la venta como en el que se permitió la ampliación de la granja.
Además, los denunciantes sostienen que Castilléjar y los municipios colindantes tienen un problema con las macrogranjas ya que existen tantas explotaciones porcinas que tocan a varios centenares de cerdos por habitante. Una cuestión que les preocupa porque contamina el entorno por los olores y hace lo propio con el agua y la calidad del aire. Este medio se ha puesto en contacto con el alcalde y alto cargo de la Diputación de Granada para conocer su postura sobre los hechos que se investigan. Jesús Raya rechaza hacer ningún tipo de declaración al respecto porque sostiene que aún no le ha llegado ninguna notificación del juzgado y dice desconocer de qué se le acusa.