PP y Vox desafían a Defensa y se escudan en que el suelo es rústico para bloquear un centro de migrantes en Granada

La puesta en marcha de un centro de acogida de migrantes en Granada ha abierto una disputa entre los municipios afectados por su ubicación y el Gobierno central. Los ayuntamientos de Armilla y Alhendín, gobernados por PSOE y PP respectivamente, se oponen a la construcción de estas instalaciones, impulsadas por el Ministerio de Defensa junto a una base aérea. Los municipios alegan razones urbanísticas y argumentan que el suelo elegido no cumple con las características legales, mientras la Subdelegación del Gobierno asegura que no hay una decisión tomada y que la operación está “en estudio”.

El caso se ha precipitado en las últimas horas después de que Alhendín, la localidad en la que Defensa instalaría este centro, se haya opuesto a través de un pleno extraordinario a la construcción de un centro con capacidad para albergar a 1.200 personas, especialmente pensado para solicitantes de asilo y protección internacional, al preverse en un suelo que no es urbanizable al estar calificado como rústico no urbanizable.

Este jueves el pleno del Ayuntamiento de Alhendín (Granada) ha aprobado, con el apoyo del gobierno local del PP, que tiene mayoría absoluta, y del grupo municipal de Vox, paralizar cualquier intervención en los terrenos del término municipal incluidos en la Base Aérea. El PSOE se ha abstenido en la votación. La comunicación de las obras, a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía y que han sido adjudicadas a la empresa Tragsa, con una inversión prevista de 21,9 millones de euros, fue remitida al Ayuntamiento, gobernado por el PP, el pasado día 2 de abril con carácter de emergencia con el fin de habilitar un espacio que pueda acoger a migrantes “llegados a las costas españolas” y atender “sus necesidades básicas”.

El centro se levantaría junto a la Base Aérea de Armilla, que depende del Ministerio de Defensa, pero está en suelo municipal de Alhendín, localidad colindante. De ahí que tanto el Ayuntamiento de Armilla como el de Alhendín se hayan opuesto. En ambos casos señalan razones urbanísticas de planeamiento para oponerse, pero la legislación al respecto les deja poco margen. Según fuentes jurídicas consultadas, al tratarse de obras de emergencia impulsadas por el Gobierno central, la normativa local de un municipio no puede impedirlas.

Una trama de más de 27 millones de euros

Sin embargo, se da la circunstancia de que Alhendín, cuyo alcalde es el presidente del PP de Granada, Francisco Rodríguez, afronta una investigación judicial por una presunta trama de corrupción urbanística que tuvo su origen hace casi 20 años. La misma es conocida como 'Caso Marchelo' y afecta al tío de Rodríguez, el exalcalde José Guerrero, porque los posibles hechos delictivos ocurrieron bajo su mandato, a principios de los años 2000. El exregidor, el exconcejal de Urbanismo, algunos técnicos municipales y varios empresarios, en total 16 personas, están acusadas desde 2007 en una trama que, según estimó el propio Ayuntamiento de Alhendín en 2018, podría haber supuesto una pérdida de más de 27 millones de euros para las arcas locales.

La paradoja es que, entre las piezas en las que está dividida la causa, que se prevé que este año celebre su juicio tras casi dos décadas de instrucción, hay una que se relaciona precisamente con la Base Aérea de Armilla. Junto a ella, en una zona que estaba dedicada a servidumbre aérea –para que los aviones puedan despegar y aterrizar con seguridad– se permitió la construcción de mil viviendas, sin tener en cuenta que este hecho lo impedía. Tras varios años de pleitos y negociaciones entre Alhendín y el Gobierno central, los inmuebles acabaron construyéndose y la servidumbre se amplió para evitar mayores perjuicios económicos tanto al Consistorio como a las personas que ya habían adquirido sus casas, algunas de protección oficial.

Cuando el entonces alcalde fue imputado por el juzgado, dimitió de su cargo en marzo de 2007, y Francisco Rodríguez, que en aquel momento era concejal de Juventud, se convirtió en el sustituto de su propio tío y se hizo con la Alcaldía hasta las elecciones de mayo. Aunque perdió los comicios ante el PSOE de Miguel Ángel Gamarra en 2011, volvió a hacerse con un consistorio que aún mantiene hasta el punto de que la ha servido para ser presidente del Partido Popular de Granada y, desde mayo de 2023, presidente de la Diputación provincial.

El pleno “más importante de la democracia”

Ahora, en plena polémica por la instalación del centro de migrantes y a la espera de que se celebre el juicio por el Caso Marchelo, Rodríguez ha protagonizado este miércoles un pleno que ha calificado como “el más importante de la democracia” para la localidad de Alhendín para oponerse a las futuras instalaciones. Desde el Ayuntamiento alegan que el suelo en el que se quiere construir, conocido como Colonia de Damián, carece de los requisitos necesarios para ser urbanizado.

Al respecto, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, pese a que existe una comunicación de inicio de las obras a Alhendín, matiza en todo caso que la construcción de la instalación está en estudio y que existen varias ubicaciones posibles, remarcando que se trata de un asunto que “está por encima” de la política. “Obviamente, cuando se instale en alguno de estos terrenos será después de haber hecho todos los estudios previos, no solo de carácter técnico, sino también de carácter jurídico”. Montilla recuerda que este centro es “absolutamente necesario” porque se trata de una cuestión “humanitaria” y que “las personas no pueden esperar meses”, al tiempo que apela al “diálogo” no sólo con el Ayuntamiento de Alhendín sino con el de Armilla.

Su alcaldesa, la socialista Loli Cañavate defiende que es un municipio “solidario” pero puede “saturar y a colapsar todos los servicios públicos” dadas las características de los municipios del entorno. En una atención a los medios este jueves, de la que informa Europa Press, ha dicho que “el centro que se pretende por el Gobierno de España” se entiende desde su ayuntamiento que no tiene una “ubicación idónea” en tanto en el “entorno en que se pretende ubicar”, por las “características de los municipios” que lo componen y por el “volumen que se pretende en esa acogida, que vendría a saturar y a colapsar todos los servicios públicos”, resaltando los contactos que ha mantenido con el Gobierno desde que tuviera conocimiento del proyecto, “valorando toda la problemática”, ante lo que ha señalado que se estudian por parte del Ejecutivo central “posibles ubicaciones alternativas.