La Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) sigue dando pasos para evitar acabar disuelta en el nuevo Instituto Andaluz de Salud Pública. El comité de empresa de la institución sanitaria con sede en Granada ha elevado un escrito de alegaciones al anteproyecto de ley con el que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía quiere crear el Instituto y absorber la escuela y otros organismos similares. El objetivo, según defiende el Gobierno andaluz, es emular al Instituto de Salud Carlos III de Madrid y crear así una gran estructura regional para la investigación y la formación sanitaria. Sin embargo, desde la EASP temen que esto acabe con su institución.
Tras más de 30 años funcionando como una de las entidades sanitarias más prestigiosas de España, colaborando estrechamente con la Universidad de Granada y siendo una de las pocas que posee acuerdos internacionales con entidades de casi todo el mundo, los planes de la Junta de Andalucía han supuesto un mazazo para buena parte de los trabajadores de la escuela. Por eso, han presentado un documento con alegaciones al anteproyecto de ley, especificando que se deben respetar los puestos de trabajo, la sede en la que está la EASP y que no se debe poner en peligro el prestigio internacional que se ha conseguido en las últimas tres décadas.
La Junta de Andalucía ya intentó en el invierno de 2020 cerrar la escuela y solo la presión social e institucional lograron frenarlo. Como la Consejería de Salud fracasó entonces, volvió a probar suerte el pasado diciembre utilizando una auditoría privada cuya imparcialidad se puso en duda por parte de los trabajadores. Dicho informe, que costó 22.000 euros de dinero público, lo realizó la firma Ernst&Young, consultora muy próxima al Partido Popular. Pese a que la auditoría en su conjunto ponía de relieve las bondades de la EASP, aparecieron dos páginas añadidas que no parecían corresponder al informe original y en las que se recomendaba estudiar la viabilidad y el futuro de la escuela. Algo que generó una fuerte controversia en el seno de la institución, sobre todo por poner en duda una entidad sanitaria justo en el peor momento de la pandemia contra la Covid-19.
A pesar de la oposición de los trabajadores de la EASP, esta vez Salud sí pudo seguir adelante con su hoja de ruta y en febrero de 2021 inició el anteproyecto de ley que conlleva su disolución en el Instituto de Salud de Andalucía. Hace poco más de un mes, la Junta puso en marcha la tramitación legislativa que permite que quienes se oponen al proyecto puedan presentar alegaciones hasta el próximo 24 de junio. Algo que han hecho desde el comité de empresa de la institución granadina.
Según el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, se alega sobre tres aspectos concretos: el futuro de los empleados, la sede y la personalidad jurídica. Las fuentes del comité consultadas sostienen que estos son los tres pilares que están en juego si se crea el ISA y, como no pueden frenar su puesta en marcha, deben protegerlos. Por eso, citan varios artículos del anteproyecto de ley para pedirle a la Consejería de Salud que los modifique y permita así que la EASP siga teniendo cierto margen de maniobra que le permita seguir conservando la marca que lleva 30 años existiendo.
Sobre el futuro de los empleados de la escuela, el comité de empresa alega que el artículo 1.2 del anteproyecto da lugar a “interpretaciones” que no dejan claro qué pasaría con ellos. Alegan que debe incluirse explícitamente que se subrogue a todo el personal actual, “según el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores”. Citan esa norma recordando que establece que hay una obligación “de que el nuevo empleador se subrogue, es decir, asuma todas las obligaciones y los derechos laborales de los trabajadores del empleador saliente”. Aunque no es el único aspecto que afecta al personal y que también preocupa al comité de empresa.
También se alega que se debe garantizar el acceso de la plantilla de la EASP a todos los niveles del futuro ISA. “Debería recogerse la oportunidad de acceso a la Función Pública, mediante oposiciones de acceso restringido”. Por otro lado, reclaman que el personal trabaje en la sede que tiene la escuela en Granada y que no sea trasladado a la que tendrá el instituto en Sevilla. Otro de los grandes caballos de batalla que ha incendiado la polémica sobre el futuro de esta institución.
Política y socialmente, el posible cierre y disolución de la Escuela Andaluza de Salud Pública ha generado rechazo sobre todo porque puede implicar que Granada pierda una entidad de prestigio. Por eso, a pesar de que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha insistido en que la ciudad de la Alhambra seguirá contando con la EASP, desde el comité de empresa no se fían y quieren que eso aparezca por escrito en el anteproyecto de ley. “La disolución de la EASP supone una pérdida de influencia para la ciudad de Granada e implica desmantelar uno de los principales activos de la ciudad y provincia. La EASP invierte de forma directa e indirecta en la ciudad 15 millones de euros anuales contratando a más de 296 proveedores locales, por un volumen de contratación de 3 millones de euros”, señalan en las alegaciones.
Como no quieren que se pierda ese músculo económico y se ponga en peligro el prestigio consolidado, piden que el futuro ISA reconozca dos sedes: la de Sevilla y la de Granada en la que seguiría estando la EASP. Además, sostienen que en el artículo 15 del anteproyecto debe indicarse que cada una tendrá su propia gestión. Un aspecto que se relaciona directamente con el otro pilar que defiende el comité de empresa: la personalidad jurídica de la escuela. Sobre eso también han presentado alegaciones insistiendo en la necesidad de que se respete también ese aspecto.
En el comité de empresa no quieren que la EASP se disuelva en el ISA hasta el punto de perder su libertad y margen de actuación al no tener su propia personalidad jurídica. Entienden que puede suponer la “pérdida del posicionamiento estratégico internacional y el mantenimiento de alianzas ya consolidadas con otros organismos e instituciones de enorme prestigio, del ámbito nacional e internacional”. Si se extingue la entidad sanitaria como está hoy en día, también se perderían los convenios estratégicos, los títulos universitarios y el volumen de negocio privado que la escuela ha logrado crear en más de 30 años. “La alegación propuesta es que la EASP se incorpore al ISA como centro adscrito, como está previsto que lo hagan otras entidades en el artículo 6, de modo que aporte toda su experiencia y capacidad de proyección internacional, sus alianzas estratégicas y su reconocido posicionamiento como centro colaborador de la OMS”.
Por último, se añade otra alegación. “Teniendo en cuenta que la Ley de Salud Pública (Ley 16/2011) en su artículo 47 encomienda a la EASP, entidad que se integrará al instituto, ”la generación y gestión del conocimiento en los campos de la salud pública y la gestión de servicios sanitarios y sociales, mediante el desempeño de actividades de formación, consultoría, investigación y cooperación internacional en estas materias“ y habiéndose incluido este aspecto como parte del objeto social del ISA, debería incorporarse al documento del anteproyecto en su artículo 25 la creación de la categoría en Salud Pública y la Gestión Sanitaria”. Es decir, quieren que se reconozca la función que desempeña su plantilla para que se pueda crear una nueva categoría profesional que no acabe con el espíritu de trabajo de la escuela evitando a toda costa que la EASP pase a ser historia.
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