AGUA

El TSJA exige a la Confederación del Guadalquivir que se pronuncie ya sobre el trasvase del río Castril

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) exige a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que entregue la documentación sobre el presunto trasvase del río Castril que tiene previsto, según denuncia la Plataforma en Defensa del Río Castril. Es la segunda vez que este tribunal pide esta información ante el silencio de la CHG sobre el recurso interpuesto por esta asociación civil contra el proyecto de trasvase. Sin dicha documentación, la plataforma conservacionista no puede interponer ninguna demanda y el plan podría seguir adelante. De momento, la CHG no se pronuncia.

El asunto, que es recurrente, también es complejo. Ante la sobreexplotación de acuíferos que está teniendo lugar en la zona de la comarca de Baza por explotaciones agrícolas y ganaderas desde hace ya varias décadas, especialmente por parte de industrias gran tamaño, la Plataforma en Defensa del Río Castril denuncia que la CHG quiere seguir captando agua desde la salida del pantano del Portillo en el que nace el arroyo de Castril para beneficio de estas industrias y lo quiere hacer utilizando como argumento el abastecimiento de la población local.

Basan su sospecha en eI III ciclo del Plan Hidrológico del Guadalquivir que esta demarcación hidrográfica está desarrollando. En él, aseguran desde la asociación civil, está previsto que se lleve parte del caudal del arroyo hasta la zona adyacente a la localidad de Baza, donde más explotaciones del sector primario están proliferando en los últimos tiempos. Además, de acuerdo con la plataforma, lo que pretende la CHG es darle “cobertura legal” a un proyecto, cuyas obras de trasvase ya se iniciaron y están muy avanzadas, que no tiene amparo normativo desde el Real Decreto de Sequía 1419/2005 que impide precisamente estos planes de trasvasar arroyos. Sobre todo, en un momento de sequía como el que atraviesa España.

Dicho decreto fue modificado por una orden ministerial que declaraba de “urgencia” la construcción de las conducciones para llevarse el agua desde el río Castril, precisamente con el argumento de la falta de recursos hídricos que en teoría padece la comarca de Baza para el abastecimiento humano. El problema es que en dicha argumentación no aparece mención alguna a más poblaciones que la propia Baza, lo que hace sospechar a esta plataforma de las verdaderas intenciones del trasvase. Por ello, desde esta plataforma, integrada por unas 200 personas, llevan cerca de dos décadas presionando de diferentes formas para que la CHG no pueda construir una infraestructura de trasvase.

Años de presión

Entre las medidas llevadas a cabo, como encierros en ayuntamientos de la zona y recursos ante diferentes administraciones, la plataforma planteó hace ahora casi un año un recurso para anular las obras de urgencia que plantea la CHG para este trasvase. Un recurso interpuesto ante el TSJA sobre el que la confederación ha de responder aportando la documentación solicitada por esta asociación. El problema es que la CHG no respondió en primera instancia en mayo de 2022 y tampoco lo ha hecho desde que el tribunal lo volvió a exigir en julio de 2022.

Ante este silencio administrativo, el TSJA ha vuelto a solicitar, bajo amenaza de una sanción simbólica de entre 300 y 1.200 euros, que la CHG entregue estos documentos. Entre ellos, la memoria del proyecto, la orden ministerial o diferentes contratos y resoluciones que demostrarían los planes de esta demarcación hídrica.

Este medio se ha puesto en contacto con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para conocer en qué punto está la tramitación de estos documentos y entender por qué no se han entregado antes. Sin embargo, desde la Confederación se niegan a hacer declaraciones, aunque en los últimos meses las fuentes oficiales consultadas siempre han mantenido que no hay intención alguna de llevar a cabo el trasvase del que sospechan en la plataforma conservacionista.