Un informe policial señala que el Ayuntamiento de Granada perdió 4,8 millones de euros para beneficiar a un constructor

La 'Operación Nazarí' que puso fin a 13 años de mayorías absolutas del PP en el Ayuntamiento de Granada vuelve a estar de actualidad. Porque un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) apunta de nuevo al Ayuntamiento de Granada en uno de los ocho convenios que se están investigando. En este caso, el que hace referencia a la parcela PP-T1 denominada así en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el Cerrillo de Maracena al norte de Granada capital.

Según el informe al que ha tenido acceso este medio, el Gobierno del exalcalde José Torres Hurtado (PP), manipuló un convenio de cesión de unos terrenos para beneficiar a un constructor aún sabiendo que lo que se estaba pactando perjudicaba a las arcas municipales. Provocando con tal convenio un agujero de al menos 4,8 millones de euros según un informe de 2017 del exdirector de Urbanismo, Jacobo de la Rosa.

Seis años y un destino

El relato de los acontecimientos que explican lo sucedido en este convenio tiene un periodo de tiempo muy definido: de 2005 a 2011. Esas son las fechas entre las que sucede todo y en las que se van dando diferentes acontecimientos que le sirven a la UDEF para asegurar que el Ayuntamiento de Granada estaba operando ilegalmente con perfecto conocimiento de ello.

El origen, en 2005, está en la cesión de unos terrenos por parte del Consistorio a José Julián Romero, promotor urbanístico. Su nombre aparece en multitud de ocasiones tanto en esta 'Operación Nazarí' como en otros casos en los que la legalidad está en entredicho. Él es quien se beneficia de todo el proceso hasta el final y con el conocimiento y el apoyo de parte de la cúpula de Urbanismo según el informe detallado de la UDEF.

La parcela que se le cede al promotor es la del Plan Parcial PP-T1 en el Cerrillo de Maracena en Granada capital. Se le cede porque según aparece en el convenio suscrito entre las partes, los terrenos “no cumplen con el destino del Patrimonio Público del Suelo Municipal, no pueden ser destinados a usos residenciales para viviendas de protección pública, ni declarados de interés público”. Es decir, los terrenos han de pasar a manos privadas porque no hay modo de que el Ayuntamiento los pueda aprovechar. El precio por el que se cede la parcela es de más de 9 millones de euros.

Aunque la operación arranca en 2005, el convenio no se hace efectivo hasta el 3 de agosto de 2007. Tras la firma de tal convenio, José Julián Romero debía pagar el precio de la cesión en un plazo máximo de 15 días desde entonces. Pero el día 22 de agosto, fecha en que acababa tal plazo, llegó y nadie pagó por aquellos terrenos. Y sin embargo nadie del equipo de Gobierno ni de la Gerencia de Urbanismo le reclamó la cantidad adeudada a José Julián Romero.

Tiene que ser ya en febrero de 2008 cuando tras la dimisión del gerente de Urbanismo, Manuel Lorente, la sustituta de este, Carmen Cabrera, empiece a depurar responsabilidades y a descubrir que efectivamente el Ayuntamiento de Granada tenía una deuda a su favor de más de 9 millones de euros. Deuda contraída meses antes por José Julián Romero por la cesión de la parcela del Plan Parcial PP-T1. Es en ese momento cuando el Consistorio decide empezar un proceso para reclamar el dinero que el promotor le debe.

Pero en 2010 el Ayuntamiento de Granada se lleva un revés judicial por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la capital granadina. Una sentencia acepta el recurso presentado por José Julián Romero para no pagar la deuda y estima que quien debe pagarla no es el constructor sino la Junta de Compensación. Por lo que el Consistorio de Torres Hurtado termina adoptando ya en 2011 una “solución” -cita literal de la UDEF- para reclamar el pago. Pese a que había informes que denunciaban que la misma era ilegal.

La recompra de una deuda

Las decisiones que toma el Ayuntamiento de Granada en 2011 para reclamar la deuda al promotor José Julián Romero fueron, a juicio de la UDEF, “lesivas” y que no cumplían los requisitos legales. Además se toman precipitadamente y antes de las elecciones municipales de aquel año para dejar el convenio resuelto antes de que pudiera entrar otro equipo de Gobierno.

Dos días antes de los comicios, la cúpula de Urbanismo de Torres Hurtado, a través de un procedimiento que la investigación policial considera ilegal porque puentea al Pleno del Ayuntamiento de Granada, decide aceptar la entrega de parte de los terrenos para saldar la deuda del constructor con el conocimiento del entonces alcalde. Es decir, el Ayuntamiento pasa de tener una deuda a su favor a quedarse con una parcela con deudas y cargas porque ni siquiera se había llegado a terminar de urbanizar y había procedimientos administrativos en curso.

Lo que acepta el Ayuntamiento es lo que se conoce como la dación en pago. Una figura legal que permite que cualquier deudor pueda saldar su deuda entregando el bien por el que existe tal deuda. El problema es que en este caso no se entregan todos los terrenos sino una parte de ellos y además se hace mediante otro procedimiento ilegal. Porque el Consistorio pide una nueva valoración de los terrenos para cuantificar cuánto valen pero se los solicita a un economista externo cuando la UDEF señala que ese tipo de procedimientos debía hacerlos alguien del propio área de Urbanismo.

No solo eso, según el informe policial, tras la nueva valoración de los terrenos, la misma considera que si se cedían un 15,75% de los mismos al Ayuntamiento, la deuda de José Julián Romero quedaba saldada. Sin embargo, se acaba firmando el convenio de liquidación disminuyendo arbitrariamente ese porcentaje hasta el 14,51%. Lo que suponía otra pérdida de dinero para las arcas municipales.

Según la UDEF, tras el convenio de liquidación, José Julián Romero pasó de deber más de 9 millones de euros a saldar su deuda pagando en especie tan solo 7. Literalmente, el informe policial lo resume así: “En vez de recibir el importe estipulado en metálico por la venta cuando se debía (agosto de 2007), el Ayuntamiento acepta como pago por esa deuda en 2011 (más de 4 años después) la mitad del suelo y del aprovechamiento que había cedido y por si no fuera poco, condonando los intereses de demora y costas”.

José Julián Romero acabaría pagando poco más de 1 millón de euros en julio de 2011 por la parte que le correspondía de los terrenos. Acabaría vendiéndola dos años después de diferentes compraventas liberándose de los terrenos y de las cargas de los mismos mientras obtenía un beneficio económico según señala la UDEF en su informe.

Desde 2007 a 2011, como se ve, se producen una serie de acontecimientos que perjudican a la economía municipal al sumarle deudas que en principio no debían ser contraídas. Ahí es donde la investigación policial está tratando de esclarecer lo sucedido y ver si entre el promotor José Julián Romero y la cúpula de Urbanismo había una relación fluida e ilegal. Por ello, el informe de la UDEF calcula que haciendo una estimación a la baja de lo que se dejó de cobrar y de las cargas que el Consistió acabó soportando, el perjuicio para la ciudad de Granada acabó sumando al menos de 4.822.528 euros por este asunto.

La investigación de este convenio se añade a los otros siete que la UDEF sigue investigando en el marco de la 'Operación Nazarí' y que ponen a la cúpula de Urbanismo de Torres Hurtado, y a él mismo, en el centro de la diana. Sobre el exalcalde recaen cinco supuestos delitos: prevaricación, contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación. Los mismos que contra su exconcejala de Urbanismo, Isabel Nieto. Ambos, junto con otros nombres relevantes de aquel equipo de Gobierno, habrían estado tejiendo. según la policía, una auténtica red criminal con operaciones urbanísticas ilegales.