El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán se ha desentendido este miércoles de cómo gestionaba sus programas la Consejería de Empleo y de qué partidas presupuestarias partieron las ayudas del caso ERE. Acusado de delitos de prevaricación y malversación, Griñán ha respondido al fiscal en calidad de consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, cuando se encargaba de confeccionar las cuentas andaluzas cada año. Pero del lugar concreto desde donde durante una década se estuvieron abonando las ayudas que se juzgan, nada sabía. “No conocí el 31L hasta no ha surgido esta causa”, ha dicho, añadiendo acto seguido que “no se puede llegar a ese detalle al menos al nivel de consejero”.
Griñán, que ha ratificado en un momento del interrogatorio lo declarado en el Tribunal Supremo por esta causa en abril de 2015, ha asegurado que “no éramos conscientes” de la ejecución de dicho programa pero conoce que “la acusación está en la causa”. Antes del interrogatorio a Griñán, ha intervenido nuevamente el exconsejero Antonio Fernández, que se ha negado a continuar declarando ya que ha manifestado que ayer (por este martes) se sintió en “un estado de miedo o temor tal que le impidió entender lo que se le preguntaba por el presidente, en cuyo estado de temor sigue hoy y por cuya razón no se siente en condiciones de seguir respondiéndole y se acoge a su derecho a no declarar. Afirma que cualquier posible divergencia entre el acta de la declaración sumarial y lo dicho en juicio la ha aclarado suficientemente a través de sus respuestas al Ministerio Fiscal y a su defensa y a ellas se remite”, ha explicado su abogado.
Griñán, que tambié comparció en los juzgados de Sevila en marzo de 2016, ha sido cuestionado por cómo se cuadraban los presupuestos cuando era consejero de Economía, señalando que conocía el programa presupuestario “pero no la ejecución del gasto” y explicando, como ya hizo su antecesora Magdalena Álvarez en el juicio, que “quien tenía controlarlo era la Intervención General”. El exconsejero ha explicado en líneas generales que se reunía con cada consejero cuando ya los presupuestos estaban definidos, que “Empleo tenía la obsesión del SAE” y que “cada uno venía pidiendo dinero”. Su objetivo era principalmente “evitar discrepancias” en la reunión posterior del Consejo de Gobierno donde se aprobaban los presupuestos pero lo que a él le importaba era “el volumen de gasto y de inversión”.
El fiscal ha tratado de mostrar, con exhibición de una intervención en el Parlamento andaluz, que sí conocía los detalles de los programas presupuestarios de las consejerías al responder una cuestión concreta sobre prevención de riesgos laborales. “Usted lo ha dicho: era una pregunta y una respuesta. Lo miras en un momento y lo dices”, le ha contestado al fiscal, incidiendo en que el anteproyecto de gasto no lo elabora el Departamento de Hacienda sino cada Consejería.
“A pesar de lo que dice el escrito de acusación”
En cuanto a las distintas modificaciones presupuestarias que se le han exhibido, de 2004 y de 2008, ha señalado que el consejero de Economía “se limitaba a elevar al Consejo de Gobierno” las mismas ya que estaban “cumplidos todos y cada uno de los requisitos formales”, teniendo el visto bueno de la jefa de servicio de Presupuestos y el interventor general. Respecto a la modificación de de 2004, ha dicho que “entré en abril de 2005 y no pude tener conocimiento… a pesar de lo que dice el escrito de acusación”, ha remarcado con media sonrisa, donde se le acusa de mantener un sistema “irregular” para la distribución de ayudas.
Acerca de un posible desfase presupuestario en Empleo, ha defendido que este departamento tenía competencias diferentes al año anterior pero reconociendo que los gastos del programa 31L siempre fueron inferiores a los créditos disponibles en todos los ejercicios presupuestarios. En ese punto ha negado conocer una retención de crédito concreta por parte de la Intervención General, defendiendo la “autonomía” de esta figura, aunque dependía de la Consejería de Economía y Hacienda.
“No se promovió” la actuación del consejero
Preguntado si se le remitió informe de actuación por parte de la Intervención General en 2005 acerca de posibles irregularidades en la gestión de la Consejería de Empleo respecto a las ayudas sociolaborales, Griñán ha explicado que no se le hizo llegar informes de ese tipo porque entiende que el interventor no lo vio necesario, negando que se le remitieran informe alguno que requiriera su intervención como consejero de Economía y Hacienda. “Si no se promueve la actuación del consejero de Economía y Hacienda, ni se le remite el informe correspondiente, no puede actuar el consejero de economía y hacienda”, ha dicho a la hora de defender que no pudo intervenir para cambiar el sistema.
“El informe de actuación es la culminación de un proceso”, ha explicado Griñán, indicando que “cualquier actuación de la Intervención ha de seguir un procedimiento reglado” y, en ese sentido, no se pidió la intervención del consejero porque “no se promovió y, por tanto, no puede actuar”. “No se pedía en concreto nada del consejero, por eso no se me fue remitido”, ha insistido, apuntando que en todo caso la Consejería de Economía no tenía “ninguna supremacía sobre ninguna otra” y que “la gravedad” de las cuestiones está “medida por el interventor actuante”, que promueve o no “una modificación del comportamiento” que habría de conocer el Consejo de Gobierno para actuar sobre ello.
Las órdenes ministeriales
En la primera parte del interrogatorio, Griñán ha explicado las órdenes estatales de 1994 y 1995 que firmó cuando era ministro de Trabajo, ambas plurianuales en el gasto. En cuanto a la primera, ha recordado que se aprobó “para instrumentar” los procesos de reconversión industrial en España en personas que quedaban “absolutamente desasistidas”, detallando que no formaban parte ni de la protección de desempleo ni de la prejubilación sino como una especie de “tránsito” entre ambas situaciones y explicando que se trataba de ayudas “asistenciales” y “extraordinarias”, donde el Estado aportaba un 40% como máxima aportación, sin excluir los fondos autonómicos y previstas para “financiar rentas con la colaboración de las empresas, ”siempre“ sujetas a la disponibilidad presupuestaria. Unas ayudas que se aplicaban ”directamente“ a partir de un ”proceso de negociación“ con las comunidades autónomas pero que ”lo que hiciera cada comunidad no lo conocía el Ministerio“ ya que lo que hacía el Estado era ”repartir el dinero“.
Respecto a la Orden de abril de 1995 ha dicho que su pretensión era “incluir todos los tipos de ayuda”, hasta cinco, y que surgió en un contexto de “intensísima actividad política y normativa”. Griñán ha reconocido que no recuerda cómo se tramitaron las ayudas que posteriormente se aprobaron, y de las que ha dado reciente cuenta el Ministerio en la pieza separada de la Faja Pirítica de Huelva, como adelantó este periódico. y que interesó que se incorporara a la causa poco antes del juicio. Pese a ello ha dicho que se tramitaban “cuando no había otra forma de financiarlas”. “Era un procedimiento muy complejo y muy regulado” pero “no pude ocuparme de esa Orden” una vez aprobada por el Ministerio ya que por aquel entonces estaba en otros cometidos antes de la entrada de España en la Unión Europea.
Se trataba de ayudas asistenciales que no estaban sometidas a la Ley de Subvenciones del Estado y, por tanto, no estaban obligadas a tener publicidad ni concurrencia. “Con la Ley General de Subvenciones, el gabinete jurídico de la Junta dijo que eran ayudas asistenciales excluidas de la ley”, ha explicado. La normativa estatal repasada por Griñán era cronológicamente anterior a la Ley General de Subvenciones de 2003, llegando hasta 2013 en que un Real Decreto del Ministerio de Empleo ajustaba la Orden del 95 a dicha ley de 2003, y otro posterior en 2014 respecto a la Orden del 94, como explicó este medio. Según reguló el Estado, se trataba de ayudas “excepcionales, sin concurrencia, de concesión directa”, recordando que ésa ha sido la doctrina del Consejo de Estado a ese respecto después de 2003.
Ya como presidente de la Junta, a Griñán se le ha consultado por diversa normativa autonómica como la Orden de 1 de abril de 2011 de la Consejería de Empleo sobre ayudas sociolaborales, sin recordar que formara parte de la ejecución de un programa en concreto, o sobre la Orden de 13 de marzo de 2012. Griñán ha comentado que hasta él llegaba información de que, como consecuencia de la crisis, había trabajadores que no estaban percibiendo las ayudas o que existían aseguradoras que no las estaban pagando.
En cuanto al Decreto 4/2012 y su finalidad política, Griñán ha insistido en que “la crisis era enorme” y que aquello fue “una depresión profunda, mucho más que una crisis económica”. El entonces consejero de Economía y Empleo, Antonio Ávila, dijo que “la mejor manera era asumir el pago de todas las pólizas” contenidas en aquel decreto, también con gasto plurianual.
en el gasto.