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Griñán pidió al juez de los ERE que le evitara un nuevo “paseíllo” el día antes de ser llamado a declarar

El expresidente de la Junta, a su llegada al Tribunal Supremo el pasado 9 de abril para declarar

Javier Ramajo

Ni 24 horas separaron la providencia del juez Álvaro Martín, en la que cita de nuevo a declarar como investigados a los expresidentes Chaves y Griñán en la causa de los ERE, y un escrito de la representación legal del segundo en el que, precisamente, solicitaba al instructor que le evitara “el famoso paseíllo” del que se harán eco los medios de comunicación. Eso, según su abogado, le causaría “un nuevo perjuicio injusto e innecesario”. La Fiscalía Anticorrupción pidió su comparecencia y la de otros exaltos cargos en un escrito elevado al juzgado el pasado 25 de enero pero no fue hasta este lunes cuando ha sido notificada la decisón del juez, fechada el viernes 4 de marzo.

Un día antes, según la fecha del escrito firmado por José María Mohedano, letrado de Griñán, se le había hecho llegar al juez que “citar al Sr. Griñán nuevamente para que comparezca a declarar ante el Juzgado no garantiza ni el derecho de defensa ni el de igualdad”. Sólo garantiza el “paseíllo”“, suplicando que procediera acordar ”no llamar a declarar nuevamente a D. José Antonio Griñán por ser contrario a su derecho de defensa y porque no se ha vulnerado el derecho de igualdad de las partes y porque, en definitiva, no procede en esta fase de la instrucción“.

Los argumentos de Mohedano insisten en que el derecho del expresidente a ser oído “por su juez natural” ya quedó “más que suficientemente colmado” con la declaración que por estos mismos hechos prestó ante el Tribunal Supremo“,  según consta en las actuaciones con ”los 66 folios de la transcripción literal“ de aquel interrogatorio.

En el escrito dejaba constancia el letrado de que tampoco procedía llamar a declarar nuevamente a Griñán para garantizar el derecho a la igualdad de las demás partes acusadoras, entre ellas Manos Limpias y el PP andaluz, porque “todas ellas tuvieron la posibilidad de asistir e intervenir” en su declaración ante el Supremo. En esa línea, añade que “el Ministerio Público, representado por dos fiscales de Sala del Tribunal Supremo, formuló ciento diecinueve preguntas al Sr. Griñán que no dejó de contestar a ninguna. ¿De verdad puede el Ministerio Público afirmar ahora que no se le ha garantizado suficientemente el derecho a la igualdad?”.

“Una causa penal deliberadamente mediatizada y contaminada”

Griñán adelanta que, para su cita del 16 de marzo (aunque en ese momento pidiera que no se produjera la citación) seguirá “una línea de defensa legítima” en el sentido de no contestar a las preguntas de las citadas acusaciones. “En definitiva no procede llamar a comparecer para declarar nuevamente a mi representado porque no se han vulnerado ni el derecho de defensa ni el derecho a la igualdad que han quedado plenamente garantizados por el Tribunal Supremo”, dice el expresidente.

“En realidad a lo único que conduciría su nueva citación es a un nuevo perjuicio injusto e innecesario como es el del famoso 'paseíllo' en una causa penal deliberadamente mediatizada y contaminada para obtener una repercusión pública que ha producido ya un daño enorme a mi representado y a otros muchos investigados antes de la celebración del Juicio Oral”, sentencia el escrito.

Y concluye “como botón de muestra” que al Griñán “nunca se le notificó un auto de preimputación” dictado por Mercedes Alaya antes de enviar la exposición razonada la Tribunal Supremo. Un auto que “fue divulgado inmediatamente con grandes titulares por todos los medios de comunicación escritos y audiovisuales dando lugar a que se abrieran informativos de televisión y a que se realizaran programas de debate público en radios y televisiones”.

Finalmente, Griñán deberá pasar por ese “paseíllo” al que su abogado se refería. Otra mala noticia para el expresidente es que este mismo martes se conocía que la jueza titular del juzgado que lleva el caso de los ERE se da un año y medio más para finalizar la instrucción, negando la petición del propio Griñán y de otras defensas de que la causa fuera declarada de “especial complejidad”.

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