Una de las principales amenazas del ecosistema de Doñana son los pozos ilegales, es decir, perforaciones para captar aguas subterráneas de manera irregular para los cultivos. De hecho, desde hace 15 años, las inspecciones de los distintos ministerios competentes siguen detectando este expolio de agua en toda España y especialmente en la zona cercana a Doñana. Sin embargo, el foco está puesto sobre el problema y este domingo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), ha sellado 17 de los 77 pozos ilegales ubicados en monte público, en el término municipal de Lucena del Puerto (Huelva), un municipio que apenas está separado unas decenas de metros del Parque Natural.
Con esta operación se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dictada en 2017, que obligaba al Ayuntamiento del municipio a la inutilización de estos conocidos como “pozos ilegales”. Como el Ayuntamiento no ha actuado, la CHG ha procedido al cierre subsidiario.
El dictamen, contra el que no cabe recurso, supone el fin a un proceso sancionador iniciado por la CHG en 2013, tras una denuncia de la Guardia Civil que motivó un expediente de infracción, resuelto por el organismo de cuenca desde 2014. En la sentencia, el TSJA constató que los 77 pozos sancionados en Lucena del Puerto se realizaron sin la autorización del organismo de la cuenca y nunca solicitaron los trámites para su concesión.
Esta decisión llega apenas 15 días después de que el vicepresidente del PP de Huelva se reuniera con los agricultores de la zona para alentar a regante sin derechos a mantener las protestas para la legalización de los pozos irregulares y acusar a la oposición de “contubernios” con los lobbies ecologistas para defender el Parque. “Estáis usando los pozos por obligación”, justifica Alberto Fernández. No obstante, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, de su mismo partido le contradijo asegurando que “nadie va a alentar a que esté en contra de la legalidad” aunque reinterpretó las palabras de Fernández: “ha querido animar a los agricultores”.
Sin embargo, en la zona la tensión es alta. De hecho, los inspectores encargados de supervisar la regulación de las aguas en el entorno de Doñana van, en ocasiones escoltados a hacer su trabajo, y algunos han denunciado situaciones de acoso de los agropiratas precisamente en la zona de Lucena.
Competencia desleal
Por su parte, organizaciones ecologistas, como WWF, afirman que estas prácticas suponen “competencia desleal para los agricultores que tienen sus papeles en regla y que invierten 60.000 euros por hectárea para transformar en zonas de regadío las tierras de secano, mientras que a los ilegales les sale por 20.000 euros”, explicaba Felipe Fuentelsaz en enero de 2019 a este diario.
Según los cálculos de la organización ecologista, de las 11.000 hectáreas de cultivos de fresas, naranjas y otros frutos que se extienden al norte de Doñana, el 30% son ilegales. Una hectárea de cada tres, en los municipios de Almonte, Rociana, Moguer, Lucena o Bonares. Una cifra que la Junta de Andalucía siempre ha rebajado al 15%.
Los ecologistas no han sido los únicos en alertar sobre la situación de los acuíferos en la Doñana que ponen en jaque un ecosistema único en el que viven 35 especies amenazadas (entre ellas el lince ibérico), 303 especies relevantes de animales. La Comisión Europea, también este año, ha acusado a España de no estar actuando para frenar el deterioro y desproteger el humedal poniendo priorizando los cultivos y el turismo, y no la supervivencia de la zona.
Más de 500 pozos ilegales
Sin embargo, el cierre de los 17 pozos no parece suficiente a la luz de los más de 500 localizados en la zona por agentes del Seprona, según una respuesta que el Gobierno de la nación dio al diputado de Podemos Juantxo López de Uralde en enero de este año. Y desde el propio Gobierno se lleva alertando años del agotamiento de estas aguas si las prácticas ilegales persisten.
No obstante, desde la CHG prevén más actuaciones para la protección de este preciado bien como la tramitación para declarar La Rocina, Almonte y Marismas como “masas de agua subterránea, en riesgo de no alcanzar el buen estado”. Esta medida exigirá de la creación de comunidades de usuarios de aguas subterráneas y la elaboración de un programa de actuación que ordene las extracciones y coordine las medidas para garantizar el uso sostenible del recurso, reforzando la protección y conservación del humedal.
La administración hidráulica también contempla la puesta en marcha de la nueva estación depuradora de Matalascañas, actualmente en tramitación ambiental, que reduciría la presión del turismo; y la sustitución de los dos sondeos de abastecimiento más cercanos al Parque Nacional en Almonte (Huelva), por otros dos ubicados en una zona más alejada y de menor sensibilidad. A ello se sumará el aumento en los próximos meses de los medios propios del Organismo de cuenca, tanto de la Guardería fluvial, como para la tramitación de expedientes y sanciones.
El Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, aprobado por la Junta de Andalucía en 2014, ordena el territorio y determina una superficie regable de más de 9.000 hectáreas, de las que aproximadamente 6.100 hectáreas se encuentran en la cuenca del Guadalquivir. Estas explotaciones correspondían bien a terrenos agrícolas de antes de 2004 que hubieran mantenido su actividad, bien a otros terrenos que contaban con derechos de agua para riego obtenidos legalmente. Todo suelo que no cumpliera con estos requisitos quedaba fuera de este plan, sin posibilidad de tramitación para su concesión.
El suelo agrícola regable localizado en el municipio lucenero es de 707 hectáreas. En la primavera de 2019, la CHG detectó, a través de su sistema de teledetección, el riego de 1.064 hectáreas de invernadero, una cifra muy por encima de las permitidas. De ellas, prácticamente la mitad -487 hectáreas- se encuentran fueradel Plan, es decir, fuera de la ley.
La CHG trabaja en la regularización de los derechos de riego para las 1.600 hectáreas de la Comunidad de Regantes del Condado, amparadas por el Plan Especial de Ordenación de Regadíos. Además, avanza en la modificación de los derechos de agua de las 496 hectáreas de la Comunidad de Regantes de El Fresno que el organismo de cuenca concedió, por un plazo de 20 años, el pasado mes de septiembre de 2018. Ahora, el Organismo continúa trabajando para completar la concesión que les corresponde y por la que cerraron 400 pozos legítimos que deberán sustituirse por agua superficial, un proceso que optimizará el actual trasvase de los 4,99 hectómetros cúbicos del Tinto Odiel-Piedras a la cuenca del Guadalquivir.