¿Será la promesa definitiva para terminar definitivamente con una vergüenza tercermundista en la España del siglo XXI? La falta de higiene, de limpieza, de luz y de agua que golpea las infraviviendas provisionales (pero permanentes) de palets y plásticos donde malviven desde hace muchísimos años miles de personas, la mayoría migrantes, que trabajan como temporeros en el campo andaluz en más de un centenar de asentamientos chabolistas de Almería y Huelva, contará desde este viernes con un nuevo protocolo de actuación interadministrativa “para impulsar” su erradicación. El “fomento de la construcción y/o adecuación de espacios que sustituyan los asentamientos irregulares con el fin de promover, en una primera fase, nuevos albergues y soluciones residenciales destinados a las personas temporeras y para aquellas que decidan alargar la campaña como primera respuesta residencial” es uno de los principales acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Consejería de Igualdad de la Junta y los ayuntamientos de Lepe y Moguer, donde se concentran varios de esos asentamientos que, por otra parte, suelen salir ardiendo de manera frecuente.
El protocolo general de actuación, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía y que anunció el lunes en el Senado el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, que se desplaza este viernes a Huelva y Sevilla para su firma, compromete a las administraciones firmantes a “impulsar y colaborar” también en la “promoción de actuaciones que faciliten la integración residencial y sociolaboral de las personas residentes en asentamientos irregulares, focalizando los esfuerzos en programas de acceso a la vivienda en el núcleo urbano que permitan una transición hacia modelos residenciales sostenibles e integradores en el tiempo”.
Asimismo, se acuerda la “consolidación de modelos de integración que puedan ser útiles para otros asentamientos irregulares o para otros procesos de regeneración urbana, en otros municipios y en otras comunidades autónomas”, así como el “establecimiento de los mecanismos necesarios de coordinación entre las administraciones públicas firmantes”. El protocolo, según se expone, es “una declaración de intenciones que viene a expresar la voluntad de las partes firmantes para actuar con un objetivo común, sin que en ningún caso su firma suponga la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles para las partes”.
Pese a que Santiago anunció el lunes que su Secretaría de Estado iba a aportar “cinco millones de euros para acabar con este problema de asentamientos irregulares de trabajadores temporeros del campo”, el protocolo no incluya partidas específicas. “Parece mentira que siendo el sector agrícola tan fundamental se haya permitido que vivieran en una situación absolutamente indigna tantos trabajadores”, dijo Santiago durante su intervención en la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El protocolo que se firma este viernes, que tendrá vigencia durante un plazo de dos años a contar desde su entrada en vigor, pudiéndose prorrogar por acuerdo entre las partes por periodos bianuales, está abierto a que terceras entidades, tanto públicas como privadas, y especialmente empresas empleadoras de personas trabajadoras temporeras residentes en asentamientos irregulares, puedan adherirse al mismo y proponer actuaciones complementarias a las administraciones públicas participantes. Tras la firma del protocolo se constituirá una Comisión de Seguimiento, de composición paritaria, integrada por una persona representante de cada una de las partes y que estará presidida por la persona que designe la Secretaría de Estado para la Agenda 2030. La comisión se reunirá un mínimo de dos veces al año y siempre que lo solicite alguna de las partes.
No es la primera vez que se intenta acabar con estos asentamientos ni se ponen plazos para su erradicación definitiva. Un amplio informe publicado en 2017 por la Fundación con la colaboración económica de la Dirección General de la Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía situaba en el 2020 el horizonte máximo para erradicar los asentamientos de inmigrantes en Huelva. No iba bien encaminada esa pretensión de la 'Agenda 2020' pero en esas llegó el coronavirus, que se ensañó con estos espacios de marginación, aumentando la invisivibilidad social tanto de temporeros migrantes como personas en exclusión a raíz de la pandemia. Aquel estudio, en todo caso, derribaba algunos mitos en torno a las personas que viven en los campamentos, como la creencia de que ganan dinero pero lo guardan o lo mandan a sus países.
También el Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, exigió a las autoridades españolas “mejorar inmediatamente las deplorables condiciones” que soportan los trabajadores migrantes temporeros en los asentamientos chabolistas. El protocolo hace mención explícita a aquella visita oficial (en enero de 2020) en la que De Schutter alertaba de la “situación de extrema precariedad” que padecen dichas personas y que “afrontan unas condiciones de insalubridad y evidente ausencia de los servicios públicos más básicos”.
Tampoco es la primera vez que las administraciones ponen dinero. Precisamente, en pleno confinamiento, la Junta aprobó el 15 de abril de 2020 ayudas extraordinarias nada menos que por valor de 2,3 millones de euros para una docena de ayuntamientos en cuyos municipios existen poblados de tales características. ¿Qué hizo la administración local con ese dinero? Los consistorios aseguraron haber justificado ante la administración autonómica las cantidades que les correspondían (hasta de 700.000 euros en Níjar, por ejemplo) pero desde las oenegés y asociaciones que trabajan sobre el terreno no apreciaban que la situación cambiara en demasía. Algunos ayuntamientos, al tiempo, consideraron que se trata de “un problema endémico” que no se soluciona con ayudas puntuales, señalando que hasta que las administraciones central, autonómica y local, junto a los empresarios agrícolas, no se pongan de acuerdo en abordar realmente el problema de los asentamientos y las chabolas, este tipo de inversiones no tiene mucho sentido. El protocolo que se firma este viernes, pese a que no compromete, puede ser esa primera piedra que se reclama desde hace años.
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