Ocho interrogantes del caso ERE tras un lustro de instrucción

¿Habrá juicio este año? Es difícil de asegurar después de los cinco años de instrucción que se cumplen este martes (Alaya incoó las diligencias previas 174/2011 el 19 de enero de 2011), de la reciente división de la causa en varias partes y de que ni el nuevo juez que debe encargarse de las primeras piezas formadas haya sido nombrado oficialmente para ello (la comisión permanente del CGPJ podría hacerlo este jueves). Anticorrupción, de hecho, considera que el rediseño de la causa establecida por Núñez Bolaños provocará un “retraso adicional”.

¿Qué se juzgará primero? La primera de las piezas en ser juzgada sería a priori la llamada 'procedimiento específico', la que afecta directamente a la clase política, la que supuestamente dio pie al resto del caso. Presuntamente, se pusieron en manos de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo unos fondos que separaban la concesión de las denominadas ayudas sociolaborales y ayudas a empresas, que no se sujetaban a fiscalización previa de la Intervención General y cuyos pagos sólo estaban sujetos a fiscalización con posterioridad. En principio, la idea es que pueda celebrarse juicio al final de este año, aunque no hay certeza de que así sea.

¿Declararán de nuevo Chaves y Griñán? Lo que es seguro es que ellos y otro medio centenar de exdirigentes andaluces deberán pasar por los juzgados sevillanos, bien para declarar como imputados (otra vez) o en la vista que deberá celebrar un juzgado de lo penal. Se desconoce si serán de nuevo llamados antes del juicio, aunque, por ejemplo, el exinterventor Manuel Gómez declaró de nuevo como imputado la semana pasada, incluso tras pedir hacerlo en el Supremo como hicieron sus exsuperiores. Tras las consecuencias políticas (varios de los exaltos cargos tuvieron que dejar su acta de diputado o senador), aún está por ver si se suceden consecuencias judiciales, tanto de paseíllo ante las cámaras como penales tras el juicio.

¿Hasta cuándo podría alargarse la instrucción? La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que la causa se declare de “especial complejidad”. Eso permitiría al juzgado disponer de un año y medio para finalizar la instrucción, “al estimar razonablemente que la investigación no podrá completarse en el plazo mínimo estipulado de seis meses”, según la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Algún imputado, Griñán entre ellos, ya se ha opuesto a esa prórroga, considerando que sería ya un “auténtico fraude procesal” retrasar el caso. La mayoría de imputados aspiran a que más pronto que tarde haya sentencia, al menos en primera instancia. Los recursos posteriores que a buen seguro se presentarán, sea cual sea el fallo, alargarán varios años más la decisión judicial definitiva.

¿Puede haber más imputados? El caso acumula actualmente 270 imputados pero, a medida que se abran piezas separadas para cada ayuda, la cifra puede aumentar. De hecho, se da por hecha una pieza en concreto para investigar las ayudas a varias empresas de la Faja Pirítica de Huelva en la que estarán incluidas como imputadas más de 200 personas, según informó Europa Press hace unas semanas. Se trata de las ayudas cofinanciadas por la Junta y el Ministerio sobre las que evitó profudizar la jueza Alaya en su momento y que Núñez retomó. La causa alcanzaría casi los 500 imputados.

¿Quién se hará cargo de las nuevas piezas que se generen? No se sabe si Álvaro Martín, una vez que tome las riendas del caso y de que empiece a adoptar decisiones en las primeras piezas desgajadas, será también el encargado de investigar todas y cada una de las partes que se vayan conformando. Serán más de 200, según el cálculo, una por cada ayuda, aunque la división debe ser ratificada aún por la Audiencia. La titular del juzgado sigue siendo Núñez Bolaños aunque la lógica dice, como apuntan fuentes judiciales, que le dé un empujón a la causa del supuesto fraude de los cursos de formación y deje en manos de Martín el caso ERE. De hecho, acaba de separar también en partes el caso de la formación para una mejor tramitación.

¿Los prejubilados deben ser responsables civiles? La cuestión se ha venido planteando desde hace unos meses por algunas de las defensas, como así ha recogido este periódico. Algunas defensas entienden que, si todas las prejubilaciones fueran ilegales, se debería haber suspendido su abono y reclamado su devolución para recuperar las cantidades defraudadas. Pero en julio, la Junta reconoció que las prejubilaciones de los ERE fueron legales, abriendo así la puerta a una revisión de responsabilidades. Aún así, la Fiscalía Anticorrupción no se ha mojado aún en ninguno de sus escritos sobre este aspecto.

El Supremo, en junio, abogó por examinar individualmente cada ayuda sociolaboral y cada empresa. La Audiencia de Sevilla ha rebajado considerablemente algunas fianzas impuestas por el juzgado, superiores a las reclamadas por las acusaciones, por considerar que la cantidad total de las ayudas a prejubilaciones no corresponde a la cantidad defraudada. Y viene anulando muchas de las fianzas, incluidas las de ex altos cargos de la Junta. El caso es que se ha planteado la cuestión y que la Fiscalía ha reclamado las cuantías a las personas intervinientes en las ayudas, pero nunca a los prejubilados. Este periódico ha tratado de conocer la postura de los fiscales que llevan el caso pero no han querido comentar nada al respecto.

¿Cuál será el próximo movimiento en el caso? Pues de momento, uno muy conocido: la citación de Antonio Fernández, consejero de Empleo entre 2004-2010 y único consejero que sufrió prisión preventiva en la causa. Salió de la cárcel en agosto de 2012 tras abonar 450.000 euros de fianza y ha sido llamado varias veces por el juzgado para ampliarle la imputación. Este martes, aniversario del caso, tiene una nueva ocasión, en concreto en relación a la huelga de la limpieza pública de Granada del año 2004.

A tenor de una de las últimas decisiones de Núñez Blaños, el caso de los ERE parece no tener fin, ya que la jueza ha aceptado la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y ha librado oficio a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para que busque “publicaciones, noticias y cualquier otro hecho publicado en medios de comunicación que permitan determinar qué personas y entidades participaron o tuvieron conocimiento de la resolución de los conflictos sociolaborales mediante el pago de cantidades por la Junta mediante los programas 22E y 31L”.