La propuesta legislativa de PP, Ciudadanos y Vox para legalizar 1.461 hectáreas de regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana ha tenido un coste político tremendo para un PSOE andaluz, aún en fase de refundación interna, en la antesala de las próximas elecciones. La iniciativa tenía suficientes votos con las tres derechas para iniciar su tramitación parlamentaria, sin embargo, ha sido la sorpresiva abstención de los socialistas andaluces, y un argumentario muy próximo al del presidente Juan Manuel Moreno, lo que ha desviado el foco de atención hacia su líder, Juan Espadas.
“Nos está mirando toda Europa y todo el mundo. Si esto no lo hacemos bien, podemos perjudicar a toda la provincia de Huelva”, advertía el diputado onubense Mario Jiménez, el pasado miércoles en el salón de Plenos, minutos antes de que el Parlamento diese luz verde a la tramitación de la propuesta. Que Bruselas “estaba mirando” lo demuestra la carta preventiva que la Comisión Europea envió al Gobierno de España advirtiéndole de las repercusiones legales si la iniciativa andaluza prosperaba, y las multas millonarias a las que se exponía por poner en riesgo “el pulmón de Europa”, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994.
La Unesco advertía de que estaba en peligro esa declaración, que aporta a España una gran suma de fondos europeos. Y los agricultores onubenses con permisos de riego junto a Doñana alertaban de que perder el sello de sostenibilidad de los productos rojos de Huelva podía expulsarles de los mercados europeos, y que sería aprovechado por sus competidores para estigmatizar la marca de la fresa andaluza.
De todo esto era muy consciente el líder del PSOE andaluz, que llevaba dos meses hablando con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y así lo expuso Mario Jiménez en su intervención parlamentaria con tono apocalíptico -“Nos jugamos el prestigio internacional de Doñana y la pérdida de reputación de los frutos rojos de Huelva en los mercados europeos”- para terminar anunciando la abstención de su grupo y “una oportunidad al diálogo” con las derechas.
El proyecto para indultar a los regadíos de la corona norte de Doñana, que desde hace años sustraen ilegalmente agua de su muy mermado acuífero, ha desquiciado por completo a los socialistas: en los últimos días han votado a favor, en contra y se han abstenido, según la distancia entre el lugar de votación y el Parque Nacional.
En Madrid, el Gobierno de Sánchez y la dirección federal del PSOE rechazaban la medida; la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a quien correspondería avalar el uso del agua en esas hectáreas indultadas, reiteró hasta la saciedad que “no hay más disponibilidad del agua, porque el acuífero ya está sobreexplotado, y la búsqueda de recursos hídricos en superficie no es viable a corto plazo”. En Bruselas, los eurodiputados socialistas se alineaban en contra.
En una pregunta escrita difundida el martes por el grupo de Socialistas en el Parlamento europeo, las eurodiputadas Clara Aguilera, Lina Gálvez (ambas fueron consejeras de la Junta), Javier López y César Luena reclamaron a la Comisión que se pronuncie sobre la iniciativa tramitada por el Parlamento andaluz. “Supone de facto la aprobación de un nuevo plan especial de ordenación del territorio sin el procedimiento administrativo correspondiente, que incluye información pública y evaluación ambiental (...) y contraviene los procedimientos y normativa de la Unión Europea”, reza el escrito.
Pero mucho más cerca que Bruselas, dentro de la provincia de Huelva, el PSOE empezó a tropezar en contradicciones internas con Doñana. Los socialistas de Moguer y Lucena del Puerto, dos de los municipios donde se ubican los regadíos ilegales amnistiables apoyan la iniciativa legislativa, y sus alcaldes acudieron personalmente al Parlamento andaluz, el miércoles, para defenderla durante la votación; en cambio, un día antes, los socialistas de Almonte habían votado en contra de la iniciativa y exigido la retirada del plan. En este municipio se concentra la mayoría de agricultores con permisos de regadíos, y el gobierno municipal lo dirige un partido localista -Mesa de Convergencia- en coalición con el PSOE.
La semana pasada, en la Diputación de Huelva, que preside la socialista María Eugenia Limón, los socialistas también respaldaron una moción a favor de la propuesta de PP, Cs y Vox (con enmiendas al texto), en la que defendían dar “cobertura a las superficies no incluidas en producción en 2014 y que, sin haber cometido ilegalidad, puedan incorporarse” al plan de regadíos del condado de Huelva. El llamado Plan de la Fresa, la ordenación del territorio que aprobó el anterior Gobierno andaluz del PSOE, “no afinó suficientemente bien” al autorizar los regadíos en la corona norte de Doñana, porque se excluyó a agricultores que podían “documentar sus derechos históricos de acceso al agua”.
El miércoles, el propio grupo socialista en el Parlamento andaluz estaba dividido: horas antes de la votación, siete diputados habían advertido a la dirección de que sería “un tremendo error” no rechazar categóricamente la propuesta de las derechas.
Finalmente, el secretario general del PSOE andaluz resolvió el dilema ordenando la abstención a sus 33 diputados, que no conocieron el sentido del voto hasta apenas unos minutos antes de la votación. “En el justo medio está la solución”, diría Espadas, de forma aristotélica, 24 horas más tardes a las puertas del Parlamento. Los socialistas andaluces habían condenado la medida hiperbólicamente -“un engaño masivo a los agricultores, una propaganda barata, una campaña electoral anticipada del Gobierno de Juan Manuel Moreno y de Vox”-, para terminar anunciando “una oportunidad al diálogo”. Ni sí ni no. “Hay que tomar decisiones que son difíciles y arriesgadas de explicar”, admitiría luego el líder socialista, tras recibir llamadas del Gobierno y de la dirección federal de su partido recriminándole que su decisión era “incomprensible e inexplicable”.
“La sostenibilidad no se puede medir desde la distancia”, se lamentan los socialistas andaluces, con indisimulada irritación. La frase resume todo el embrollo. Es un soterrado reproche a sus compañeros de partido que, desde Ferraz, desde Moncloa y desde Bruselas han criticado duramente que el PSOE andaluz, un partido que ha gobernado esta tierra durante 37 años, haya adoptado una posición “equidistante” en un “asunto de Estado”, como es Doñana, y con “repercusiones internacionales”. “En el condado de Huelva existe un problema real, y si el Gobierno no ve que existe, yo trabajaré para explicárselo”, diría Espadas tras la votación.
La dirección del PSOE andaluz cree que Moncloa y Ferraz están demasiado lejos para entender qué está pasando en el campo andaluz, donde los hijos y nietos de los agricultores han cambiado la sociología de un sector que factura más de mil millones de euros al año, y donde el discurso de la extrema derecha está penetrando a grandes zancadas. La provincia de Huelva concentra el 95% de la producción nacional de berries -hay plantadas 11.740 hectáreas de frutos rojos, la producción de este año rondará las 350.000 toneladas y alcanzará un valor aproximado de más de 1.500 millones de euros, con un 85% correspondiente a exportaciones, según datos de la patronal Freshuelva. “Estamos hablando de chavales de 17 años, hijos de agricultores, que salen de su parcela y se montan en un BMW X6”, dice un parlamentario.
Mario Jiménez, el diputado que defendió la abstención en la Cámara, pertenece al PSOE de Huelva y es de Moguer [21.700 habitantes], uno de los municipios onubenses con más hectáreas de regadío amnistiable por esta iniciativa legislativa. Conoce el terreno y conoce las implicaciones medioambientales, económicas y electorales de este “complejo” debate. El miércoles hablaba desde la tribuna de la Cámara a los agricultores de su pueblo, a alcaldes, concejales y representantes de organizaciones agrarias que se habían personado en la tribuna de invitados para ver qué votaba cada partido.
Huelva es un nicho de apoyos al PSOE, concentró el 44% de votos en 2018. Gobierna prácticamente todos los municipios de la provincia y preside la Diputación. Las elecciones andaluzas están a la vuelta de la esquina, probablemente en junio, y los de Juan Espadas están tirando del músculo de sus alcaldes -que gobiernan en el 65% de los municipios de Andalucía- para tensionar a su electorado y recuperar los 600.000 votos que perdieron en 2018, cuando perdieron el Gobierno autonómico tras 37 años en el poder. Los regidores socialistas se están movilizando en todas las provincias, encabezando las protestas contra la Junta por el deterioro de la sanidad pública, por ejemplo.
Las elecciones andaluzas están a la vuelta de la esquina, sí, pero el año que viene también tocan las municipales, y ahí se la juegan los propios alcaldes. El indulto a los regadíos ilegales de la corona norte de Doñana afecta a cinco localidades -Moguer, Lucena, Almonte, Rociana del Condado y Bonares- que suman más de 100.000 habitantes, pero que agita el negocio de los agricultores de toda una comarca con una de las mayores rentas per capita de España. Muchas familias, muchos votos.
La abstención del PSOE andaluz entronca con el discurso del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, cuando dice que un Parque Nacional no puede ser un freno al crecimiento económico de su entorno, porque “provoca rechazo social en la gente que vive cerca”. Espadas lo expresa así: “No se puede proteger Doñana en contra de quien vive en el entorno”. Ambos han tratado de marcar distancias con la polémica: el presidente andaluz, alegando que era una iniciativa de su partido, no de su Gobierno, y enfriando las expectativas advirtiendo de que no estará en vigor antes de las elecciones; y el líder de la oposición, justificando su abstención en la necesidad de “escuchar y dialogar con los agricultores”.
La paradoja es que la polémica propuesta legislativa haya provocado más desgaste a Espadas que a Moreno, y que mientras el presidente andaluz viajaba a Dubai el jueves en visita oficial, el líder socialista tenía que acudir de urgencia al Parlamento para dar explicaciones sobre la iniciativa de las derechas. “Yo no hago esto por un puñado de votos”, trataba de explicarse el líder socialista, cuando le preguntaban si la abstención promovida por el PSOE de Huelva iban a entenderla los socialistas de Córdoba, de Granada, de Jaén, de Aragón, Asturias o Valencia. “Un voto inexplicable, inaudito”, le habían dicho los suyos, desde el Gobierno, desde Ferraz. “Votar no no resuelve el problema real de los agricultores en el entorno de Doñana. Yo no recibo consignas y directrices de nadie”, responde Espadas.
El socialista coincide con el presidente Moreno en que “el regadío en la corona norte de Doñana sólo pasa por las infraestructuras pendientes -el trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras; el túnel de San Silvestre (recién licitado) y la presa de Alcolea (sin informes técnicos aún)- para garantizar recursos hídricos superficiales”. Espadas quiso zanjar el debate anunciando su presencia en una manifestación convocada por la Fundación Onubense de Empresarios (FOE) que tendrá lugar el próximo 4 de marzo, para reivindicar esas infraestructuras pendientes en Huelva. Esas protestas a las que se unirá el secretario general del PSOE andaluz van dirigidas esencialmente al Gobierno de Pedro Sánchez y a su propio partido.
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