El Gobierno estudia permitir pequeñas descargas eléctricas en el cerebro de personas presas para reducir agresividad
- Instituciones Penitenciarias tiene paralizado un estudio de la Universidad de Huelva, desarrollado en las cárceles de Huelva y Córdoba, que explora la relación entre determinadas áreas del cerebro y la violencia
- El Gobierno valora si puede seguir ejecutándose y acaba de remitir un amplio informe al Defensor del Pueblo, que inició una actuación de oficio para ver de qué manera y sobre qué internos se realizaron las pruebas
Una técnica de estimulación transcraneal denominada tDCS para explorar la relación entre determinadas áreas del cerebro y la agresividad fue aplicada el año pasado a 41 personas presas de los centros penitenciarios de Córdoba y Huelva, en el marco de un estudio académico de la Universidad de Huelva. Una corriente eléctrica suave y continua durante 15 minutos, y en tres días consecutivos, permitió que esos internos presentaran posteriormente niveles más reducidos de agresividad, según las primeras conclusiones del 'experimento', publicadas en la revista internacional de divulgación científica New Scientist.
Voces en el sector penitenciario y activistas por los derechos humanos claman contra lo que consideran una “vulneración de los más esenciales derechos fundamentales de las personas presas”, principalmente por tomar a los internos como 'conejillos de indias' en un contexto como el penitenciario. De momento, Instituciones Penitenciarias, que dio su permiso en 2016 (en tiempo del Gobierno de Rajoy), ha optado por detener su aplicación, pero analiza si el estudio puede seguir desarrollándose o no.
“El estudio está paralizado. Las últimas pruebas se realizaron en el primer semestre del año pasado, cuando todavía no había desembarcado la nueva administración”, dicen fuentes de Instituciones Penitenciarias, que acaba de remitir un dossier informativo de unas 400 páginas al Defensor del Pueblo Español en el que se responden todas las cuestiones que planteó tras la actuación de oficio iniciada por la institución. “La valoración del estudio es lo que se está haciendo en este momento para determinar si continúa o no. Por el momento no se ha tomado ninguna decisión”, añaden las fuentes oficiales de Interior.
Sin “efectos adversos importantes”
La persona que lidera el ensayo es Andrés Molero, profesor titular y coordinador del Área de Psicobiología de la Universidad de Huelva, que explica a este periódico en que consistió: “Aplicamos una corriente continua de muy baja intensidad (1.5 mA) durante 15 minutos en la región cerebral objetivo (la corteza prefrontal), durante tres días consecutivos, y evaluamos los posibles cambios en la agresividad autopercibida de los participantes con respecto a las puntuaciones obtenidas antes de la estimulación. No se registró ningún incidente en el estudio, los participantes no reportaron ningún efecto relacionado con el estudio, y, en el caso de los participantes que recibieron estimulación real (frente aquellos que recibieron estimulación falsa), sus puntuaciones en agresividad autoinformada se redujeron significativamente”.
La técnica tDCS, que se aplica con unos electrodos colocados en la frente, dice Molero que “está validada científicamente, es segura y no induce efectos adversos importantes”. Los más frecuentes son “algo de picor y calor en la zona de la piel bajo el electrodo”, señala, añadiendo que la técnica “se emplea en numerosos hospitales y centros de salud de todo el mundo con un potencial terapéutico y de investigación muy alto”. Las personas presas que participaron en el estudio fueron diferenciados según el grado de agresividad (con condena por asesinato y sin ella), a quienes se se evaluaron cuatro dimensiones de agresión mediante un cuestionario estandarizado.
El profesor explica los motivos que le llevaron a realizar el estudio, publicado también en ScienceDirect: “Debido a la relevancia científica que supone conocer mejor las áreas del cerebro relacionadas con la agresividad, solicitamos permiso al Ministerio del Interior para realizar el estudio en prisiones, que nos concedieron en 2016 y nos ratificaron en febrero de 2019. Los participantes eran voluntarios, no recibieron ninguna compensación o privilegio de algún tipo por su participación, y solo aquellos que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, y firmaron el consentimiento informado, el documento de información del estudio y la hoja de condiciones de exclusión del estudio, pudieron participar”. Al tratarse de dos prisiones distintas se realizaron dos solicitudes, una para cada prisión, apunta el profesor, en ambos casos autorizadas por Instituciones Penitenciarias.
La actividad reducida de los lóbulos frontales, y en particular de la corteza prefrontal, se ha relacionado con el comportamiento violento, la agresión y el crimen. Resultados sugieren que la modulación de la excitabilidad de la corteza prefrontal por 3 sesiones consecutivas de tDCS reduce la agresividad autoinformada de manera similar en muestras de asesinos y no asesinos.
“¿Consentimiento libre y voluntario?”
En todo caso, el Defensor del Pueblo inició una investigación de oficio para conocer cómo se habían desarrollado las pruebas y analiza ahora el informe remitido por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, indican fuentes de la Defensoría. Algunas voces se levantan ya en contra de esta práctica, como la de Mª Luisa Díaz Quintero, vocal de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), quien no consigue “encontrar el marco normativo que ampare tal indignidad y tal vulneración de los más esenciales derechos fundamentales de las personas presas, ni las razones éticas que pudieron llevar tanto al Ejecutivo anterior como al actual, a autorizar 'experimentos' de tal calibre”.
“¿Acaso pretenden hacernos creer que una persona presa puede otorgar consentimiento libre y voluntario estando bajo la custodia de una maquinaria en posición de superioridad como es la Administración Penitenciaria?”, señala en un artículo recientemente publicado en el blog penitenciario del CGAE. En esta misma línea se muestra José Revilla, abogado de la Federación Enlace en Huelva consultado por este periódico: “Además de las dudas médicas que levanta y de que la inocuidad no esté demostrada, las personas presas tienen una relación de sujeción especial y su supuesto consentimiento se da en un contexto muy particular como es el penitenciario”.
“¿Cómo se han seleccionado a los internos? ¿Han sido sometidos a algún tipo de presión?”, se pregunta el letrado, quien opina que este tipo de estudios se podría realizar en cualquier otro lugar “pero no en una prisión”, recordándole en cierta manera al famoso experimento de la cárcel de Stanford, en 1971.
“El carácter voluntario del consentimiento queda vulnerado desde el momento en el que es solicitado por personas en una posición de autoridad y sin que le queden muchas opciones para rechazar, reflexionar o decidir libremente. Y este es el caso que nos ocupa; una persona bajo custodia de la Administración penitenciaria carece del principio más relevante de este consentimiento, cual es la autonomía de ser libre en la adopción de su decisión”, concluye Díaz Quintero.
