El “insuficiente” incremento de sanitarios en Andalucía lastra acuerdos de personal alcanzados a pocas semanas del 19J

Andalucía tiene ahora más sanitarios de los que ha tenido nunca en su sistema público de salud. Aunque el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no da cifras oficiales desde 2019 cuando había poco más de 102.000 profesionales en el primer año del Gobierno del bipartito de PP y Ciudadanos al frente del Ejecutivo regional, hoy en día, según el presidente Moreno Bonilla, la sanidad andaluza cuenta con algo más de 130.000 trabajadores, como aseguró en el primer debate. El problema es que la temporalidad sigue siendo muy alta, con contratos de meses, semanas o incluso días, rondando el 30% según los sindicatos, algo que lastra logros que sí ha podido desarrollar la Junta de Andalucía en este mandato, muy marcado por la pandemia de la Covid-19.

Andalucía se sitúa como la cuarta comunidad autónoma, después de Madrid, Cataluña y Murcia, que menos presupuesto autonómico invierte por habitante con apenas 1.388 euros por andaluz. Una cifra que, teniendo en cuenta que la región cuenta con una población total de 8,4 millones de personas, la coloca en mal lugar en algunas de las clasificaciones sanitarias que ha publicado recientemente la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Por ejemplo, Andalucía es la comunidad en la que más urgencias se atienden con 800,32 casos por cada 1.000 habitantes y la cuarta que menos enfermeros y médicos tiene en la atención primaria con 0,6 y 0,76 por andaluz respectivamente. Además, en la clasificación estatal, la región también es la peor en cuanto al número de médicos en general por habitante con 1,6 (en 2020 estaba en 1,51).

Personal necesario

Este panorama explica por sí solo por qué, como señalan los sindicatos y los profesionales, el incremento de la plantilla del SAS sigue siendo “insuficiente”. En estos tres años y medio de mandato de PP y Cs al frente de la Junta de Andalucía, la sanidad pública ha concedido algunas de las demandas de los profesionales, pero no ha logrado frenar la temporalidad que empeora la calidad de la atención que reciben los andaluces. No obstante, hay que tener en cuenta también que la pandemia de la Covid-19 ha lastrado mucho la gestión sanitaria desde marzo de 2020, pero como ha ocurrido en otros casos, la mesa sectorial se lamenta de que la Consejería de Salud haya dejado pasar la oportunidad de reformar su modelo para reforzar definitivamente la sanidad andaluza, teniendo en cuenta que el coronavirus ha elevado el techo de inversión por encima del 7% del PIB (producto interior bruto), que fue uno de los compromisos electorales del Partido Popular en la campaña de 2018. El Gobierno central inyectó casi 1.000 millones de euros para la sanidad andaluza de fondos Covid en 2020.

Precisamente entonces, los populares se presentaban a los comicios andaluces recordando que durante los gobiernos del PSOE se perdieron 7.773 empleos en la sanidad pública y la tasa de temporales se disparó “por la no convocatoria de Ofertas de Empleo Público desde 2008 a 2012”. No obstante, el PP evitaba recordar que aquel parón en la contratación pública se debió a los recortes del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que frenó el gasto público para hacer frente a la crisis inmobiliaria de 2008. Aunque es cierto que los populares han logrado contratar a más trabajadores que nunca para la sanidad pública desde su llegada a la Junta de Andalucía en 2019 (sin esa tasa reposición), también se ha prescindido de muchos de los refuerzos incorporados para hacer frente a la pandemia de la Covid-19 y que los sindicatos pedían que se quedasen como personal fijo o al menos con vinculaciones más largas.

El despido de 8.000 de estos refuerzos sanitarios el pasado otoño fue noticia porque el PP, además de despedir de una sola vez a más personal del que había echado el PSOE en su etapa, dio por amortizados a unos trabajadores que meses más tarde se ha evidenciado que eran necesarios. Apenas semanas después del despido masivo de estos sanitarios, la Junta de Andalucía se vio obligada a hacer contratos urgentes, a recurrir a médicos jubilados y a ampliar la jornada laboral de los profesionales con el fin de evitar que la atención sanitaria se viese mermada. Sin embargo, para los sindicatos esta actitud de Salud no es más que una forma de actuar a conciencia porque “la Junta busca migrar los servicios públicos a la privada”. De hecho, en marzo se supo que el Gobierno de Andalucía batió su propio récord de derivaciones a la sanidad privada, en parte obligado por la presión asistencial de la pandemia de la Covid-19 y también por la falta de profesionales para atender a la población y no generar largas listas de espera.

Logros al final del mandato

Este problema endémico de la sanidad andaluza al no tener personal suficiente, que arrastra desde hace décadas, ha mejorado, pero no se ha solventado en estos años de mandato de PP y Cs. Un hecho que ha opacado otros avances que sí llevaban tiempo siendo solicitados por parte de los sanitarios y que, con matices, al final han salido adelante. Eso sí, como sostienen fuentes de los sindicatos y los trabajadores, la mayoría de ellos se han logrado en los últimos meses de gobierno, cuando las elecciones autonómicas ya quedaban más próximas. Un aspecto que ha provocado las suspicacias de un sector que no quiere ser moneda de cambio político, sino que se apueste por una mejora real y duradera. De esa forma, afirman, se evitaría que los sanitarios jóvenes acabasen marchándose a otras comunidades autónomas o a la sanidad privada, lo que permitiría que los ciudadanos tuviesen mejor atención médica.

El gran logro de estos últimos meses es el desarrollo de la carrera profesional. Un complemento salarial, que pretende incentivar a los trabajadores a reciclarse y a mejorar sus destrezas profesionales, que se creó a principios de siglo y que disfrutaban únicamente médicos y enfermeros, pero que esperaban más de 60.000 trabajadores del SAS desde hacía más de 15 años. Finalmente, tras muchas tensiones entre los sindicatos y Salud, llegando incluso a manifestarse en la calle y a plantar a la gerencia sanitaria por no atender este asunto, las partes llegaron a un acuerdo en abril que hacía bueno el alcanzado en primer término en julio de 2021. Desde ahora, una vez se desarrolle finalmente este complemento salarial, todos los trabajadores del SAS podrán percibirlo. Eso sí, aún quedan por pulir aspectos que afectan al acceso a esta carrera en función del nivel y la categoría profesional de cada profesional.

Por otro lado, empujados también por la falta de plantilla y ante las carencias que sufre la atención primaria para atender a los ciudadanos, la Consejería de Salud ha puesto en marcha también la continuidad asistencial en los ambulatorios. Como con la carrera profesional, se trataba de otro asunto clave en las reivindicaciones de los trabajadores y los sindicatos desde hacía tiempo. Esta continuidad consiste en que los médicos de la atención primaria puedan trabajar algunas tardes al mes, si lo desean, cobrando un extra por ello. Un plan que ya se hacía en los hospitales y que permite atender a más población. El problema es que esta continuidad asistencial ha nacido con polémica ya que solo permite dos tardes al mes, en lugar de las dos a las semanas que se permite en los hospitales, y tampoco pueden acogerse a ella todos los médicos de primaria, sino solo los de cabecera.

La letra pequeña de los avances

No obstante, en las mesas sectoriales se sigue negociando la letra pequeña de este avance sellado hace apenas unas semanas y que se suma a otros como la mejora en la equiparación salarial con el resto de profesionales del país o la extensión del complemento de exclusividad. Todo ello fueron compromisos electorales del PP en la campaña de 2018 y, con matices, se han logrado alcanzar. En cuanto a la equiparación salarial, los sindicatos reconocen que se ha avanzado “bastante”, especialmente en las categorías A1 y A2 (médicos y enfermeros), aunque en el resto aún no tanto.

Una situación que, en teoría, mejorará cuando se empiece a cobrar la carrera profesional y las categorías que no hayan tenido una subida salarial, aseguran que lo paliarán gracias a este complemento. Y es que, hablando de complementos, el de exclusividad también se ha desarrollado en este mandato, pero tampoco ha llegado a todo el mundo. El mismo estaba pensado para que los médicos que trabajasen solo en la pública cobrasen un plus para evitar que se fueran a la privada, pero el Sindicato Médico llevaba años presionando para que este se extendiese a todos los galenos, independientemente de si trabajaban exclusivamente en el SAS o no. De momento solo disfrutan de él los médicos y la mesa sectorial denuncia que su ampliación hace que muchos de estos profesionales opten por trabajar también en la sanidad privada porque ahora pueden cobrar dicho complemento, mientras que antes solo lo percibían quienes trabajaban solo en la pública.

Finalmente, el PP también ha logrado cumplir con dos de sus compromisos electorales. La absorción de las agencias sanitarias y la eliminación de la subasta de medicamentos. Los dos fueron caballos de batalla contra el PSOE durante los anteriores mandatos socialistas y ambos han salido adelante, también con claroscuros. En el caso de las agencias sanitarias, estas debían haberse absorbido a día 1 de enero de 2022, pero el proceso se ha ralentizado y en servicios como el del 061, sus trabajadores mantienen una situación laboral mejor que los que hacen las mismas funciones, pero en más lugares y durante más tiempo en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP). El tema sigue tan candente que estos trabajadores no han dejado de mostrar sus discrepancias con el SAS en los últimos tiempos.

Pero más allá de este, el fin de la subasta de medicamentos, es el otro asunto que se ha desbloqueado durante el mandato. La premisa de la Junta para hacerlo era que se aumentaba la competitividad entre los laboratorios y se fomentaba la industria farmacéutica en Andalucía, pero desde la mesa sectorial alegan que se ha hecho a cargo de dinero público. Según estas fuentes, la eliminación de la subasta ha costado al erario andaluz entre 400 y 500 millones porque ese es el dinero que estiman que no se ahorra desde que los fármacos no se adquieren por subasta, sino por compra directa. Además, para el sector no hay “evidencias” de que este cambio haya supuesto una mejoría para los ciudadanos. En todo caso, el PP se apuntó con este otro compromiso electoral cumplido. No obstante, la situación de la sanidad pública dista de ser idílica y así lo demuestran los problemas asistenciales que sufren los andaluces a diario.