Hacienda se niega a analizar leyes para un juzgado después de hacer el informe clave del caso ERE
Por encargo de la jueza Mercedes Alaya, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), organismo de control gubernamental dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, elaboró en diciembre de 2013 un profuso informe, ratificado en diversas instancias judiciales a lo largo de la instrucción del caso ERE y que todas las partes consideran pieza clave de la acusación. El organismo desgranó a lo largo de 8.000 folios la regulación de las ayudas sociolaborales y las competencias de Junta y Estado para el otorgamiento de ayudas, citando las leyes de presupuestos, decretos-ley de la Junta como 4/2012 para la protección de extrabajadores, las órdenes ministeriales de 5 de octubre de 1994 y de 5 de abril de 1995, analizando el ámbito de ejecución de la legislación, etc. Ahora, el organismo se desentiende de colaborar con la justicia porque, según advierte, examinar normas y decretos-ley del tipo de los que visó en aquel momento se escapa de sus competencias.
Este pasado 10 de marzo, la subdirectora general de Intervención, Fiscalización y Análisis Jurídico en otras áreas económicas financieras de la IGAE, Mercedes Vega, ha firmado un escrito dirigido al juzgado que investiga la adjudicación de la explotación minera de Aznalcóllar (Sevilla), al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia. En él, la responsable del IGAE concluye que “el análisis de la validez de un conjunto de normas, en especial si se trata de normas con rango de ley, desborda las funciones y competencias de la IGAE”. Todo ello pese a que la Fiscalía, como ha hecho en otra causas como las de los ERE, respaldó a principios de marzo que la IGAE informara sobre la normativa del concurso para analizar las presuntas “arbitrariedades” que denunció la empresa perdedora.
La IGAE, en su escrito, se niega a examinar, principalmente, el Decreto-ley 9/2013 por el cual se articulan los procedimientos necesarios para la reapertura de la mina, exponiendo en profundidad las competencias del organismo que le atribuye la legislación vigente y que le impide, según argumenta ahora, pronunciarse al respecto. Constan en las actuaciones del caso ERE varios escritos, según ha podido comprobar este periódico, donde el equipo pericial designado por la IGAE ahonda en la legislación y, concretamente, la orden de la jueza Alaya estriba en el requerimiento de “examinar concretamente desde la perspectiva de la legalidad...la competencia para el otorgamiento de ayudas”.
Ahora, sobre el caso concreto de Aznalcóllar, “sólo” el citado decreto-ley “puede tener la estricta consideración de norma, y el resto de resoluciones citadas son la plasmación de las distintas fases administrativas que conforman el procedimiento de adjudicación”.
“Profanos en Derecho”, según algunas defensas
Cabe recordar que en aquel largo informe del caso ERE, ratificado en Sevilla febrero de 2015 y luego ante el propio Tribunal Supremo para continuar con el procedimiento contra varios exaltos cargos del Gobierno andaluz, los peritos, los mismos que obviaron las ayudas del Ministerio de Empleo que luego se encargó de retomar la jueza Núñez Bolaños, analizaron todo tipo de normativa laboral y contable para establecer unas conclusiones que han sido consideradas fundamentales en el procedimiento para sostener la acusación. El objeto de investigación de Mercedes Alaya y de la Intervención General de la Administración del Estado siempre fue la legalidad o no de las ayudas, cuestionando de fondo el uso de transferencias de financiación para conceder subvenciones sociolaborales y a empresas.
La instrucción dirigida por Alaya concluyó, con base al informe pericial de la IGAE, que la Junta se inventó un sistema “inadecuado” de gestión de subvenciones, que creó un 'procedimiento específico' por el cual están acusadas decenas de personas, incluidos dos expresidentes andaluces que, supuestamente, lo habrían conocido y permitido. En su escrito de defensa, el propio expresidente Griñán pidió “expulsar” como prueba del juicio el informe de los peritos de la IGAE. Aquel informe, cuyo perito director fue administrador judicial de empresas de la Gürtel como informó este medio, “versa sobre materia estrictamente jurídica” y fue emitido “por profanos en Derecho, por muy funcionarios de la IGAE que sean”, han opinado ya otras defensas.
