La investigación en Tomares complica la candidatura de José Luis Sanz
El PP-A intenta trasladar normalidad en el proceso de designación de su candidato para las próximas elecciones autonómicas pero, a riesgo de que le caduque el “turrón” del que hablaba Mariano Rajoy con el anuncio de que se sabría después de las fechas navideñas, lo cierto es que José Luis Sanz va perdiendo puntos en su condición de favorito. De momento, este jueves ha tenido que renunciar a su idea de estar presente en la reunión de los coordinadores provinciales de cara a las elecciones europeas que se ha celebrado por la mañana en Sevilla. Tenía que estar en el Ayuntamiento de Tomares.
José Luis Sanz es la apuesta del presidente del PP, Juan Ignacio Zoido, pero contra él pesa -además de la oposición de las direcciones provinciales de Málaga y Cádiz- la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla contra el Ayuntamiento de Tomares, del que es alcalde el secretario general de la formación. Esta investigación no es nueva, sino que responde a una denuncia del PA por un supuesto contrato irregular en el anterior mandato, cuando José Luis Sanz ya era alcalde, después de una holgada mayoría absoluta que arrebató el poder a los socialistas dando paso a lo que incluso se llegó a denominar “efecto Tomares” que poco a poco fue contagiando a otros municipios de la populosa comarca del Aljarafe que los populares han ido conquistando. Pero fue el pasado mes de noviembre cuando la fiscalía pidió la imputación de tres ediles, incluido el secretario general del partido en Sevilla Eloy Carmona. De todas maneras, ha sido este jueves cuando se ha reactivado el interés en torno a la misma después de que se haya ordenado desde el juzgado el requisamiento de dos ordenadores del consistorio.
Inicialmente, el retraso en la toma de esta decisión respondía a una estrategia para evitar que el candidato estuviera en la diana de las críticas contra las medidas más duras que iba a adoptar el Gobierno de la Nación -el propio José Luis Sanz lo ha reconocido: “el elegido hubiera sido achicharrado”- pero con el tiempo, y especialmente tras el relevo express llevado a cabo por el PSOE-A, la cuestión se ha enconado más de lo que a los populares les hubiera gustado y en Andalucía son conscientes del perjuicio que les puede ocasionar.
Dentro del propio PP-A hay que confirma que el hecho de que Mariano Rajoy frenara el proceso, después de que hace dos meses Juan Ignacio Zoido diera por hecho que la designación del candidato era “inminente”, responde a un interés por no abrir la veda en Andalucía hasta que estén también concretados los procesos en otras comunidades autónomas con el mismo asunto pendiente. Pero también hay quien sostiene que precisamente esta orden se debió a los recelos manifestados en cierto sector del partido por el curso que podía tomar la investigación en Tomares. Las mismas fuentes explican que elegir a un candidato que tiene el lastre de un caso de este tipo -que aunque no le implique directamente sí lo haría por su responsabilidad como alcalde- supondría servir en bandeja a sus rivales un “argumentario para hacerle frente”, cuando los populares pretenden precisamente usar la corrupción como arma contra el PSOE-A.
Sin embargo, también dentro del PP-A hay quien piensa que el caso no sólo no tocará a su secretario general, sino que podría incluso terminar archivándose, “y quedar en nada”. Insisten en que “no se puede comparar un asunto de este tipo con escándalos” como los que “implican al PSOE-A”. La propia secretaria de Organización del PP-A, Ana María Corredera, ha dicho este jueves que el golpe sobre la mesa de Mariano Rajoy “en absoluto tiene nada que ver” con este proceso, que en la formación asumen con “absoluta normalidad y tranquilidad”. Y también ha insistido en que “no ha sido un registro”.
Reacciones
En este sentido, el Ayuntamiento de Tomares ha emitido un comunicado en el que informa de que el alcalde ha dado orden a todos los funcionarios de que faciliten toda la información que requiera la policía, porque “no hay nada que ocultar. El equipo de gobierno, en su compromiso con la transparencia, no sólo ha colaborado en todo momento con la justicia, a la que siempre le ha dado toda la documentación requerida, sino que también se le ha facilitado a los grupos de la oposición cuando la ha requerido, como consta en el procedimiento”.
Como era de esperar, al PSOE-A y a IU les ha faltado tiempo para sembrar dudas en torno al dirigente de la oposición. La secretaria de Política Municipal del PSOE-A, Rafaela Crespín, le ha exigido “explicaciones públicas inmediatas” y el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, ha deseado que “la justicia llegue hasta el fondo caiga quien caiga”. Es más, preguntado sobre si esto puede afectar a las aspiraciones del regidor de Tomares como candidato, ha dicho: “Es un martillo de herejes y con su martillo se mira en el espejo, y a lo mejor, le entran ganas de romper el cristal, pero que lo decida él”.
En estas circunstancias, en el calendario del PP-A hay de momento dos citas previstas: una junta directiva regional ordinaria, en la que según ha insistido Ana María Corredera no se hablará de la sucesión, sino de las acciones de cara a las elecciones europeas, y la convención nacional de Valladolid de los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero, donde se presentará el programa electoral. Ya se verá, si en medio o después, se da fecha para el congreso en el que hablar de la candidatura. La secretaria de Organización del PP-A se limitaba a decir: “Yo no sé hasta cuándo come la gente turrón”.
