La Policía Nacional mantiene abiertas dos líneas de investigación sobre los presuntos abusos sexuales que han llevado al Arzobispado de Granada a apartar del ejercicio a varios sacerdotes, y trata de esclarecer el grado de implicación de los religiosos denunciados y de posibles cómplices.
Así lo ha manifestado hoy a preguntas de los periodistas en Motril el subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, a raíz de las diligencias de investigación abiertas por el Juzgado de Instrucción 4 de esta ciudad, que investiga a 12 personas en esta causa, sobre la que ha decretado el secreto de sumario.
“Se investiga si (los abusos) afectan solo a los religiosos o hay cualquier otro tipo de personas, bien afectadas o bien que de alguna manera puedan ser cómplices”, ha detallado.
Interrogado sobre si pudiera tratarse de una red de pederastia, el subdelegado ha dicho que no se “atrevería a decir tanto”.
“Simplemente hay unas conductas que se están investigando y a partir de ahí tendremos resultados bastante pronto”, ha señalado el subdelegado del Gobierno, que no ha descartado la posibilidad de que se produzcan detenciones a medida que avance la investigación.
En cualquier caso, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han indicado a Efe que judicialmente no hay previstas detenciones de momento.
El subdelegado ha recordado que la investigación, cuyas diligencias se abrieron este mes, es fruto de una denuncia interpuesta inicialmente ante la Fiscalía Superior de Andalucía.
La denuncia partió de una supuesta víctima de los abusos, un joven de 24 años de fuertes convicciones religiosas, adolescente cuando presuntamente se cometieron, y que ahora ejercería de docente pero fuera de la provincia de Granada, han indicado a Efe fuentes próximas al caso.
El Arzobispado de Granada, que hoy elude hacer cualquier tipo de declaración sobre el asunto, emitió ayer un comunicado en el que informó de que cuando tuvo conocimiento del asunto apartó del ejercicio del ministerio sacerdotal a los “directamente acusados” de los abusos, que se habrían cometido en residencias de la provincia.
Según fuentes próximas al caso, de las 12 personas investigadas serían tres los sacerdotes apartados, y el resto religiosos y seglares.