“Banda de corrupción sanitaria”, “desprecio a la ley”, “apuesta descarada” por lo privado, “corrupción” con todas las letras... Los grupos de izquierda en el Parlamento andaluz (PSOE, Por Andalucía y Adelante) han cargado en bloque con dureza contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP) tras conocer la exclusiva de elDiario.es Andalucía de que en 2021 formalizó con el sector privado contratos a dedo y sin publicidad por valor de 300 millones de euros “sin justificación alguna”. Así lo determinan los interventores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en su informe, en el que dictaminan que la Consejería de Salud hizo un uso “indebido” de estas contrataciones.
Pese a que el Ejecutivo andaluz está intentando pasar de puntillas por la cuestión, justificando su actuación en que era “la única opción” en una situación de pandemia, algo que los propios interventores rebaten, las fuerzas de izquierda han coincidido en denunciar la gravedad de unos hechos que, a su juicio, conectan con la línea de favorecer al sector sanitario privado. Vox, por su parte, ha sido mucho más tibio (asegura que está “estudiando” el documento), mientras que desde el PP se ha descartado que haya corrupción en esta cuestión y se ha retado al resto de partidos a llevar el caso a los tribunales.
El grupo más contundente ha sido Adelante Andalucía, que directamente ha calificado la cuestión como “un escándalo y un caso de corrupción” porque además el Gobierno andaluz “se saltó todas las advertencias” que ya se habían hecho en 2020 en un preinforme de fiscalización. La parlamentaria Maribel Mora ha subrayado que “el 98% de los contratos que se realizaron por parte del SAS con empresas privadas fueron ilegales” tal y como apuntan informes de la Cámara de Cuentas y de la Intervención General.
Asimismo, ha recordado que el Ejecutivo andaluz siguió recurriendo a “un procedimiento excepcional que el Ministerio ya había derogado”, y con esa excepción que se introdujo durante el coronavirus “dar a dedo más de 300 millones de euros a empresas privadas”. “Esto es una barbaridad”, y es que según los interventores “todas las excusas que estaban poniendo para prorrogar estos contratos eran ilegales y no había justificación alguna”. Por ello, ha reclamado evaluar “cuáles son las responsabilidades políticas”, además de las jurídicas, “que las hay”.
Mora ha señalado que con estas conclusiones sobre la mesa “estamos esperando algún tipo de respuesta y de responsabilidad”, para apuntar seguidamente que “no tiene ninguna credibilidad el PP” con sus peticiones de comisiones de investigación y luego se apoye en su mayoría absoluta “para tapar un caso de ilegalidad, en este caso de la Consejería de Salud”. En este punto ha esgrimido el trabajo de su grupo parlamentario con una Proposición no de Ley (PNL) para reclamar la creación de una comisión de investigación y seguidamente expresar su deseo de que “el Partido Popular no siga impidiendo que esto pueda abordarse en el Parlamento y podamos investigarlo”.
Por su parte, la portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Inma Nieto, ha criticado que Juan Manuel Moreno “entregó a dedo” fondos públicos a la sanidad privada “con total desprecio a la legislación vigente” y “a sabiendas” de que “estaba completamente fuera y al margen de la ley desde antes de mediados del año 2021”. A su juicio, ese dinero debería haberse “quedado en el SAS para fortalecerlo, para garantizar que no se siguiera deteriorando y que no siguiera creciendo el aseguramiento privado como única manera de encontrar una respuesta ágil a las dolencias y a los problemas en materia de salud que tiene la población”.
Para Nieto, el proceder de Moreno “es una apuesta descarada por servir a intereses que no tienen nada que ver con el interés general de Andalucía ni con las necesidades de la población y sí todo que ver con los intereses a los que está plegado, en base a los privilegios que no para de ofrecer a quienes más tienen”. Las empresas privadas de salud se hacen “de oro gracias a esa estrategia de debilitamiento del SAS que está capitaneando Moreno”.
La Intervención Central del SAS, en un informe definitivo “desfavorable” sobre el control de los contratos de emergencia de 2021, censura a la Junta por abusar de las adjudicaciones a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva para obras, servicios y compra de suministros a empresas ligadas al sector sanitario: 3.669 expedientes que movilizaron aquel año 296,3 millones de euros. La muestra que analizan los auditores es sobre 126 expedientes, con un presupuesto de 56,6 millones, el 19% del total.
El órgano fiscalizador reprocha a la Junta el uso “indebido” de este tipo de contratos de emergencia un año después del impacto de la crisis sanitaria, remarca que tal decisión no tiene “justificación alguna” porque, en mayo de 2021, “la pandemia ya estaba muy atemperada”, y porque era más “previsible” que en 2020, por tanto, “ya deberían haberse contratado con arreglo a la tramitación ordinaria”. Pero, sobre todo, porque a esas alturas la contratación de emergencia no tenía el mismo anclaje legal que en 2020, puesto que la legislación excepcional que habilitó el Gobierno central en lo peor de la pandemia para agilizar la respuesta de las administraciones a la crisis sanitaria había sido derogada en mayo de 2021.
Desde el PSOE, su portavoz parlamentaria, Ángeles Férriz, ha considerado que la información avanzada por elDiario.es Andalucía confirma que el de Moreno “más que un gobierno es una banda de corrupción sanitaria para beneficiar a ellos y a sus amigos”. “Queremos saber los beneficiarios, los amigos de Juanma Moreno, esos amigos que no lloran, facturan”, entre los que ha aludido “al novio de Ayuso”, además de otras cuestiones sobre “si la empresa donde trabaja la mujer del presidente ha triplicado sus ingresos”, así como los exaltos cargos sanitarios del Gobierno andaluz que hayan podido fichar por empresas del sector tras su paso por la Administración autonómica.
La duda de la portavoz parlamentaria socialista es saber si el presidente de la Junta “ha beneficiado a sus amigos y ha perjudicado a otras tantas empresas para acceder a esos contratos”, por cuanto ha blandido la premisa de si es “un requisito” para acceder a esos contratos “ser amiguete de Juanma Moreno”. “Queremos saber la fecha de adjudicación de contratos, la cuantía” con la idea de que la contratación de emergencia de la Junta supone “un escándalo que vienen a ratificar la Intervención General y la Cámara de Cuentas”.
Ferriz ha lamentado “la falta de transparencia y la opacidad” que ha exhibido el Gobierno andaluz sobre la contratación de emergencia, ante lo que el PSOE ha solicitado la creación de dos comisiones de investigación, tanto en la legislatura pasada como en ésta, “vetadas por el PP”. “Ahora sabemos por qué se negaba” a ese ejercicio al argumentar que mientras “deterioraban la sanidad pública estaban regando de millones a la sanidad privada sin fiscalización con contratos a dedos”.
Férriz ha blandido que esa denuncia socialista tiene ahora el respaldo de sendos informes de la Cámara de Cuentas y de otros 11 informes de la Intervención General de la Junta, el organismo interno de fiscalización autonómica. “Esas contrataciones se justificaban en una emergencia que no existía, han contratado a quienes les ha dado la gana”, ha proclamado, que ha instado al Gobierno andaluz a “hacer públicos los 11 informes de la Intervención que le tira de las orejas y dice que han contratado irregularmente hasta 300 millones”.
Tras poner de manifiesto que “son funcionarios de la Junta de Andalucía” quienes hacen ese trabajo de advertencia, Férriz ha señalado que esa práctica de contratación es “corrupción sanitaria con todas las letras que se justifica con una pandemia”. “En Andalucía han seguido contratando irregularmente, año tras año, con chanchullos de todos los colores, con contratos divididos para que no se notara”, a lo que ha unido el reproche a la portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, por defender que se actuó así “para salvar vidas”.
“No paran de quitar dinero de la publica para la sanidad privada”, se ha lamentado la portavoz del Grupo Socialista, quien ha hablado de “escándalo y vergüenza”, convencida de que tras la gestión del Gobierno andaluz “lo que han hecho es jugar con la vida de los andaluces”, por cuanto “han desmantelado la gran joya” de la sanidad pública.
Cuestionada por las afirmaciones sobre el crecimiento de los ingresos de la empresa en que trabaja la mujer del presidente de la Junta, Férriz se ha remitido al hecho de que “en Andalucía se ha triplicado el gasto farmacéutico” y se da la circunstancia que “la mujer del presidente trabaja en una farmacéutica”, que sería beneficiaria indirectamente de ese aumento de la facturación del sector.
Vox no ha querido hacer demasiada sangre de la cuestión, alegando que están “estudiando” el informe y que pedirán que el Gobierno de Moreno “asuma su responsabilidad” si procede. El PP, por su parte, ha advertido a la oposición de que no encontrará “ningún caso de corrupción” en el asunto de estos contratos de emergencia, por lo que ha invitado a acudir a los tribunales si considera que debe denunciarlo.
El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha insistido en que “todos los contratos se hicieron siguiendo los informes jurídicos” y que la transparencia ha sido “total”: “Se ha expuesto cada contrato en el portal de contratación pública de la Junta de Andalucía”. Ha añadido se han atendido todas las indicaciones que han ido llegando desde la Intervención General de la Junta, pero parece que al PSOE-A “no vale nada de esto” y sigue insistiendo en que “esto es un caso de corrupción de proporciones bíblicas”.
Sin embargo, el trabajo de los auditores recoge también el informe del “grado cumplimiento de las recomendaciones” que la Intervención remitió a la dirección gerente del SAS en un informe previo, correspondiente a los contratos de emergencia de 2020, y concluye que ninguna de esas medidas para corregir deficiencias en la gestión había sido implantada.
“No hay ningún caso de corrupción y como no lo hay, yo les animaría a que vayan a los tribunales porque llevan un año y medio amagando con que se van a ir”, ha indicado Toni Martín, para quien el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, no es que tenga el derecho, sino que tiene “la obligación de acudir a los tribunales si considera que existen ilegalidades”.
En cuanto a datos, el portavoz popular ha manifestado que las contrataciones de emergencia en los años 2020 y 2021, con motivo de la pandemia, se dispararon, porque lo requería la situación, hasta un 26,56% de la contratación pública y un 11,17%, respectivamente, mientras que “cayeron” en los dos años posteriores. Sin embargo, según ha apuntado, en el año 2018, con un gobierno del PSOE-A, los contratos de emergencia supusieron el 6,6% de la contratación pública, “siete veces más de lo que supusieron en el año 2023”.
Sobre la petición del PSOE-A de crear una comisión de investigación en el Parlamento sobre este asunto, Toni Martín ha expuesto que la única comisión que hay actualmente es la de la Faffe por un caso que está siendo objeto de “actuaciones judiciales fruto de las cuales hay señores que están condenados por fundirse el dinero de los parados andaluces en fiestas, en prostitución, etcétera”.
“Que yo sepa, en los contratos de emergencia no existe ninguna actuación judicial de ningún tipo”, ha indicado Martín, quien ha insistido en animar al PSOE-A a que si está convencido de alguna “ilegalidad”, dé el paso de acudir a los tribunales y deje de “amagar”. En su opinión, la sensación común que genera el PSOE-A con su actitud “es que todo lo que está diciendo es, sencillamente, una gran mentira”.
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