El área de servicios jurídicos del Ayuntamiento de Jaén se ha levantado contra el concejal que la controla, Vicente Oya. Según adelanta la Cadena Ser y ha podido confirmar este medio, los abogados, que ejercen las funciones de asesoramiento e intervención judicial del Consistorio, han elevado un escrito al alcalde de la ciudad, Agustín González (PP), solicitando la retirada de Oya como responsable del área. Denuncian que el edil, que es abogado de profesión y decano emérito del colegio de letrados de Jaén, está “interfiriendo” y manteniendo una actitud de “acoso y deslealtad” contra estos trabajadores municipales. Por su parte, el edil señalado se defiende diciendo que se limita a “controlar” y “poner orden”.
En este asunto confluyen varios factores que explican por qué el área jurídica del Ayuntamiento de Jaén es ahora mismo un polvorín. Hace tan sólo unos días, uno de los siete miembros de la misma fue trasladado de departamento, dejando de pertenecer al mismo. Algo que para el servicio es un problema porque ya tenían problemas de falta de personal, según confirman a elDiario.es Andalucía. Pero no sólo eso, sino que esta reubicación del trabajador ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los letrados consistoriales.
Si bien el nuevo equipo de Gobierno, fruto del bipartito entre el Partido Popular y Jaén Merece Más, lleva apenas medio año en el cargo, ya ha transcurrido tiempo suficiente para que desde los servicios jurídicos pidan al alcalde González que Vicente Oya deje de ser el responsable del área. Aunque Oya tiene atribuidas las competencias de Turismo, Urbanismo y Bienestar Social, entre sus funciones también está el control del gabinete judicial del Consistorio. Algo que es “una novedad en democracia porque los servicios jurídicos nunca han tenido a un edil que los controlara ya que son servicios tan generales como lo puede ser la secretaria”, señalan los letrados del Ayuntamiento de Jaén.
Esta “anomalía”, a juicio de los abogados, se explica porque el PP quiere “frenar procesos judiciales que están en marcha”. De hecho, Luis Hernández, el principal letrado del Consistorio, mantiene una relación complicada con los populares al haber sido abogado en diferentes causas que afectaban de forma directa o indirecta a los intereses del PP de Jaén. Sin ir más lejos, fue el abogado que representó al Ayuntamiento en casos como Matinsreg, por el que un exconcejal del PP, Manuel del Moral, ha acabado en prisión, o el de Autobuses Castillo, la concesionaria que operaba el servicio de transporte urbano sin tener ningún contrato. Por ello, Hernández se siente señalado por el actual equipo de Gobierno.
Según fuentes del servicio jurídico “desde que este equipo de Gobierno ha empezado a trabajar, se ha intentado interferir en el trabajo de los letrados, parando casos judiciales importantes para la ciudad”. Entre ellos, señalan el de Aqualia, la empresa concesionaria del suministro de agua en Jaén. En septiembre, el Ejecutivo local llegó a un acuerdo con esta empresa para dejar de reclamarle los 63 millones de euros que el bipartito de PSOE y Cs reclamaba desde el anterior mandato al apreciar “irregularidades” en la gestión de Aqualia por las que llevó a la entidad a juicio. Un proceso judicial que fue detenido en septiembre tras dicho acuerdo.
Para los letrados del Ayuntamiento de Jaén es “evidente” que se están produciendo “injerencias” del concejal Vicente Oya en sus labores como abogados consistoriales. “El propio edil nos dijo que se estaban elaborando dosieres sobre cada uno de nosotros, lo que nos parece una amenaza a nuestro trabajo”, se quejan los afectados. Para estos, se trata de una actitud de puro “acoso laboral” que ha dado como resultado la reubicación de uno de los letrados en otra área, pese a que este trabajador había solicitado judicialmente que se le reconociese su puesto.
Los abogados sospechan que el nuevo equipo de Gobierno busca “acabar con los servicios jurídicos para poder contratar a un bufete externo afín a sus intereses”. Por ello, insisten en su reclamación a la Alcaldía para que cese de las funciones jurídicas a Oya. Un edil que, además, es precisamente abogado y decano emérito del colegio de letrados de Jaén. De momento, no han tenido suerte puesto que el alcalde, Agustín González, no ha atendido ninguna de sus peticiones para reunirse. “Nos han puesto excusas o no nos han contestado cada vez que hemos intentado mantener un diálogo sobre el tema con él”, señalan desde el gabinete jurídico.
El PSOE, principal partido de la oposición y el que ostentaba la Alcaldía hasta mayo contando con este servicio jurídico, ampara la gestión de los letrados y considera que la actuación del concejal Oya “compromete mucho el trabajo del área de asesoría jurídica, la defensa de los intereses municipales y que ha sido tomada atendiendo a criterios ajenos al buen funcionamiento de la misma”. Para los socialistas, el escrito elevado por los abogados tiene una “especial gravedad” por los hechos que se denuncian.
Por su parte, el concejal señalado defiende su actuación. “En este tema y por el momento, lo único que puedo decir es que como responsable del servicio mi obligación es pedir al mismo toda la información que entienda necesaria para conocer su funcionamiento. Lo que no significa, ni mucho menos, que ponga en duda la profesionalidad de los letrados de ese servicio y que en modo alguno (no es mi estilo) he imputado la comisión de ningún tipo de delito a esos letrados (prevaricación), ni he impuesto la firma de ningún escrito, pues en todo caso ello es responsabilidad de lo que firman al ser los directores de los procedimientos”, ha esgrimido.
Asimismo, Vicente Oya ha manifestado que cree que “se confunde control con acoso y que, personalmente, lo único que estoy haciendo es poner orden en la asesoría jurídica y que ellos sean conscientes de que existen unos procedimientos que obligatoriamente han de respetar como el resto de trabajadores del Ayuntamiento”. Palabras de las que se deduce que el edil no piensa renunciar a sus funciones, por lo que a los letrados les queda esperar a reunirse con el alcalde o que este decida destituir a Oya como responsable de los abogados municipales, tal y como han solicitado ellos mismos.
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