El pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una proposición no de ley (PNL) del PSOE en defensa de la jornada laboral de las 35 horas para los empleados públicos, en la que principalmente se insta a la Junta de Andalucía que reclame que el Gobierno de la Nación pida el levantamiento de la suspensión cautelar declarada por el Tribunal Constitucional (TC).
La PNL ha contado con el total respaldo de los proponentes e IU, mientras que el resto de grupos (PP, Podemos y C's) se han abstenido en algunos puntos y no han evitado acusar a los socialistas de buscar la “confrontación” con este tema. El PSOE pretendía con esta PNL forzar a los populares a posicionarse nuevamente con la medida después de que el decreto por el que se instauraron en 2016 fuera convalidado por el Parlamento de Andalucía sin votos en contra, dado que PP y C's se abstuvieron y PSOE, Podemos e IU votaron a favor.
En la misma PNL se pide también que se inste a que el Gobierno de España incluya en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 la posibilidad de que las distintas administraciones puedan ejercer sus competencias de organización para regular la jornada laboral, dado que se trata de una demanda de las autonomías, pero también de los consistorios. Esta parte la han compartido los populares porque de hecho les consta que el ministerio encabezado por Cristóbal Montoro trabaja sobre esos cálculos.
De hecho, en las negociaciones entre las dos administraciones para desbloquear el tema está sobre la mesa la intención del Gobierno de España de restituir este derecho, pero no quiere que sea por iniciativa de la Junta de Andalucía, que en cualquier caso no ha sido la primera autonomía dado que previamente lo aprobaron Castilla la Mancha, e igualmente acabó en el TC, y Euskadi, en su caso en el Tribunal Supremo (TS) y pendiente de resolución.
De este modo, su diputado Pablo Venzal ha comentado que el PP va a ser “el primero” que, si la la devolución de las 35 horas “no se arregla en los PGE de 2018 o vía ley”, se lo “demandará” a Mariano Rajoy. Ha dicho que todos “coinciden” en querer “lo mejor para los andaluces” pero ha matizado que hay que “respetar la división de poderes” y las sentencias.
En vigor mientras hay alegaciones
Cabe recordar que el decreto que fue suspendido de forma cautelar por el TC tras el recurso que presentó el Gobierno de España. La decisión del alto tribunal fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 30 de julio por lo que, considerando que agosto es inhábil, y hay 15 días para alegaciones, más posible prórroga, todavía están en vigor en Andalucía.
En cualquier caso, la prórroga concluye a finales de septiembre y si no hay acuerdo para levantar la suspensión cautelar, los empleados públicos de Andalucía deberán volver a las 37,5 horas, que fueron implantadas nuevamente por el Gobierno de España en 2012, para propiciar el ahorro en personal en los peores momentos de la crisis y acabando con ello con un derecho conquistado en 1999.