El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, comparecerá en el Parlamento de Andalucía para informar de la política en materia del pago de la defensa de los imputados en el caso ERE, que investiga posibles expedientes de regulación empleo irregulares de la Junta de Andalucía, por parte de la Agencia de Innovación y Desarrollo Andaluz (IDEA). Esta comparecencia se producirá después de la polémica originada por la decisión -luego rechazada- de pagar con dinero público la defensa de los miembros de IDEA que resultaran imputados mientras se resolvía el litigio que esta mantiene en los tribunales con las empresas de seguros a la que reclama que se encarguen de este gasto.
El portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha dicho este martes que la comparecencia se producirá “a petición propia”, si bien cabe recordar que el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, confirmaba este lunes que su grupo parlamentario la había pedido para saber quién era el “responsable político” de pedir la convocatoria “extraordinaria y urgente” del Consejo Rector de IDEA para que se aprobara, a pesar de la negativa de IU, pagar la defensa de imputados de la cúpula de la agencia, una propuesta que fue descartada finalmente.
En los últimos días IU ha defendido que obligó a sus socios del PSOE-A a renunciar a este pago. Mientras, desde la dirección del PSOE-A han defendido que “nunca” se propuso pagar con dinero público la defensa de los imputados, sino en todo caso garantizar un anticipo del coste de la misma mientras se resuelve el litigio con las aseguradoras, cosa a la que se renunció porque podría no haber sido bien entendida de cara a la opinión pública. Es más, desde el PSOE-A han afeado a IU que diera a conocer un debate que se había producido en el seno del comité de enlace y en el que se había llegado a un pacto tras la discusión del asunto “dentro de la normalidad”.
Miguel Ángel Vázquez, ha insistido en que era una decisión ya tomada la de no pagar con dinero público este servicio, cuando se le ha preguntado por la presión de IU sobre el PSOE-A en este tema. Ha recordado que “el problema de fondo es la negativa de las aseguradoras a hacer frente a la obligación que tienen desde 1993”, que es desde cuando IDEA les está pagando las pólizas. “No hay ningún directivo de IDEA qeu haya recibido dinero público para su defensa en el caso ERE”, ha concluido.
Sin embargo, Antonio Maíllo ha insistido en rentabilizar el papel de su formación en esta decisión: “No nos gusta el planteamiento, la dirección y la gestión de IDEA y queremos que se responda políticamente y se pongan encima de la mesa a los responsables de decisiones que, en modo alguno, se ajustan a lo que significa el gobierno en el que está IU”. De hecho, no descarta pedir dimisiones si las explicaciones que recibe no son satisfactorias sobre una medida “muy desafortunada”.