Los jueces de Sevilla no se han querido subir al carro de sus colegas de Toledo o Bilbao a la hora de suspender los procedimientos de ejecución hipotecaria en los que no se haya celebrado subasta, paso previo al desahucio. Han decidido abordar “caso por caso” los supuestos en los que esté previsto el lanzamiento pero su intervención tendrá que estar precedido de una “petición de la parte”, según el acuerdo “de mínimos” alcanzado. Es decir, no actuarán de oficio. Afirman que van a esperar al contenido definitivo de la reforma de la ley hipotecaria española antes de abordar conjuntamente algún tipo de acción, si es que así lo estiman. Pero no ahora. Desde el 'reino de taifas' que es cada juzgado, su titular valorará “qué trámite seguir” en ejecuciones de vivienda habitual.
Coincidían en el tiempo en Sevilla la presentación de estadísticas judiciales de la Audiencia Provincial y una junta de jueces de Primera Instancia para trata de unificar criterios respecto a los desahucios. Pero los más de 8.000 lanzamientos registrados en Andalucía durante 2012, según datos del TSJA, no han tenido correspondencia en medida excepcional alguna por parte de la judicatura sevillana. El juez decano, Francisco Guerrero, ha informado que en ese análisis “caso por caso” observarán si existen “cláusulas abusivas” que motiven el desalojo. En la reunión de los 22 titulares de Primera Instancia, según Guerrero, se han adoptado “distintas posturas”, ha existido “diversidad de opiniones” y no se ha acordado “unificación de criterios”, como era el objetivo previo del encuentro.
Además de analizar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dictaminó el pasado 14 de marzo que la legislación nacional vigente no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas, en el orden del día de la junta de jueces de Sevilla también estaba el reciente decreto-ley sobre la función social de la vivienda, ya en vigor. Sobre este punto “simplemente” han “debatido”, han “intercambiado opiniones”, pero tampoco han tomado ninguna decisión. “Aún no hay casos”, ha argumentado el juez decano, quien asegura que “cuando se den los supuestos, se valorarán”.
No hace mucho, la semana pasada, el presidente de los jueces en Andalucía, Lorenzo del Río, abogaba por que los jueces lleguen a un “consenso” para dar soluciones “igualitarias” a casos de personas afectadas por desahucios. Así, anunciaba el dirigente del TSJA que los jueces están “reflexionando” al respecto y que en diferentes provincias ya se están celebrando reuniones (como la de Sevilla) ante la “importancia” de llegar a acuerdos en relación a este asunto, aunque cada magistrado pueda ser “independiente” a la hora de dictar su resolución.
Parece que los jueces de Primera Instancia del partido judicial sevillano se han acogido a dicha independencia, al menos hasta que se aprueba la reforma de la ley hipotecaria. No se muestra de acuerdo con tal decisión el representante de la Asociación de Abogados Independientes de Sevilla (Adais), José Manuel Carrión, que había pedido que se suspendieran todos los procedimientos de ejecución hipotecaria y desahucios por falta de pago, atendiendo a que otras circunscripciones lo están acordando.
Carrión ha lamentado al conocer el resultado de la reunión de los jueces que “se podría hacer algo más” y adoptar alguna medida “para la tranquilidad de las personas” que se puedan estar viendo afectadas por este tipo de lanzamientos. Dicha Asociación remitio este martes al decano un escrito en el que solicitaban que se paralicen los procedimientos en el momento concreto en el que se vaya a producir la ejecución del desahucio, o bien que se habilite un trámite con un plazo de 20 días hábiles que permita escuchar a los deudores para que estos expliquen si sus hipotecas incluyen cláusulas abusivas.
Adais solicita que se incluyan por todos los juzgados y en todas las comunicaciones judiciales iniciales de los procedimientos de ejecución la posibilidad de recurrir a la asistencia jurídica gratuita, lo que les permite obtener el nombramiento de procurador y abogado de oficio para el ejecutado.